Javier Mendoza Rojas

Agudiza el gobierno la brecha entre universidades

JOSE GALAN

Las políticas públicas de modernización del Sistema Nacional de Educación Superior Pública agudizan la inequidad y la segmentación entre universidades consolidadas y con recursos, y las universidades débiles y con condiciones desventajosas, afirma el investigador en educación, Javier Mendoza Rojas, quien considera que una política de Estado debe rebasar las actuales posturas gubernamentales en el corto plazo. Para ello se requiere, dice, de la promulgación de una ley de educación superior.

En su libro Transición de la educación superior contemporánea en México: de la planeación al Estado evaluador, el investigador considera que el gobierno, bajo nuevas formas de operación que apuntalen el federalismo, deberá reconocer el papel prioritario y estratégico que cumple la instrucción superior en el desarrollo del país.

Sobre todo, que las instituciones de educación superior -particularmente las universidades públicas- deben gozar de una amplia esfera de decisión sobre sus formas de organización y el manejo de los asuntos académicos.

Trascender los sexenios

Publicado por el Centro de Estudios Sobre la Universidad, de la UNAM, el libro sostiene que deberá definirse, en referencia a la Ley de Educación Superior, un marco normativo nacional que otorgue seguridad y continuidad a los proyectos académicos, sobre la base de "reglas del juego" que trasciendan los periodos sexenales.

"Una política de Estado de apoyo a la educación superior debe rebasar las estrategias gubernamentales en el corto plazo", añade el investigador. "Para ello, habrá de promulgarse una ley que regule los aspectos generales del funcionamiento de esa instrucción en el país, la estructura del sistema, los derechos y las obligaciones de las instituciones y de los gobiernos estatales y federal, así como las atribuciones de organismos intermedios".

En el libro, Mendoza Rojas se muestra convencido de que no es conveniente seguir transitando por procesos de planeación burocráticos y centralizados; continuar por la senda de los mecanismos de planeación establecidos ni hacer girar las decisiones en materia de política educativa en los gobiernos que tienen una duración sexenal.

Considera que en la educación superior resulta ineficaz una autoridad que desde el centro propone transformar los procesos educativos. "Si deseamos un mejoramiento sustantivo no es posible continuar proponiendo soluciones operativas comunes a los problemas generados por demandas múltiples y valores conflictivos existentes en las instituciones, que hacen vano todo intento de consenso generalizado", añade.

Por ello, advierte que en los futuros planes y programas habrá que superar la simplificación que, desde una visión nacional, se hace de la compleja vida cotidiana de las instituciones de educación superior, así como reconocer que el cambio gradual, cotidiano y acumulativo no planeado en las universidades, la mayor parte de las veces es más eficaz y duradero que el cambio producido por planes formulados desde las instancias gubernamentales centrales.