Viernes 12 de abril de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Minimizan el conflicto la iglesia católica y el gobierno del estado de Puebla
Resurge pugna entre los católicos y los evangélicos en San Andrés Azumiatla

Jorge Machuca Luna n
El plebiscito que desea efectuar el Ayuntamiento de Puebla para dirimir el conflicto territorial entre la Angelópolis y San Andrés Cholula carece de valor legal y el Congreso del estado es quien deberá solucionar la disputa, reiteró ayer el secretario de Gobernación, Carlos Arredondo Contreras.
En una entrevista hecha mientras se dirigía a un acto gubernamental, el funcionario sostuvo que es imposible que los vecinos de la zona limítrofe -en especial los de las inmediaciones del Centro Comercial Angelópolis- sean quienes definan la solución de la añeja disputa territorial, agudizada desde la mitad de la década pasada, debido a que la decisión que se tome al respecto afectará a toda la población de Puebla.
"No es factible que la opinión sólo de los habitantes de la zona en conflicto -Angelópolis- tenga que afectar a todos los ciudadanos poblanos, porque si no se recauda aquí fondos (impuestos) de esa zona, no les repercute sólo a ellos, repercute a todo el municipio de Puebla, porque serán menos obras, menos oportunidades de progreso".
Aclaró ser respetuoso del ejercicio de consulta ciudadana que pretende llevar a cabo el presidente municipal de Puebla, Luis Paredes Moctezuma; empero, "el Congreso del estado tendrá que hacer valer su soberanía". La opinión que expresen los ciudadanos participantes en la consulta podría servir sólo como una orientación para la decisión que tomen los legisladores locales, apuntó Arredondo.
"Que los dos presidentes municipales se sometan a la soberanía del Congreso, es lo único que tienen que hacer; de ahí, lo que quieran hacer por separado es su problema, al final, el Congreso tendrá que resolver". A petición de una reportera, Arredondo dijo que el plebiscito no constituye un desacato al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "tendremos que encauzar todo a los marcos legales que rigen este país".
Al referirse a la opinión que al respecto emitió el despacho de abogados de Ignacio Burgoa Orihuela el año pasado, dijo que ésta es sólo la opinión de un particular, que no es definitiva ni constituye la única; "obviamente la opinión de un despacho privado tiene su validez por el prestigio de la persona, pero tampoco es de carácter obligatorio".
Por otra parte, dijo que ya se ha efectuado las primeras reuniones entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala para solucionar el problema de límites territoriales que comparten ambas entidades.