Apoyaron PRI y PRD; PAN y PSN, en contra

Reglamenta IFE difusión de ingresos y gastos de partidos

El acuerdo inyecta "enorme transparencia": Woldenberg

MIREYA CUELLAR

Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se adelantaron ayer al Congreso y aprobaron un reglamento para difundir la información sobre ingresos y gastos de los partidos políticos. Para empezar, el órgano acordó subir a su página electrónica los nombres de las personas (simpatizantes y militantes) y organizaciones sociales (como sindicatos) que aportaron recursos privados a los partidos durante la campaña presidencial de 2000, así como los montos.

Las listas estarán en Internet 75 días naturales después de que el Diario Oficial de la Federación publique el acuerdo tomado ayer por el Consejo General, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no opina lo contrario, dado que todos los acuerdos del IFE son "recurribles" y cualquier partido podría impugnar la decisión de ayer.

De hecho, los miembros del consejo desean que eso suceda para que el TEPJF asuma una postura sobre aspectos específicos del tema. En una resolución del pasado 31 de enero, el tribunal sentó precedente al ordenar al instituto entregar a los ciudadanos que lo soliciten información sobre manejo financiero de partidos.

Además de hacer público el financiamiento privado que reciben los partidos, el reglamento aprobado establece que se harán públicos sus estados de cuenta bancarios, sus ingresos por autofinanciamiento (sorteos, rifas, rendimientos financieros), los nombres de las personas físicas que dentro de los partidos reciben recursos por la vía de los recibos de reconocimiento por actividades políticas (con los que se paga el salario a algunos dirigentes) y los montos correspondientes, así como las transferencias de recursos desde los comités ejecutivos nacionales en la ciudad de México a los estatales y viceversa, el inventario físico de los partidos y, por supuesto, sus informes anuales de gastos y de campaña.

Las inconformidades

El acuerdo fue tomado pese a la argumentación en contra del Partido Acción Nacional, que en voz de su representante, el diputado Armando Salinas Torre, señaló que la publicación de los nombres de los donantes privados a las campañas "atenta contra la privacidad de las personas" al revelar una preferencia electoral. Convino en que no hay problema en revelar los nombres y montos de aportaciones de los militantes, no así de los simpatizantes, quienes "podrían inhibirse" ante la perspectiva de que se conozca públicamente su opción partidista.

La actitud del PRI fue totalmente contraria. Rafael Ortiz, su representante, afirmó: "Celebramos como partido el acuerdo... esto terminará con leyendas negras, mala información y situaciones de incongruencia que se manejan producto de filtraciones mal intencionadas".

Los consejeros Jesús Cantú y José Woldenberg respondieron que todos los donantes sabían desde el momento en que lo hicieron que su aportación no era anónima. "Esto está perfectamente contemplado en el artículo 49, que señala que las aportaciones deben corresponder, inclusive, con un recibo foliado, donde se señale con toda precisión los datos del aportante", dijo Cantú, quien antes de ser consejero ejercía su oficio de periodista.

Woldenberg estuvo de acuerdo en que eventualmente la donantes podrían inhibirse, lo que resultaría en "una cierta pérdida para algunos partidos", pero pidió ver la medida en conjunto porque "inyecta una enorme transparencia a las finanzas de los partidos y ayuda a trascender uno de los asuntos nodales que se discuten en México y en el mundo en relación con las finanzas partidistas".

Pablo Gómez, representante del PRD, consideró que si el IFE conoce los nombres de los donantes, ¿por qué no los puede conocer la sociedad?, además de resultar "bueno" que la publicación de la lista resulte inhibidora, "puesto que se tratará de donantes que no son consistentes o están tratando de comprar alguna voluntad hacia el futuro y no quieren que se sepa que están haciendo un donativo".

También es importante, dijo, que los miembros de los sindicatos estén enterados que el dinero de sus cuotas ha ido a parar a otro lado, porque ahí sí que no hay transparencia en la mayoría de sindicatos.

El Verde Ecologista expresó reservas con la decisión de publicar los nombres, pero el que se lo tomó como un asunto personal fue Gustavo Riojas, dirigente del Partido de la Sociedad Nacionalista ?cuestionado porque acomodó a familiares en puestos de dirección o de elección popular del partido?, quien acusó al IFE de querer obligar a los institutos políticos a transparentar todas sus operaciones pero no aplica el mismo rasero para la propia institución electoral, es decir: "cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre".

La mayoría de los miembros del consejo dijeron sentirse orgullosos del acuerdo en lo general, porque la transparencia informativa es parte de la "consolidación del sistema democrático", definió el consejero Mauricio Merino. Incluso, Sara Castellanos, del Verde, les aplaudió que consiguieran ponerse de acuerdo antes que los diputados.

Sin embargo, el consejero Jaime Cárdenas impugnó varios aspectos jurídicos del acuerdo y José Barragán estuvo de acuerdo con él en esencia, pero finalmente votó a favor. "Mi voto será en contra, no porque no celebre lo que se va a informar, sino por lo que se deja de informar", señaló el primero. Y explicó: "Con este reglamento se deja de informar algo muy importante en una democracia, que es el procedimiento", y es que el acuerdo establece que el IFE "se abstendrá de difundir información preliminar e incompleta que constituya elementos de estudio o análisis tendientes a formar el criterio conforme al cual la autoridad arribará a sus conclusiones y emitirá sus dictámenes". Esto, expuso, viola la garantía individual de los consejeros a emitir opiniones sobre los temas que están a discusión en el órgano electoral.

Cuestionó aparte que un órgano administrativo como el IFE esté reglamentando un artículo de la Constitución, cuando "cualquier reglamentación debe ser establecida en ley primero". Refirió que la Corte determinó en 1985 que la regulación del derecho a la información queda al legislador secundario, pero nunca habla de un reglamento.

Otro debate se dio en torno a los tiempos en que el IFE entregará la información. Los informes anuales de gasto y de campaña serán públicos (junto con todos sus anexos) una vez que la Comisión de Fiscalización emita un dictamen sobre dichos informes. Pablo Gómez cuestionó el temor del consejero Alonso Lujambio a que "los medios de comunicación fiscalicen a los partidos paralelamente a la comisión", a lo que este último respondió que únicamente buscan que "nos dejen trabajar".

Así, quedó en el acuerdo que toda la información sobre los partidos de que dispone el IFE se entregará 21 días naturales después de que el Consejo General haya aprobado los dictámenes consolidados correspondientes a los informes anuales y de campaña de los partidos.

En la larga sesión de ayer -se inició a las 11 de la mañana y concluyó casi a las 22 horas- se impuso una serie de multas a los partidos: al PRD por alrededor de 700 mil pesos, que fue la más alta, mientras que al PRI se le sancionó con 110 mil pesos y al PAN con 55 mil.

Al final, en asuntos generales, el consejero Cárdenas se quejó de que el IFE no esté investigando el caso PRI-Pemex, y sólo permanezca a la espera de las indagaciones de la PGR.