Estados Unidos no puede incrementar en 50 por ciento su consumo de petróleo extranjero, como prevé el nuevo plan energético de George W. Bush, sin inmiscuirse en los asuntos políticos, económicos y militares de los Estados de los cuales se espera que fluya ese petróleo. Esta injerencia puede adoptar formas diplomáticas y financieras en la mayoría de los casos, pero a menudo también requerirá acción militar

Michael T. Klare*

La propuesta de Plan Nacional de Energía (PNE) que el presidente George W. Bush dio a conocer el 17 de mayo de 2001 se elaboró con un objetivo global en mente: incrementar la oferta agregada de energía para la nación: "Los objetivos de esta estrategia son claros: asegurar una oferta continua y económica accesible a los hogares, empresas e industrias estadunidenses", afirmó Bush. Sin un incremento sustancial en las reservas de energía, advirtió, Estados Unidos podría enfrentar una amenaza significativa a su seguridad nacional y a su bienestar económico.

La necesidad percibida de un incremento sustancial en las reservas de energía llevó a Bush a proponer dos pasos que han suscitado considerable controversia en Estados Unidos: la extracción de petróleo del Refugio Nacional Artico de la Vida Silvestre (ANWR, por sus siglas en inglés), y un relajamiento de la supervisión gubernamental de los mejoramientos que se realicen a la infraestructura energética. El primero, por supuesto, despertó oposición a causa del riesgo de que se cause un daño ambiental mayúsculo a la zona de naturaleza prístina; el segundo, por las muy difundidas sospechas de que el gobierno respalda ese relajamiento en deferencia a figuras poderosas de las industrias del petróleo, el gas y el carbón, muchas de las cuales, entre ellas el ex presidente de Enron, Kenneth Lay, contribuyeron con fuertes sumas a la campaña de Bush. Ambas preocupaciones han ayudado a enfocar la opinión pública en la cuestión energética y a propiciar el debate en el Congreso sobre aspectos claves de política interior en el plan del gobierno. Sin embargo, también han desviado la atención de otro aspecto crítico del Plan Nacional de Energía: una creciente dependencia de energéticos importados para compensar las inadecuadas reservas nacionales.

Estados Unidos tiene la gran fortuna, entre las principales potencias industriales, de poder atender buena parte de sus necesidades energéticas con fuentes propias. Según el Departamento de Energía, la producción energética nacional de 72 mil 800 billones de unidades térmicas británicas (BTU) representó 73 por ciento del consumo energético total del país en 2000. Además, al extraer petróleo de la ANWR y aumentar el uso del carbón y la energía nuclear, Estados Unidos puede elevar la producción nacional en otros 18 mil billones en los próximos 20 años, a 90 mil 700 billones. Pero el problema es éste: el consumo se eleva a mayor ritmo que la producción, por lo que el país tendrá que satisfacer con importaciones una proporción creciente de sus necesidades energéticas totales.¹

Esta dependencia es particularmente aguda en el caso del petróleo, que representa 35 por ciento del consumo estadunidense de energía y es absolutamente indispensable para el transporte terrestre y aéreo. Al momento actual, Estados Unidos recibe alrededor de 53 por ciento de sus requisitos energéticos de fuentes extranjeras, y para 2020 se prevé que esa cifra se elevará a 62 por ciento. En términos prácticos, esto significa elevar el consumo de petróleo importado en 50 por ciento, de 24.4 a 37.1 millones de barriles (mdb) por día. Sin estas importaciones adicionales, al país le resultaría difícil en extremo sostener el crecimiento económico y alimentar su inmensa flota de automóviles, camiones, autobuses y aviones.

