Presiones para que accedan a que se realicen peritajes

Campesinos de Acuexcomac acusan a juez de desacatar la Ley de Amparo

RENE RAMON ALVARADO Y JAVIER SALINAS

El cuerpo jurídico del ejido de Acuexcomac, en San Salvador Atenco, estado de México, acusó al juez sexto de distrito, José Antonio Castillo, de actuar de mala fe y de negarse a acatar lo que indica la Ley de Amparo, "presionando a los campesinos" para que permitan a la procuraduría de justicia mexiquense realizar peritajes, cuando existe una solicitud de desistimiento de esta prueba.

Antonio Altamirano, titular de la defensa legal de los integrantes del núcleo agrario de Acuexcomac, se presentó con los campesinos a las instalaciones de este juzgado, con sede en Nezahualcóyotl, donde interpusieron un nuevo recurso de desistimiento.

Recordó que el pasado domingo 24 de marzo los campesinos impidieron a peritos en agronomía y valuación de bienes llevar a cabo la inspección ocular y determinar la productividad de sus parcelas y las propiedades que existen en éstas, pues presentaron el recurso para no aceptar dichas pruebas. "No queremos mejor precio por nuestra tierra, lo que deseamos es que se suspenda el decreto expropiatorio", añadió Gerardo González, presidente del comisariado ejidal.

Por su parte, María Elena Hernández, secretaria general del ejido de Acuexcomac, aseguró que al visitar los juzgados se encontraron con funcionarios de la procuraduría estatal adscritos al área de servicios periciales, quienes notificaban al juez José Antonio Castillo de las complicaciones que impidieron recabar las pruebas que se pretenden presentar en la audiencia constitucional que se llevará a cabo el próximo 24 de abril.

Según el abogado defensor de los campesinos, el juez le respondió a los funcionarios de la procuraduría: "no importa, porque esas pruebas se van a recabar de oficio", y no es que nosotros queramos, porque el propio juez les dijo a los empleados de la procuraduría que las va a recabar y que va a obligar al comisariado ejidal a que cumpla para que se desahoguen esas pruebas.

"El juez está actuando de mala fe, porque es él quien insiste en realizar el peritaje", indicó Antonio Altamirano.

El representante legal de los campesinos que interpusieron la demanda de amparo 1102/2001 contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aceptó que el seguimiento de oficio es legal, pero aclaró que la Ley de Amparo, en el artículo 225 también indica que las pruebas de oficio se recabarán "siempre y cuando beneficie a los ejidatarios o comuneros".