Sólo aceptarán resultados contundentes en la indagatoria por el asesinato de Ochoa
Preocupan a ONG recurrentes agresiones a defensores
ROBERTO GARDUÑO
Organizaciones de derechos humanos y familiares de Digna Ochoa no aceptarán la hipótesis del suicidio que incorporó la procuraduría capitalina al expediente sobre el homicidio de la defensora, y exigieron a las autoridades judiciales una investigación eficaz.
Al cumplirse seis meses de la muerte de Digna Ochoa, integrantes de las organizaciones que conforman el Espacio Amplio de Derechos Humanos manifestaron preocupación ''por el actual clima de hostigamiento a los defensores y las defensoras de derechos humanos".
En las oficinas del Centro Pro de Derechos Humanos, Miguel Concha Malo, Edgar Cortez, Fernando Valadés y Miguel Alvarez denunciaron el clima de hostigamiento a defensores de derechos humanos en distintas partes del país:
"Repudiamos los hechos que atentan contra la seguridad e integridad física y mental de Bárbara Zamora y Leonel Rivero, así como de los líderes campesinos de los Loxichas; de las defensoras y los defensores que calladamente, desde sus colonias, barrios y comunidades, trabajan por un país con justicia y dignidad, y de quienes sufren todo tipo de acoso y amenazas".
El sacerdote dominico Miguel Concha difundió la reciente agresión contra una defensora: ''El 11 de abril María Guadalupe Morfín Otero, ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), recibió una amenaza de muerte por vía telefónica en su domicilio, de una voz femenina que se hizo pasar por la licenciada Lima, y cuando ella tomó la llamada dijo: 'si sigue promoviendo su amparo, la vamos a matar'''.
La preocupación por aquella llamada tiene que ver con el apellido Lima, pues la única persona con ese apelativo relacionada con el caso es la subprocuradora de Averiguaciones Previas de la PGR, María de la Luz Lima Malvido, quien "se ha mostrado sensible y preocupada por todas las personas dedicadas a la defensoría de las garantías individuales".
Sólo resultados creíbles y verificables
En rueda de prensa, representantes de los organismos pro derechos humanos hicieron un exhorto a las autoridades del Distrito Federal para que renueven sus esfuerzos en la investigación del homicidio de Digna Ochoa, de modo que se agoten todas las líneas abiertas para que se llegue a la verdad.
Reiteraron que, como sociedad civil, "sólo aceptaremos un resultado" que se ajuste rigurosamente a los siguientes criterios: que esté basado en la existencia de pruebas sólidas y contundentes; que la prueba técnica sea verificada por expertos independientes, y que la conclusión sea explicable en el contexto en el cual sucedieron los hechos, con un largo antecedente de amenazas nunca esclarecidas. Sólo en la medida en que se cumplan de manera precisa estos criterios, sólo así estaremos en condiciones de aceptar cualquier resultado que ponga fin a la investigación".
Para cumplir esas demandas se debe agotar las investigaciones hasta llegar al esclarecimiento de los hechos, y en su oportunidad, determinar la averiguación como corresponda de acuerdo con la ley procesal penal, incluyendo, desde luego, la implementación de las recomendaciones formuladas por el doctor Díaz; mantener la continuidad del actual equipo de investigación bajo la responsabilidad del subprocurador Sales Heredia; asegurar el estricto resguardo de la evidencia y las actuaciones que integran el expediente para evitar nuevas filtraciones de la información que ahí se contenga, y hacer efectiva la corresponsabilidad y cooperación del gobierno federal para con la tarea de la procuraduría capitalina.
La conclusión de los representantes de las organizaciones civiles fue que ''la situación que viven los defensores y las defensoras de derechos humanos exige de una investigación eficaz de cada uno de los hechos denunciados y protección efectiva para ellos, construidos a partir de la interlocución ágil entre el gobierno federal y las organizaciones civiles, así como de la construcción de la agenda nacional de derechos humanos, en la cual se debe asegurar, entre otros temas, la reforma de los órganos de procuración y administración de justicia de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos".
Por otra parte Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la abogada Digna, demandó al Congreso federal una reforma urgente a la Ley de Defensa Nacional "para que el castigo a los militares que cometan delitos esté en manos de tribunales civiles. Hasta ahora no se quiere tocar al Ejército, porque no se quiere demostrar ante el mundo que en México existe la impunidad".
El familiar de la defensora de derechos humanos estuvo acompañado por Tom Hansen, expulsado del país en 1997 por el gobierno de Ernesto Zedillo, de la Red de Solidaridad Mexicana; Craig Adair, de Global Exchange; Antonio Medrano, de Amnistía Internacional, y Tom Griffin, de la Red de Abogados Internacionales.