El gobierno de Bush ha caracterizado explícitamente esta dependencia como una amenaza a la seguridad nacional. "Si seguimos el curso actual", advierte el PNE, "de aquí a 20 años Estados Unidos importará casi dos de cada tres barriles de petróleo, y dependerá cada vez más de potencias extranjeras que no siempre toman en cuenta los intereses estadunidenses". Para disminuir esta dependencia, el gobierno se propone explotar toda fuente concebible de energía, incluso la ANWR y otras reservas naturales protegidas. También se pondrá cada vez mayor énfasis en la conservación y el desarrollo de sistemas alternativos, entre ellos los basados en energía eólica y solar. Pero en última instancia el proyecto de Bush cuenta con que las importaciones proporcionarán buena parte de la energía adicional que el país requerirá en los años por venir. De hecho, el PNE demanda que los estrategas del gobierno dediquen tanto esfuerzo a garantizar suministros adicionales de energía del extranjero como a incrementar la producción doméstica.

En una lectura superficial del PNE no resulta evidente de inmediato hasta qué punto se apoya en la adquisición incrementada de energía del exterior. Sólo hacia el final del informe, en el último capítulo, se vuelve clara la significación de los suministros extranjeros. Sin especificar en realidad la cantidad de energía importada adicional que se requerirá -alrededor de 15 mil 400 billones de BTU de aquí a 2020, cantidad equivalente a la energía que generarán todas las plantas nucleares y sistemas hidroeléctricos de Estados Unidos-, el informe delinea una detallada estrategia para procurar esas aportaciones con productores de todo el mundo.

La creciente dependencia de fuentes petroleras del exterior es la historia no contada más significativa que surge de la revelación de los planes energéticos del gobierno. Para obtener toda la energía adicional que será necesaria, Estados Unidos tendrá que gastar aproximadamente 2.5 billones de dólares en petróleo importado de aquí a 2020 -suponiendo que los precios se mantengan en su actual nivel moderado- más una suma comparable en gas natural. Para garantizar que estas reservas estén disponibles, las empresas estadunidenses tendrán que trabajar conjuntamente con los productores extranjeros para incrementar de manera sustancial la producción anual. Y como muchos de estos productores están ubicados en zonas de conflicto e inestabilidad, el gobierno tendrá que brindarles apoyo en materia de seguridad, que en algunos casos puede implicar el despliegue de fuerzas de combate estadunidenses.

La acuciante necesidad de más y más reservas de energía importada tendrá un efecto profundo y duradero en la política exterior estadunidense. No sólo deben los funcionarios asegurar el acceso a esas reservas del exterior; también deben dar pasos para que las entregas a Estados Unidos no se vean impedidas por guerras, revoluciones o desórdenes civiles. Estos imperativos gobernarán la política del país hacia todas las regiones de importancia en cuanto a suministro energético, en particular el golfo Pérsico, la cuenca del mar Caspio, Africa y América Latina.

El golfo Pérsico ha sido y seguirá siendo una zona de interés prioritario para la política exterior estadunidense porque allí se encuentra el principal depósito mundial de petróleo no explotado. Según BP Amoco, los principales proveedores del Golfo poseen unos 675 mil millones de barriles de petróleo, es decir, dos terceras partes de las reservas conocidas del planeta. Los países de la zona son también los principales productores sobre una base diaria; en 1999 representaron en conjunto unos 21 millones de barriles, 30 por ciento de la producción mundial de ese año.² Y como el Golfo representa tan alta proporción de la producción global, son estos países los que determinan el precio global de los productos petroleros.

Si bien Estados Unidos obtiene del golfo Pérsico sólo 18 por ciento de sus importaciones petroleras, tiene un significativo interés estratégico en la estabilidad de la producción de la zona porque sus principales aliados -en particular Japón y las naciones de Europa occidental- se apoyan en las importaciones de la región y porque el alto volumen de exportación del Golfo ha contribuido a mantener relativamente bajos los precios mundiales, lo cual beneficia a la economía estadunidense. Además, al reducirse la producción doméstica, Estados Unidos será cada vez más dependiente de las importaciones del Golfo. En consecuencia, el PNE declara que esa región "seguirá siendo vital para los intereses de Estados Unidos".

