Salvo AN, bancadas impugnan suspensión de gravamen

Recurso de la Cámara contra Fox por el caso de la fructosa

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

Con el voto en contra del PAN, la Cámara de Diputados aprobó ayer interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para determinar si el Poder Ejecutivo federal violó la Carta Magna con el decreto publicado el pasado 5 de marzo, por el que suspende de manera temporal el cobro de un impuesto a los productos que no utilicen como edulcorante el azúcar de caña, gravamen que aprobaron los diputados previo acuerdo con la Secretaría de Hacienda en diciembre pasado.

De acuerdo con los legisladores que avalaron esta determinación, el Presidente de la República invadió la esfera de competencia del Poder Legislativo al emitir dicho decreto. Sin embargo, para los panistas el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación faculta al Ejecutivo.

Los argumentos

Sergio Vaca Betancourt, diputado del PAN por Veracruz, fue más específico: "En respuesta a los que arguyen que la Constitución no permite que el Presidente suspenda temporalmente la aplicación de algún impuesto, les recomiendo respetuosamente que lean el artículo 131 de nuestra Carta Magna, que se ve que ni por la punta de la nariz les ha pasado, y en su segundo párrafo establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas, o sea los impuestos, de exportación e importación expedidas por el propio Congreso".

Amador Rodríguez Lozano, ex priísta, sostuvo que es viable impugnar políticamente el acto del Presidente: "Fue una descortesía política para esta Cámara que, con gran esfuerzo y sacrificio político, le aprobó un presupuesto para cubrir las necesidades del ejercicio público, y aun así no estuvo acorde con las circunstancias. Pero eso no significa que el ejercicio de esa función sea ilegal. La facultad ahí está reflejada. Ha habido muchos casos más de ese ejercicio por distintos presidentes de la República", dijo.

Este tema abrió un intenso debate en el que cada fracción fijó su posición. Los priístas, en voz de José Elías Romero Apis, advirtieron que el artículo 39 del Código Fiscal confiere una facultad al Presidente para utilizarla en ciertos extremos, "que en la especie es evidente que no se han dado", ya que se refieren a una situación en la que se está afectando o con la finalidad de proteger la afectación posible a una rama de la economía, a una zona del país o a un determinado sector, lo que aparentemente motivó al Ejecutivo.

"La motivación", llaman los juristas, no se ajusta al texto de lo dispuesto por el 39 y, por lo tanto, contraviene constitucionalmente lo señalado por la fracción I del 89 al hacer que el Ejecutivo se aparte de la exacta observancia de las leyes a la que está obligado, independientemente de cualquier atropello al 49 constitucional, en el que mediante este acto pareciera que se están reuniendo dos poderes: el Legislativo en el Ejecutivo, "al tratarse de un acto de éste abiertamente derogatorio de una disposición congresional, puesto que no lo sujeta a límites de temporalidad, de espacialidad ni personales, como es el espíritu y el texto del 39, constitucional o no, del Código Fiscal de la Federación", apuntó.

La perredista Miroslava García Suárez, a su vez, expresó su agradecimiento a todas las fracciones que apoyaron la proposición que presentó meses atrás y agregó que todas las bancadas consideran una necesidad el poder llevar este recurso de controversia a la Suprema Corte.

"Por lo tanto inicio esta intervención solicitándole al PAN consecuencia y congruencia en sus planteamientos, como férreo defensor de la legalidad en otras administraciones, en otras legislaturas. Corresponde, amigos y amigas de Acción Nacional, que en ese momento todo el Poder Legislativo representado en esta Cámara unamos fuerzas para defender la institucionalidad y la legalidad del mismo", convocó.

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, recordó que el Congreso decidió gravar con 20 por ciento todas las bebidas que en su elaboración utilizan edulcorantes distintos a la caña de azúcar, en virtud de que 12 millones de personas en 15 estados subsisten con la explotación de ese producto. "Los diputados asumimos una de las más importantes decisiones para apoyar a los mexicanos del campo que pidieron formalmente al Presidente la suspensión de la importación total de la alta fructosa de maíz estadunidense", planteó.

Destacó que Estados Unidos ha exportado a México 1.3 millones de toneladas de alta fructosa, mientras México tiene serios problemas para colocar en este momento 600 mil toneladas de azúcar. Precisó que la importación de fructosa obliga al país a exportar al mercado mundial de excedentes 2 millones de toneladas de azúcar con pérdidas para la industria y el sector cañero mexicanos de 600 millones de dólares.

"El sector mexicano del azúcar está integrado por 60 ingenios y da empleo a 2 millones 500 mil trabajadores, y este año vamos a producir 5 millones de toneladas. No compartimos la decisión del Ejecutivo de revocar el gravamen, pues resulta increíble pensar que bajo el argumento de la responsabilidad compartida internacional y las buenas relaciones comerciales, se pretenda pasar por alto la decisión de esta soberanía de gravar la alta fructosa bajo un criterio contrario a los intereses de todos los mexicanos", enfatizó.