Acusa al gobierno de Salazar Mendiguchía de desacreditar su trabajo
Defensor de derechos humanos pone queja ante la representante especial de la ONU
El gobernador aseguró que solicitó a la CIDH "honorarios simbólicos" por $800 mil
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 2 de abril. El representante en Chiapas de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), Miguel Angel de los Santos Cruz, interpuso una queja ante Hina Jilani, representante especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, en contra del gobierno de Chiapas por la campaña de desprestigio iniciada en su contra, e interpuso una denuncia de hechos ante el Ministerio Público, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes a la probable comisión de un delito por parte de un servidor público.
Debido a las declaraciones públicas del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y la emisión de comunicados oficiales, en los que se acusa al representante de la Cmdpdh de haber solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "honorarios simbólicos por 800 mil pesos", De los Santos solicitó la intervención de Hina Jilani, representante especial de la ONU.
El abogado, que desde 1994 representa a la familia de los tres indígenas tzeltales ejecutados por el Ejército Mexicano en el ejido Morelia, y a los presos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señaló que los "infundios" de Salazar Mendiguchía responden a los cuestionamientos que le ha hecho a su gobierno por seguir encarcelando "injustamente" a zapatistas y por violar las garantías individuales de sus opositores.
"El gobernador del estado buscó convertir mentiras en verdades, al recurrir a la repetición de sus infundios. Aunque sus ataques verbales se dirigieron principalmente en mi contra, muy pronto sus mismas declaraciones revelaron que sus destinatarios fueron todas y todos aquellos que con compromiso e independencia defendemos los derechos humanos", sostuvo.
En la queja interpuesta ante la representante de la ONU, Hina Jilani, De los Santos detalla que los días 14, 20, 21 y 23 de marzo fue objeto de infundadas acusaciones, dirigidas a desacreditar su actividad como defensor de los derechos humanos y como abogado.
Explicó que las campañas de desprestigio dirigidas contra los defensores de los derechos humanos las efectúan a través de los medios de comunicación controlados por los gobiernos, y se emplean para difundir acusaciones difamatorias y ataques contra el honor y la reputación de las organizaciones no gubernamentales y los particulares que defienden esos derechos.
"De esta manera, cuando no se recurre a la agresión física se busca desacreditar el trabajo de los defensores de los derechos humanos, o generarles una situación adversa que les impida realizar su labor con libertad y seguridad", dijo.
En la práctica, indicó, las acusaciones del gobernador contra los defensores tendrán el efecto de fortalecer la cerrazón e intolerancia de los funcionarios y autoridades de niveles inferiores, que entenderán las acusaciones del gobernador como la directriz a seguir con los defensores de los derechos humanos.