Por supuesto, el país ha tenido un papel relevante en los asuntos del Pérsico desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando ese conflicto llegó a su fin, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó un acuerdo con el rey de Arabia Saudita, Abdul-Aziz ibn Saud, conforme al cual Estados Unidos se comprometía a proteger a la familia real de sus enemigos internos y externos a cambio de acceso privilegiado al petróleo saudita. En fechas posteriores, Estados Unidos también acordó proporcionar apoyo en materia de seguridad al sha de Irán y a los líderes de Kuwait, Bahrein y los Emiratos Arabes Unidos (EAU). Estos acuerdos han conducido a la entrega de grandes cantidades de armamento y municiones estadunidenses a los países del golfo Pérsico y, en algunos casos, al destacamento de fuerzas estadunidenses de combate. (El vínculo de seguridad entre Estados Unidos e Irán se rompió en 1980, cuando el sha fue depuesto por fuerzas islámicas militantes.)

La política de Washington en cuanto a la protección de las reservas energéticas del Pérsico es inequívoca: cuando surge una amenaza, Estados Unidos echa mano de cualquier recurso, inclusive la fuerza militar, para garantizar el flujo continuo de petróleo. El primer presidente que hizo explícito este principio fue James Carter en enero de 1980, a raíz de la invasión soviética de Afganistán y la caída del sha, y ha permanecido desde entonces como política del país. Conforme a la doctrina Carter, Estados Unidos ha recurrido a la fuerza en varias ocasiones: primero, en 1987-1988 para proteger los buques cisternas kuwaitíes de los misiles y las embarcaciones artilladas iraníes durante la guerra Irán-Irak, y luego en 1990-1991, para expulsar de Kuwait a las fuerzas iraquíes (la operación Tormenta del desierto).

Hoy la doctrina Carter es tan vital como siempre. Entre 1991 y 2001 el Departamento de Defensa realizó una importante expansión de las capacidades militares estadunidenses en el golfo Pérsico, desplegando fuerzas aéreas y navales adicionales en la región y "preposicionando" armas y municiones para crear una poderosa fuerza terrestre.³ Estas capacidades se pusieron en juego durante la ofensiva estadunidense contra las fuerzas de Al Qaeda en Afganistán y en operaciones conexas en el Pérsico en otoño de 2001, aunque los saudiárabes impusieron ciertas restricciones al uso de bases aéreas estadunidenses en su territorio. Asimismo Estados Unidos prosiguió sus ventas de armamento moderno por miles de millones de dólares a sus regímenes aliados de la zona, entre ellos Kuwait, Arabia Saudita y los EAU. Como protección adicional contra una interrupción del flujo petrolero, el presidente Bush advirtió al gobierno iraquí que habría graves consecuencias si intentaba aprovecharse de cualquier situación de inestabilidad en la zona que desembocara en acciones terroristas.

A estas alturas parece que las amenazas tanto de Al Qaeda como de Irak han quedado circunscritas, y que las entregas de petróleo del Pérsico están relativamente a salvo de perturbaciones. Pero, mirando hacia el futuro, los que toman decisiones políticas en Estados Unidos enfrentan dos desafíos cruciales: garantizar que Arabia Saudita y otros productores de la región incrementen la producción en la proporción requerida por las crecientes demandas estadunidenses (e internacionales), y proteger a Arabia Saudita de desórdenes internos.

