Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Miércoles 17 de abril de 2002
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Política

En muchas ocasiones se presenta una visión distorsionada de la labor de este poder, dice

Propone AN delimitar facultades del Legislativo

Plantean priístas iniciativa para hacer más eficiente el combate a la pobreza

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la bancada del PAN presentó una iniciativa -complementaria a los dos paquetes de propuestas para la reforma del Estado del mismo partido- que pretende definir claramente las facultades de este órgano legislativo.

En el planteamiento los panistas indican cómo es que el régimen de facultades residuales dispuesto por el artículo 124 de la Constitución ha orillado al Constituyente Permanente a ir adicionando diversas atribuciones expresas en favor del poder federal. Una cantidad importante de estas adiciones implican en realidad la creación de reservas de ley en favor de la Federación, lo cual, como es de entenderse, implica la exclusividad federal para legislar en las materias señaladas a lo largo de las más de 30 fracciones del artículo 73 constitucional.

"Lo anterior ha generado consecuencias de diversa índole. La intención de esta iniciativa consiste en clarificar la nomenclatura y los distintos tipos de facultades concedidas en favor del Legislativo. No debemos olvidar que en muchas ocasiones se presenta una imagen distorsionada de la función legislativa, ya que se hace creer que la única clase de obligaciones que tiene este poder tiene que ver en exclusiva con la emisión de piezas legislativas, dejando de lado otras funciones tan o más importantes", explica la propuesta.

Alberto Amador Leal, del PRI, propuso en su oportunidad una iniciativa de ley general de desarrollo social, en la que se establezcan las obligaciones del gobierno y el establecimiento de mecanismos e instituciones para el pleno disfrute de los derechos sociales; los lineamientos a los que deben sujetarse las políticas públicas dirigidas al desarrollo social para la superación de la pobreza y la exclusión social.

"Es decir, será obligatoria en la lucha contra la pobreza, en los términos de ley, la coordinación de los tres órdenes de gobierno para evitar duplicidad, ineficacia y desperdicio en el ejercicio de los recursos públicos", señala.

El Ejecutivo federal, advierte, no podrá reducir el gasto social de los programas de interés público y prioritario dirigidos a los grupos sociales vulnerables y a las regiones de atención prioritaria, si no es con la aprobación previa de la Cámara de Diputados. Serán de interés público y prioritario los programas de alimentación, educación y salud; las becas de capacitación; la construcción de infraestructura social estatal y municipal para la superación de la pobreza, y los subsidios a la vivienda de interés popular y rural, al consumo de energía eléctrica y gas doméstico, así como los dirigidos a generar oportunidades de ingreso a las familias de escasos recursos.

Zonas de atención prioritaria

Serán igualmente de interés público las zonas de atención prioritaria, que son aquellas regiones que tienen indicadores de bienestar social por debajo de la media nacional. Serán declaradas como tales por la Cámara de Diputados al aprobarse cada año el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Propone ampliar los mecanismos de participación de la sociedad en el desarrollo social. Se establece que las comisiones de Desarrollo Social -en un transitorio- y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados realizarán una consulta con los gobiernos locales y las dependencias federales, de manera previa a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2002, a efecto de revisar las fórmulas de asignación de las aportaciones federales y los ramos generales asignados al gasto social y regional, de tal suerte que se corrijan las desviaciones y se asegure lasesion_diputados_01 equidad en la asignación de recursos para, en un tiempo prudente, igualar el gasto social per cápita en todas las entidades.

A su vez, el diputado Alejandro García Sainz Arena, del Verde Ecologista, propuso una iniciativa de reformas a la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, por considerar que actualmente existe "confusión y complejidad" en el refrendo y otorgamiento de concesiones de medios electrónicos en México, "porque éstas se han otorgado con base en prebendas y negociaciones no del todo apegadas a la ley y su reglamento respectivos".

Sostuvo que con esta iniciativa el Partido Verde Ecologista pretende hacer más transparente el proceso de asignación para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, las cuales son de jurisdicción federal en todo lo relativo a la radio y la televisión, conforme al artículo 8 de la ley federal en la materia.

Recordó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de otorgar y revocar las concesiones para la operación de la transmisión de radio y televisión, y que en este proceso la sociedad mexicana no participa, aunque es la principal beneficiaria de la información y la comunicación, y debe saber si las personas interesadas en explotar este negocio, que incide directamente en los hábitos y cultura de las familias, tienen la capacidad de otorgar lo que la ciudadanía demanda.

"Es por ello que la Cámara de Diputados, como garante y corresponsable del buen manejo de los recursos públicos, debe incidir, a petición de ella, en el proceso para otorgar las concesiones y lograr con ello una mejor relación entre el gobierno federal y los particulares", sostuvo.

La propuesta adiciona un artículo 28 bis a la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue: la Cámara de Diputados, y a petición de ella, podrá intervenir de manera definitoria en el proceso de asignación de las concesiones y permisos a que se hace alusión en este capítulo.

"La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecerá el procedimiento y la discrecionalidad en que se llevará a cabo el proceso de aprobación o rechazo a dichas concesiones y permisos; la Cámara de Diputados tendrá 30 días naturales para resolver lo conducente a que hace alusión el párrafo anterior, contados a partir de la resolución de la secretaría", precisó el legislador del PVEM.

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