Gilberto López y Rivas

Veracruz: atentado a la memoria

Amparados en la oscuridad de la madrugada del pasado domingo 20 de enero, trabajadores de obras de la alcaldía del puerto de Veracruz retiraron sigilosamente un obelisco dedicado a los marinos mercantes y militares "que ofrendaron su vida al mar". La municipalidad también destruyó el monumento erigido en honor a las cuatro defensas heroicas del puerto y removieron el del general Heriberto Jara.

Estas acciones reprobables, ordenadas por el panista José Ramón Gutiérrez de Velasco, presidente municipal porteño, se llevaron a cabo sin consultar a la ciudadanía y en contra de las opiniones y manifestaciones públicas de sindicatos de marinos, así como de varias organizaciones y personalidades de la sociedad civil del puerto, mismas que han sufrido una campaña de desprestigio en su contra con argumentos de supuestos acarreos, filiaciones partidistas y "protagonismos" que, según el alcalde, han "politizado" el asunto.

Tiempo después, el pasado 14 de marzo, unos buzos descubren lo que pudiera ser parte del Obelisco a los Marinos en el fondo de las aguas de la bahía, cubierto de sacos de arena y amarrado, a la manera de las ejecuciones de la mafia, ante lo cual la alcaldía responde contradictoriamente: por un lado niega que tiró el memorial al mar, afirmando que el monumento había sido demolido y sus restos llevados como escombro a otra zona de la ciudad; por el otro, la titular de la Dirección Jurídica municipal, Santa Martínez Lamed, llega al extremo de insinuar que los propios marinos fueron quienes lo demolieron.

La razón para justificar esta turbia desaparición de un bien público es que el obelisco estaba "fuera de contexto con la modernización de la zona del malecón." Asimismo, el secretario de Desarrollo Urbano del mismo ayuntamiento, Carlos Ramírez Duarte, y el propio edil aseguran que su gobierno planea también "reubicar" el hemiciclo dedicado a quienes resistieron a los invasores estadunidenses el 21 de abril de 1914, aduciendo que su "objetivo es lograr un Veracruz más bello," mientras el alcalde planteó el 6 de febrero remover la Plaza de la República "para crear un acceso más ágil a la zona norte de la ciudad".

Oportunamente (6 de febrero), la Armada de México manifestó su rechazo a la reubicación del monumento a los Azueta a través del comandante de la tercera zona naval, el vicealmirante Santos Humberto Gómez Leyva, quien argumentó acertadamente que es patrimonio "histórico que aloja los restos de nuestros héroes de 1914, cuando se dio una de las defensas del puerto."

Asimismo, la Administración Portuaria Integral (API) anunció hace unos días que iniciará una investigación acerca de los restos descubiertos por buzos en la bahía veracruzana. Su titular, Raúl Rodríguez Cánovas, declaró que su dependencia y la capitanía de puerto deben investigar para determinar qué procedimiento legal procedería, en caso de que los restos correspondieran al multicitado obelisco, por los daños que esta acción pudiera provocar a las embarcaciones.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz criticó la remoción de monumentos, destacando que hay obras más importantes que hacer en vez de andar demoliendo esculturas, mientras el alcalde se defendía de la demanda de los marinos contra el ayuntamiento amparándose en que la destrucción del obelisco se sustentó en un estudio del Colegio de Arquitectos.

En las mismas fechas, los medios de comunicación daban a conocer que este presidente municipal, su equipo de gobierno, su partido y algunos de sus legisladores, afanosos destructores y reubicadores de monumentos, obeliscos y plazas, todos ellos relacionados con la memoria histórica de nuestro pueblo y con las luchas de resistencia contra los invasores extranjeros, habían entrado, entusiasmados, en un febril proceso para la construcción de un monumento de 3 millones y medio de pesos dedicado al dictador Porfirio Díaz, pretendiéndolo ubicar nada menos que en el lugar principal del paseo del malecón de nuestro puerto.

Fue tal el escándalo y la resistencia de partidos y organizaciones civiles hacia semejante proyecto que debieron dar marcha atrás en su intento restaurador de uno de los símbolos latinoamericanos más sangrientos de lo que ha sido una prolongada dictadura personal, imponiéndonos de todas formas la famosa estatua del militar oaxaqueño -si la sociedad civil veracruzana no dispone otra cosa- en lo que será un museo marítimo que se abrirá frente a la terminal ferroviaria. Sergio Pitol y Enrique Florescano coincidieron en señalar: "Si las celdas de San Juan de Ulúa hablaran, nos darían cuenta de tanto homicidio que hubo por órdenes del dictador."

El atentado contra la memoria de nuestra identidad y nuestra historia, perpetrado por los panistas veracruzanos en este primer trimestre del año, debe ser analizado en el contexto nacional de lo ocurrido en Monterrey, donde los mexicanos observamos, avergonzados, la subordinación de un Presidente y su canciller a Estados Unidos. Perder toda referencia histórica a las luchas libertarias y antimperialistas, lograr la amnesia identitaria de una nación en aras de pretendidas modernizaciones y globalizaciones es la renuncia virtual a la soberanía y a la autodeterminación.