La necesidad de aumentar la producción saudita es particularmente aguda. Arabia Saudita, que cuenta con la cuarta parte de las reservas mundiales conocidas de petróleo (unos 265 mil millones de barriles), es el único país con capacidad para satisfacer los requerimientos estadunidenses e internacionales. Según el Departamento de Energía, la producción neta de petróleo saudiárabe debe duplicarse en los próximos 20 años, de 11.4 millones de barriles diarios a 23.1 millones, para satisfacer las demandas anticipadas del mundo.⁴ Sin embargo, expandir esta capacidad en 11.7 millones de barriles diarios -equivalentes a la producción total anual de Estados Unidos y Canadá- costará miles de millones de dólares y creará enormes retos técnicos y logísticos. La mejor manera de lograr este incremento, según analistas de Estados Unidos, es convencer a Arabia Saudita de abrir su sector petrolero a inversiones sustanciales de las compañías petroleras de aquel país. Y, conforme al plan energético del gobierno, eso es lo que se propone hacer el presidente; sin embargo, todo esfuerzo de Washington por presionar a Riad para que permita mayor inversión estadunidense en el reino encontrará sin duda resistencia significativa de la familia real, que nacionalizó todas las existencias estadunidenses de petróleo en el decenio de 1970.

El gobierno encara otro problema en Arabia Saudita: las prolongadas relaciones en asuntos de seguridad con el régimen saudiárabe se han convertido en una fuente importante de tensión en el país, y son cada vez más los jóvenes sauditas que se vuelven contra Washington por sus estrechos vínculos con Israel y por lo que perciben como predisposición contra el Islam. En este medio antiestadunidense reclutó Osama Bin Laden a muchos de sus seguidores y obtuvo buena parte de su apoyo financiero a fines del decenio de 1990. Después del 11 de septiembre, el gobierno saudita desmanteló algunas de estas fuerzas, pero la arraigada oposición a la cooperación militar y económica del régimen con Washington sigue siendo intensa. Encontrar una forma de desactivar esta oposición mientras se persuade a Riad de incrementar sus entregas de petróleo a Estados Unidos será uno de los desafíos más difíciles que enfrentarán los estrategas de Washington en años venideros.

También tendrán que prestar estrecha atención a Irán e Irak, segundo y tercer principales productores de petróleo en el Pérsico. Si bien actualmente ambos países están excluidos de la inversión de compañías petroleras de Estados Unidos por su apoyo al terrorismo y su supuesto propósito de producir armas nucleares, un cambio futuro en su estatus político permitiría una participación estadunidense en el desarrollo de sus cuantiosas reservas de crudo, lo cual sería sin duda muy agradable para las empresas del país norteamericano. Sin duda Washington seguirá buscando que surjan gobiernos amigables y cooperativos en Bagdad y Teherán, y si esos esfuerzos fallan, está preparado para contrarrestar con todo el peso de su poderío militar cualquier acción agresiva que pudieran intentar.

Si bien Estados Unidos seguirá dependiendo del petróleo del Pérsico porque allí es donde está la mayoría de las reservas no explotadas del globo, también deseará reducir al mínimo posible esa dependencia mediante la diversificación de fuentes de energía importada. "La diversidad es importante, no sólo por la seguridad energética sino también por la seguridad nacional", declaró el presidente Bush el 7 de mayo de 2001. "La dependencia excesiva de cualquier fuente de energía, sobre todo del extranjero, nos hace vulnerables a alzas súbitas de precios, interrupciones de suministros y, en el peor de los casos, al chantaje." Para evitarlo, el plan energético del gobierno demanda realizar un esfuerzo sustancial para incrementar la producción en muchas partes del mundo.

Entre las zonas que recibirán atención particular de Estados Unidos se encuentra la cuenca del mar Caspio, es decir, la región que comprende Azerbaiján, Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán, junto con áreas adyacentes de Irán y Rusia. Según el Departamento de Energía, la cuenca del Caspio contiene reservas probadas de entre 17.5 y 34 mil millones de barriles, y reservas posibles de 235 mil millones, cantidad que de ser confirmada la convertiría en el segundo depósito mundial de reservas no explotadas, después del golfo Pérsico.⁵ Para asegurarse de que buena parte de este petróleo fluirá con el tiempo hacia los consumidores occidentales, Estados Unidos ha hecho un ingente esfuerzo por desarrollar la infraestructura y sistemas de distribución de petróleo en la zona. (Como el mar Caspio está rodeado de tierra, el petróleo y el gas natural de la región deben viajar por ductos a otras zonas; por lo tanto, cualquier intento de acceder a sus vastas reservas de energía implica la construcción de líneas para exportación a larga distancia.)

