Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 14 de abril de 2002
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Política

José Luis Soberanes Fernández

Derecho a la no discriminación

Como nunca antes, y contrariamente a lo que podría suponerse, hoy es muy clara y extendida la discriminación en todas sus manifestaciones en el mundo entero. Ya no se trata únicamente de un fenómeno circunscrito a la raza o a la religión, sino a expresiones que abarcan la discriminación social, económica, política y cultural, lo mismo a la mujer que a los menores de edad, a los migrantes que a los indígenas, a los enfermos que a los discapacitados o, en fin, a los que comulgan con ideas y gustos distintos a los de la mayoría, e incluso a los de la minoría.

Se puede decir que hoy hay muchas más formas de discriminación que siglos atrás, cuando discriminar era un ejercicio cotidiano de la aristocracia hacia la plebe y cuando ni siquiera se tomaban en cuenta razones de sexo, el color de la piel, el credo o alguna incapacidad. A todos se les discriminaba por igual.

En la actualidad se discrimina en cuestiones tan elementales como el derecho de un trabajador a la seguridad social. El caso más cercano lo tenemos en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en contra de los migrantes indocumentados, punto en el que el gobierno mexicano no ha actuado en su defensa con la fuerza que merece el caso.

Hoy también se discrimina en situaciones tan inusitadas como lo es el acceso a la tecnología de la información. Según una encuesta reciente, 53 por ciento de nuestra población nacional jamás ha tocado una computadora. Pero los ejemplos sobran. Baste echar una mirada a la escena internacional, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Aquí en México, en el último año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado varios casos de discriminación de distinta índole, los cuales fueron objeto de recomendaciones a diversas autoridades. Entre ellos están: el de una trabajadora a la que se le negó incluir a su concubinario como beneficiario del servicio médico al que tiene derecho; el de dos menores de edad que fueron coaccionados en la escuela para que rindieran obligatoriamente honores a la bandera y renunciaran a la objeción de conciencia derivada de su religión; y el caso, uno entre muchos, de un enfermo de VIH-sida a quien le fue negada la atención médica.

La discriminación tiene muchos rostros que se manifiestan por doquier, lo mismo en la región sur del país, donde hay desplazamientos de indígenas y se agravan los conflictos por intolerancia religiosa, intra e intercomunitarios, que en las pruebas de no embarazo que algunas empresas solicitan a las mujeres que buscan empleo.

A esto hay que añadir que algunas autoridades mantienen una conducta omisiva y evasiva hacia el trabajo de los organismos públicos defensores de los derechos humanos. Por una parte, aceptan las recomendaciones que se les dirigen, pero por otra, no inician procedimientos administrativos de sanción o denuncias penales de quienes obstaculizan el trámite de queja del organismo público protector y de quienes muestran rechazo o escasa disposición para escuchar los argumentos de los organismos defensores de derechos humanos.

El hecho es que tanto en el ámbito nacional como en el internacional han sido insuficientes las acciones y medidas emprendidas para combatir la discriminación. Incluso en diversas regiones del mundo los cambios históricos han producido nuevas condiciones para el crecimiento del racismo, la xenofobia y la intolerancia.

En muchos países los grupos étnicos y religiosos minoritarios padecen formas sutiles o abiertas de discriminación y violencia, tales como la exclusión racial o étnica, la intolerancia, el odio, el terror o la negación sistemática de los derechos y libertades fundamentales. Algunos de los principales obstáculos para erradicar este fenómeno han sido la falta de voluntad política, la legislación deficiente y la falta de estrategias y de medidas concretas por parte de los estados.

Hace apenas seis meses, en su declaración final, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Otras Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en la ciudad de Durbán, Sudáfrica, concluyó: "pese a los esfuerzos de la comunidad internacional no se han alcanzado los objetivos de los tres decenios de lucha contra el racismo y la discriminación racial; aún hoy, un sinfín de seres humanos siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia".

Ante esta realidad es necesario revisar las estrategias de los estados, en general, y de los organismos nacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, en particular, para combatir la discriminación. La promoción de una cultura de la tolerancia no es suficiente si las leyes y los marcos normativos no garantizan el derecho a la no discriminación.

El derecho a la no discriminación debe hacerse exigible de forma legal con el fin de proteger a los grupos vulnerables, así como también debe promoverse la denuncia de violaciones a ese derecho y el combate a la impunidad de quienes cometen actos de discriminación. En este sentido, la penalización de la discriminación y el establecimiento de mecanismos que garanticen el acceso de las víctimas a la justicia se convierten en instrumentos eficaces para la consolidación de una cultura de respeto a la ley y de protección a los derechos humanos.

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

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