Miércoles 3 de abril de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Suma el Tribunal 77 días paralizado por la pugna por la presidencia: Tlapale Pérez
Por la lucha de intereses en el TSJE, 600 casos están sin resolver; 110 corresponden a la PGJ

Juan Luis Cruz Pérez n
El conflicto en el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE) por la renovación de la presidencia ha provocado el estancamiento en los trabajos de esa instancia, pues al menos 600 casos están pendientes de resolverse, toda vez que desde el 15 de enero no han dictaminado ninguno de esos asuntos, admitió el presidente de la Sala Penal, Marcelino Tlapale Pérez, quien enfatizó que el Poder Judicial tiene ya 77 días paralizado.
Abundó que tan sólo en la instancia que ostenta la titularidad existen por lo menos 200 tocas penales -expedientes judiciales- que no han sido radicadas, es decir, que no han seguido el trámite respectivo para que alguno de los tres magistrados que integran la sala conozca y resuelva los casos, lo que demuestra que la situación que priva en el Poder Judicial es grave, pues -aseguró- este retraso sólo va en perjuicio de la sociedad.
"Entre los casos que están sin resolverse, seguramente habrá asuntos en los que el juez de primera instancia haya determinado ya el auto de libertad o sentencia absolutoria de algún procesado, y a pesar de que esos ciudadanos tuvieran derecho a obtener su libertad, por el rezago que se vive en el Poder Judicial no pueden alcanzarla por el simple hecho de que no hemos podido emitir las respectivas resoluciones, por lo que aún están retenidos en alguna cárcel de la entidad o en espera de la resolución judicial", puntualizó el magistrado presidente de la sala penal.
Pero la demora en la impartición de justicia, sostuvo el también magistrado Hugo Morales Alanís, no obedece a intereses de los integrantes del Poder Judicial sino a la deficiente integración de las cinco salas que conforman el máximo órgano judicial de la entidad, ya que ninguno de los magistrados presidentes ni los respectivos secretarios generales de acuerdos han protestado al cargo, por lo que cualquier procedimiento de éstos "podría impugnarse sin ninguna posibilidad de que sean refutados".
Detalló que dicha deficiencia es porque el Tribunal no ha podido sesionar en pleno desde el pasado 6 de febrero, fecha en que se realizaría la elección del presidente del TSJE, por lo que tanto los titulares de cada una de las cinco salas como los funcionarios administrativos de éstas no han protestado al cargo, de ahí que están impedidos de conocer y resolver los casos que les sean remitidos.
Por esta razón, Tlapale Pérez sostuvo que en el caso de la Sala Penal los tres magistrados tomaron el acuerdo de empezar el trámite de las radicaciones y las excusas de las recusaciones hasta que exista la integración plena y constitucional de cada una de las salas, porque "si no cumplimos con este procedimiento, cualquier acción y resolución que tomemos puede ser impugnada; nos mantenemos sin ejercer las funciones que nos confirieron".
Muestra de ello, aseveró, es que a pesar de que el pleno del Tribunal lo designó como presidente de la Sala Penal, hasta la fecha por la incomparecencia de la mayoría de los magistrados en las sesiones del pleno, no ha protestado al cargo -al igual que los demás presidentes de sala y funcionarios administrativos del organigrama del TSJE, procedimiento al que están obligados de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución del estado-, "si ejerzo cualquier función al respecto, todos mis actos serían ilegales, por lo que esta determinación ha sido una de las causas por las que el Tribunal presenta un rezago importante en las actividades jurisdiccionales".
Enfatizó que a pesar de que existiera un acuerdo de pleno en donde los magistrados tomaran la protesta a los funcionarios y presidentes de sala, con lo cual se solucionarían las irregularidades en el funcionamiento de las respectivas salas, persiste un desfasamiento en el número de casos, mismo que podría elevar de tres a seis meses el plazo para resolver tales expedientes.
Por su parte, el procurador Eduardo Medel Quiroz acotó que el retraso que existe en el trabajo del TSJE ha afectado sustancialmente los procesos que sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues esa instancia tiene por lo menos 110 apelaciones penales que no han sido radicadas.
Esta situación, subrayó, se convierte en un atentado para la sociedad, pues con el conflicto de intereses que persiste en el Poder Judicial no se puede cumplir con el espíritu de la ley, que debe ser rápida y expedita; "el Tribunal se ha convertido en un poder inoperante, que lejos de ayudar al Estado de derecho se ha constituido en una instancia que obstruye la impartición de la justicia".
Por esta razón, Medel Quiroz urgió a los 14 magistrados a que resuelvan a la brevedad sus diferencias políticas en torno a la renovación de la presidencia a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de esta instancia, pues de lo contrario seguiría paralizado el Poder Judicial, lo que seguiría perjudicando a la sociedad tlaxcalteca que tiene intereses en esa instancia.
Ante esta situación, los magistrados Morales Alanís, Tlapale Pérez y el procurador Medel Quiroz coincidieron en que pese a las aseveraciones de algunos integrantes del Poder Judicial, sobre todo de quien se ostenta como presidente del Tribunal, Rufino Mendieta Cuapio, respecto a que esta instancia funciona con normalidad, existe un retraso que pone en riesgo la impartición de justicia en en el estado de Tlaxcala y que de seguir en ese tenor podría constituirse en un atentado para los habitantes de esta región.