Los primeros intentos estadunidenses de tener acceso a las reservas del Caspio se llevaron a cabo en tiempos del presidente Clinton, porque hasta entonces los estados de la región (excepto Irán) formaban parte de la Unión Soviética, y el acceso exterior a sus fuentes de energía estaba severamente restringido. Una vez que esos estados se volvieron independientes, Washington emprendió una intensa campaña diplomática para que abrieran sus campos a la inversión de empresas petroleras occidentales y permitieran la construcción de nuevos ductos para exportación. El propio Clinton desempeñó un papel clave en este esfuerzo, con repetidas llamadas telefónicas a los líderes de esos países e invitaciones periódicas a visitarlo en la Casa Blanca. Estos esfuerzos eran esenciales, dijo Clinton en 1997 al presidente azerbaijano Heyder Aliyev, para "diversificar nuestra provisión de energía y fortalecer nuestra seguridad nacional".

El principal objetivo del gobierno de Clinton durante ese periodo fue asegurar la aprobación de nuevas rutas de exportación del Caspio hacia los mercados de Occidente. Como el gobierno no deseaba que el petróleo fluyera a través de Rusia en su ruta a Europa occidental (pues ello daría a Moscú cierto grado de control sobre las reservas energéticas occidentales), y como el transporte a través de Irán estaba prohibido por Estados Unidos (por razones ya citadas), el presidente Clinton dio su respaldo a un plan orientado a transportar petróleo y gas de Baku, en Afganistán, a Coyhan, en Turquía, vía Tiflis, en la ex república soviética de Georgia. Antes de dejar el cargo, Clinton voló a Turquía para presidir la firma de un acuerdo regional que permite la construcción del ducto Baku-Tiflis-Coyhan (BTC), con un costo de 3 mil millones de dólares.

Con base en los esfuerzos del presidente Clinton, el gobierno de Bush planea acelerar la expansión de las instalaciones de producción y los ductos del Caspio. "Las inversiones y la tecnología extranjeras son cruciales para el rápido desarrollo de nuevas rutas de exportación comercialmente viables", afirma el PNE. "Ese desarrollo permitirá que la creciente producción petrolera del Caspio se integre efectivamente al mercado mundial del petróleo." Se pondrá especial énfasis en completar el ducto BTC y en incrementar la participación de compañías de Estados Unidos en los proyectos energéticos del Caspio. Con miras más a futuro, el gobierno también espera construir un ducto de petróleo y gas en la costa oriental del Caspio hasta Baku, en la costa occidental, para incrementar la energía que fluya del ducto BTC.

Hasta el 11 de septiembre, el involucramiento estadunidense en la cuenca del Caspio y en Asia central se había restringido a los esfuerzos económicos y diplomáticos, acompañados por algunos acuerdos de ayuda militar. Después de esa fecha, para combatir a los talibanes y a Al Qaeda en Afganistán, el Departamento de Defensa estableció bases militares en Tadjikistán y Uzbekistán. Si bien consideradas en principio instalaciones temporales, para apoyar a las tropas estadunidenses enviadas a la guerra afgana, esas bases podrían constituir el arranque de una presencia militar permanente de Estados Unidos en la zona del Caspio. Aunque nada se ha dicho públicamente de ello en Washington, esa presencia sería consistente con los acontecimientos en el golfo Pérsico, donde los esfuerzos estadunidenses por proteger el flujo de petróleo han conducido a una expansión de la infraestructura militar de ese país.

