El Consejo de Estado aceptó informe sobre ley de partidos

Se cierra el "cerco" de Aznar para ilegalizar a Batasuna

La iniciativa podría aprobarse hoy en el Consejo de Ministros

La coalición insiste en que acudirá a ONU y Tribunal Europeo

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 18 de abril. El Consejo de Estado de España, órgano consultivo integrado por expertos de distintas disciplinas, aprobó hoy un informe favorable a la iniciativa de ley de partidos políticos redactada por el Ejecutivo del conservador José María Aznar, para ilegalizar a la coalición de la izquierda nacionlista vasca, Batasuna, considerada brazo político de ETA.

Con este informe, que se suma al redactado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todo está listo para la tramitación del proyecto de ley, que podría ser aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes.

El cerco a Batasuna, una formación que representa a 10 por ciento del electorado vasco, se estrecha después de que este órgano consultivo consideró que no hay "motivos de inconstitucionalidad" en la normativa, el último trámite antes de que el gobierno lo apruebe en el Consejo de Ministros, para posteriormente enviarlo al Congreso de los Diputados.

El texto, elaborado por Angel Acebes, ministro de Justicia, llegará al Parlamento pese a la rotunda oposición de prácticamente el resto de los grupos parlamentarios y a la advertencia de los nacionalistas vascos de que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que estudie el espíritu de la ley que, a su juicio, vulnera derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de expresión y de asociación política.

Pero además, esta ley -que sustituiría a la redactada en 1978 con el apoyo de todas las fuerzas políticas que participaron en la llamada transición democrática- dejó en evidencia la división en el seno del CGPJ. Esta instancia aprobó dos informes, uno en favor de la ley, votado por los magistrados propuestos por el gobernante Partido Popular (PP, derecha), y otro en contra, redactado por la llamada minoría progresista, contraria a uno de los artículos, el que permite que sean el gobierno, 50 diputados o 50 senadores los que propongan la disolución de otro partido político, facultad que provoca resquemores entre los expertos constitucionalistas.

El informe del Consejo de Estado aprobado este jueves sostiene que "no se observan motivos de inconstitucionalidad que impidan la tramitación del anteproyecto", al tiempo que remite la discusión final al Parlamento, "con vistas a dotar del mejor contenido a una norma tan relevante para las libertades públicas y la propia esencia de la sociedad política".

El anteproyecto del PP fue creado ad hoc para la ilegalización de Batasuna, y después de varias intentonas del propio Aznar para disolver a esta formación por medio de las autoridades europeas, que finalmente fracasaron ante la oposición de la Comisión Europea, que no incluyó a la coalición en su lista de organizaciones con vínculos terroristas.

La normativa contempla la ilegalización de un partido político que "vulnere los derechos fundamentales, los valores constitucionales, propicie el odio y la violencia y apoye el terrorismo". De aprobarse tal y como está redactada, se iniciará una "disolución patrimonial" de la coalición, es decir, se incautarán las propiedades, las cuentas bancarias y las entidades sociales dependientes del partido político, para destinar los recursos a "actividades con fines sociales o humanitarios".

Ante esta situación, Batasuna anunció que presentará una moción que pide respeto a "la pluralidad política" y que afirma que "todos los partidos tienen derecho a participar en la vida social, cultural y política de Euskal Herria en condiciones de igualdad". La coalición abertzale señaló, además, que acudirá ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sobre el tema también se pronunció el vocero socialista Juan Antonio López Aguilar, quien explicó que su partido "apuesta por la ilegalización de Batasuna, pero hay que hacerlo conforme a las reglas del estado de derecho, sin contradecir ningún principio de la Constitución".