Néstor de Buen
Corrupción en la "justicia"
Las conclusiones del señor Dato Param Cumaraswamy, a propósito del grado de corrupción de nuestros jueces, llaman poderosamente la atención. Sobre todo porque con dudosa precisión, después de pasar sólo unos cuantos días en el país, certificó que entre 50 y 70 por ciento de los jueces son corruptos. No es pequeña la diferencia, por cierto.
Yo no tengo ni la menor idea de cuántos jueces habrá en el país. Ni tampoco a quiénes consideró jueces el señor representante de la ONU. Ni si sus datos habrán sido tomados mediante encuestas urbanas, como las del INEGI, o interrogando a cada juez: ƑEs usted corrupto, caballero? Pero sí me parece que es un poco aventurado presentar una estadística de ese género.
Otra pregunta sería: Ƒconsideró usted jueces a los señores representantes que integran las juntas de Conciliación y Arbitraje? ƑSerán acaso jueces para el señor Param Cumaraswamy los que resuelven los problemas contencioso-administrativos? ƑLos de la Comisión Federal de Competencias? ƑY tantos otros?
Habría también que preguntarse acerca de la clase de corrupción que se atribuye a los señores jueces. Porque hay de muchas clases: económica, de amistad, por ignorancia irresponsable, por consignas de entes superiores, ciertas o supuestas, y otras más.
Debo decir, y no lo invoco como mérito, que nunca en mi vida he dado una propina de esas a quien deba resolver un asunto. Actuar así me ha costado más de un cliente. Siempre les digo que si lo que buscan es comprar, que busquen a un comprador y no a un abogado. No es difícil que encuentren al comprador.
Por supuesto que algunos jueces me han resuelto asuntos de manera absurda y arbitraria, poniendo de manifiesto, por lo menos, ignorancia, aunque la balanza podría inclinarse un poco más hacia la mala fe. Sin faltar los que con flojera elegante se dejan llevar por los proyectos interesadamente preparados por un secretario de estudio y cuenta en la justicia federal, o por un proyectista en la civil y anexos, o por un modesto auxiliar dictaminador en materia laboral. Reconozco que son tantos los asuntos que los tiempos de trabajo formal no alcanzan para examinarlos todos a conciencia. Son muchos los jueces que se llevan trabajo a casa.
He dicho repetidamente que en materia laboral, uno de los problemas mayores radica en que la justicia federal que conoce de los amparos contra violaciones de procedimiento o fuera de proceso (jueces de distrito), o contra cuestiones de fondo (tribunales colegiados y eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación), no tiene un paso obligado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eso explica la notable ignorancia (hay excepciones también notables) del derecho laboral de la mayoría de sus integrantes. Las consecuencias: juzgar conforme a criterio al espíritu y la letra del derecho del trabajo.
Hace unos días fui invitado por funcionarios del Poder Judicial federal para dictar una conferencia a secretarios de estudio y cuenta, y no sé si a algún juez de distrito. El tema: la contratación colectiva. Empecé diciéndoles que mi preocupación era la falta de vinculación entre las juntas de Conciliación y Arbitraje y la justicia federal. Hablé de sus consecuencias dramáticas para nosotros los laboralistas.
Algunos de los asistentes protestaron. Decentemente, lo reconozco. Pero cuando con el mejor espíritu inegístico llevé a cabo una encuesta acerca de sus experiencias laborales, sólo uno entre alrededor de 50 dijo que conocía la materia. Vengo proponiendo, desde hace muchos años, que desaparezcan las juntas de Conciliación y Arbitraje y que sean sustituidas por jueces de lo social (asuntos laborales y de seguridad social) pertenecientes al Poder Judicial. Reconozco que lo sembrado empieza a florecer. Ya la UNT ha hecho suyo ese reclamo. Pero, precisamente, uno de los argumentos a favor es que de esa manera se establecerían necesariamente corrientes ascendentes de los jueces sociales a los de distrito, colegiados y Corte, lo que pondría remedio a la ignorancia alegada.
Es más que evidente que hay corrupción judicial, administrativa y laboral. Excesiva, por supuesto. Pero me resulta muy difícil admitir que se pueda convertir en porcentajes tan dispares como el 50 por ciento y el 70 por ciento. Faltarían informes sobre el universo considerado y las formas en que se recabó la información. Habrá que pedirlos. Investigar y, por supuesto, sancionar rotundamente a los corruptos. Que el señor Cumaraswamy le preste su lista a don Genaro Góngora Pimentel, presidente de la Corte.