Sea que las bases estadunidenses en Tadjikistán y Turkmenistán adquieran estatus permanente o no, es un hecho que Washington buscará aumentar su capacidad de emplear la fuerza militar en la zona. El Cáucaso y Asia central no son más estables que el golfo Pérsico, y ningún caso tiene desarrollar el mar Caspio como fuente alternativa de energía si no se puede garantizar el flujo del petróleo y el gas que produzca. Reconociendo la amenaza potencial a las reservas energéticas de la región, el Departamento de Defensa ha conducido una serie de ejercicios militares con las fuerzas de Kazajstán, Kirgistán y Uzbekistán (los ejercicios anuales Centrazbat) y firmado acuerdos de cooperación militar con otros estados de la zona. Estos vínculos se han fortalecido a partir del 11 de septiembre.⁶

Si bien los Estados de Africa apenas representaron 10 por ciento de la producción petrolera del globo en 1999, el Departamento de Energía predice que su participación se elevará a 13 por ciento para 2020, y aportarán en el proceso otros 8.3 millones de barriles a las reservas globales.⁷ Para Washington es una estupenda noticia: "Se espera que Africa Occidental sea una de las fuentes de más rápido crecimiento de petróleo y gas para los mercados norteamericanos", informó el gobierno en 2001. Además "el petróleo africano tiende a ser de gran calidad y bajo en azufre", por lo cual es especialmente atractivo para las refinerías estadunidenses.

El gobierno de Bush prevé concentrar sus esfuerzos en dos países, Nigeria y Angola. Nigeria produce en la actualidad unos 2.2 millones de barriles, y se espera que duplique su producción hacia 2020, cuando buena parte de ese petróleo irá hacia Estados Unidos. Nigeria, sin embargo, carece de recursos para financiar esta expansión, y la legislación vigente (por no mencionar la muy extendida corrupción) desalienta la inversión extranjera. Por tanto, el PNE señala que los secretarios de Energía, de Comercio y de Estado deben trabajar con los funcionarios nigerianos "para mejorar el clima hacia el comercio, la inversión y las operaciones con la industria estadunidense del petróleo y el gas". Sin embargo, al trabajar tan de cerca con el gobierno nigeriano, Washington se arriesga a asociarse con un régimen que ha recibido críticas de todas partes por persistentes violaciones a los derechos humanos.

Un cuadro similar se encuentra en Angola. Allí también Estados Unidos busca expandir significativamente la producción petrolera, que ahora se estima en unos 750 mil barriles por día. Varias empresas estadunidenses de energía han empezado a hacer exploraciones petroleras en zonas de mar profundo de la costa angoleña en el Atlántico, y los primeros indicios muestran que contienen significativas reservas de crudo. Pero una vez más, la participación estadunidense en la industria petrolera angoleña conduciría a asociarse con un régimen al que se atribuyen monumentales violaciones a los derechos humanos.

Si bien es un hecho que crecerá la participación estadunidense en el desarrollo energético africano, no es probable que venga acompañada -como en las zonas del Pérsico y el Caspio- de una presencia militar directa, pues, cualquiera que fuese la forma en que se presentara al público, conjuraría imágenes de colonialismo y atraería oposición tanto en el país como en Africa. Sin embargo, es probable que Washington proporcione a Nigeria y a otras naciones amistosas formas indirectas de apoyo militar, como adiestramiento, asistencia técnica y transferencia de armamento de baja tecnología.

El gobierno de Bush también proyecta un incremento significativo en las importaciones petroleras de México, Brasil y los países andinos. Ya obtiene de América Latina buena parte de su abastecimiento petrolero -Venezuela es el tercer proveedor de petróleo a Estados Unidos (después de Canadá y Arabia Saudita), México es el cuarto y Colombia el séptimo-, y Washington planea depender aún más de la región en el futuro. De acuerdo con Spencer Abraham, secretario de Energía, "el presidente Bush reconoce no sólo la necesidad de un incremento en el suministro de energía, sino también el papel crucial que tendrá el hemisferio en la política energética del gobierno".

Al presentar estos planes a los gobiernos de la región, los funcionarios estadunidenses ponen énfasis en su deseo de establecer un marco de cooperación mutua para el desarrollo de energía. "Nos proponemos subrayar el enorme potencial de una mayor cooperación regional energética en el futuro", señaló Abraham durante la quinta Conferencia Ministerial de Iniciativa Energética, realizada en México el 8 de marzo de 2001. "Nuestro objetivo es construir relaciones entre nuestros vecinos que contribuyan a nuestra seguridad energética compartida, que conduzcan a un acceso adecuado, confiable, ambientalmente sano y costeable a la energía." Por sinceros que hayan sido, esos comentarios pasaron por alto la realidad fundamental de que

El plan energético de Bush pone énfasis en la adquisición de petróleo adicional de México y Venezuela. "México es una fuente destacada y confiable de petróleo importado", indica el PNE. "Sus grandes reservas básicas, aproximadamente 25 por ciento mayores que nuestras reservas probadas, hacen de México una fuente probable de producción petrolera incrementada en la próxima década." Venezuela es crucial para Estados Unidos porque posee vastas reservas de crudo convencional (sólo eclipsadas por las de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y los EAU) y porque alberga importantes reservas del llamado crudo pesado, que puede ser convertido en petróleo convencional mediante un costoso proceso de refinación. Según el PNE, "el éxito logrado por Venezuela en volver comercialmente redituables sus depósitos de petróleo pesado sugiere que contribuirá en forma sustancial a la diversidad de la oferta global de energía, y a nuestra propia mezcla de abastecimiento energético a mediano o largo plazo".

Sin embargo, los intentos estadunidenses de recibir abundantes suministros energéticos de México y Venezuela se encontrarán con una dificultad importante, porque ambos países han colocado sus reservas de energía bajo control estatal y establecido fuertes barreras legales y constitucionales a la participación extranjera en la producción nacional. Por lo tanto, si bien pueden tratar de capitalizar los beneficios económicos de un aumento de exportaciones a Estados Unidos, también es probable que se resistan a la participación de firmas de ese país en sus industrias del ramo, y a cualquier incremento apresurado de su extracción petrolera. Esta resistencia provocará sin duda frustración en los funcionarios de Washington, que andan detrás precisamente de ese tipo de participación. Por lo tanto, el PNE llama a los secretarios de Comercio, Energía y Estado a cabildear con sus contrapartes latinoamericanos para que eliminen o atenúen las barreras a una creciente inversión petrolera estadunidense. Es probable que estos esfuerzos se vuelvan asunto de importancia en las relaciones de Estados Unidos con esos dos países.

Las consideraciones energéticas también formarán parte de las relaciones de Estados Unidos con Colombia. Si bien se le conoce en el país norteamericano sobre todo por su papel en el tráfico ilícito de drogas, es también un productor importante de petróleo y podría tener un papel más prometedor en los planes energéticos estadunidenses. Sin embargo, los intentos de incrementar la producción petrolera colombiana se han visto entorpecidos por constantes ataques a instalaciones y ductos petroleros cometidos por grupos guerrilleros. Con el argumento de que esos grupos brindan protección a los traficantes de drogas, Estados Unidos, dentro del Plan Colombia, asesora a la policía y al ejército de ese país en sus esfuerzos por suprimir a las guerrillas. En ningún momento Washington ha ligado explícitamente esos esfuerzos con sus políticas energéticas, pero sus funcionarios sin duda creen que una reducción sustancial de la actividad guerrillera permitirá un eventual incremento en la producción de crudo.

El panorama anterior permite formarse una impresión anticipada de lo que los funcionarios estadunidenses tendrán que llevar a cabo en los próximos años para que Estados Unidos continúe contando con petróleo importado para dar energía a sus industrias, calor a sus hogares y combustible a sus vehículos. No puede incrementar su consumo de petróleo extranjero en 50 por ciento, como demanda el plan energético de Bush, sin inmiscuirse en los asuntos políticos, económicos y militares de los estados de los cuales se prevé que fluirá todo ese petróleo. Esta injerencia puede adoptar formas diplomáticas en la mayoría de los casos, pero también implicará a menudo acción militar.

Es posible que el Congreso y los ciudadanos estadunidenses estén de acuerdo en que estos esfuerzos son necesarios para asegurar un flujo constante de energía. Cierto, ha habido algunos signos de disentimiento, pero la mayoría de discusiones sobre el plan energético de la Casa Blanca se han concentrado en las consecuencias internas, no en las internacionales. Por desgracia, eso oscurece algunas ramificaciones importantes del plan. Ha habido pocos comentarios, por ejemplo, sobre el aumento potencial de acciones militares implícito en la nueva política. Hacer caso omiso de esas consideraciones puede resultar peligroso. Teniendo en mente el interés de forjar un plan energético sensato y costeable, el Congreso debe emprender un examen minucioso y de largo alcance sobre las implicaciones que la estrategia energética propuesta por el Ejecutivo tiene para la política exterior.

^* Michael T. Klare es profesor de estudios de paz y seguridad mundial en el Colegio Hampshire y autor de Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict (Guerras de recursos: el nuevo panorama de conflicto global). Nueva York, Metropolitan Books, 2001.

Departamento de Energía de Estados Unidos: Annual Energy Outlook 2002 (Perspectiva energética anual 2002). Puede consultarse en htttp://www.era.doe.gov/oiaf.aeo. Salvo indicación en contrario, todas las estadísticas energéticas citadas en este artículo se derivan de documentos del informe National Energy Policy (Política energética nacional), emitido por la Casa Blanca el 17 de mayo de 2001.

² BP Arnoco: Statistical Review of World Energy (Revisión estadística de la energía mundial), junio de 2000.

³ Ver detalles en Michael Klare: Resource Wars (Guerras de recursos), Nueva York, Metropolitan Brinks, 2001), capítulo 3.

⁴ Departamento de Energía: International Energy Outlook (Panorama internacional de energía) 2001, tabla D1.

⁵ Departamento de Energía: Caspian Sea Region (Región del mar Caspio), julio de 2001. Puede consultarse en http.//www.ria.doe.gov/cabs/caspian.html.

⁶ Véanse antecedentes de estos esfuerzos en Klare, op. cit., capítulo 4.

⁷ Departamento de Energía: International Energy Outlook 2001, tabla D1.

⁸ Departamento de Energía de Estados Unidos: Annual Energy Outlook 2002 (Perspectiva energética anual 2002). Puede consultarse en htttp://www.era.doe.gov/oiaf.aeo. Salvo indicación en contrario, todas las estadísticas energéticas citadas en este artículo se derivan de documentos del informe National Energy Policy (Política energética nacional), emitido por la Casa Blanca el 17 de mayo de 2001.

⁹ BP Arnoco: Statistical Review of World Energy (Revisión estadística de la energía mundial), junio de 2000.

¹⁰ Ver detalles en Michael Klare: Resource Wars (Guerras de recursos), Nueva York, Metropolitan Brinks, 2001), capítulo 3.

¹¹ Departamento de Energía: International Energy Outlook (Panorama internacional de energía) 2001, tabla D1.

¹² Departamento de Energía: Caspian Sea Region (Región del mar Caspio), julio de 2001. Puede consultarse en http.//www.ria.doe.gov/cabs/caspian.html.

¹³ Véanse antecedentes de estos esfuerzos en Klare, op. cit., capítulo 4.

¹⁴ Departamento de Energía: International Energy Outlook 2001, tabla D1.