La comunidad internacional, pendiente del caso, asegura representante de la ONU
No será fácil encubrir el asesinato de Digna: Jilani
Los ataques contra defensores de derechos humanos en México ahora son más crudos, dice
KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL
Ginebra, 19 de abril. "Cualquier intento por ocultar o encubrir la fuente actual del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido no será fácil. Las investigaciones, aunque gubernamentalmente se califiquen de transparentes, serán vistas con determinada atención no solamente por los defensores de las garantás individuales en México, sino de la comunidad internacional", aseguró Hina Jilani, representante especial del secretario general de la ONU para la protección de los defensores de derechos humanos.
"No soy la única que permanece atenta a la investigación" -dijo en entrevista con La Jornada-, están también los relatores especiales sobre violencia contra mujeres (Radhika Coomaraswamy), independencia de jueces y abogados (Dato Param Cumaraswamy) y la de ejecuciones extrajudiciales (Asma Jahangir), además de la propia alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Mary Robinson.
Jilani no quiso comentar sobre "los rumores o las razones" de la muerte de la abogada Ochoa, incluyendo aquella de la tesis de suicidio. Importa por ahora, dijo, que la investigación se agilice y los responsables sean llevados ante la justicia, y apreció la intención del gobierno de Vicente Fox de invitar a investigadores independientes a participar en el esclarecimiento del caso.
A su juicio, "el gobierno tiene la seria necesidad de ofrecer una explicación válida sobre el asesinato de la defensora, porque tenía suficientes alertas de los riesgos por los que estaba atravesando y que su vida se encontraba en grave riesgo; sin embargo, no tomó las precauciones necesarias y adecuadas para protegerla".
Jilani, enterada del asesinato de Digna Ochoa el 19 de octubre de 2001 (mientras se encontraba en una misión en Colombia) emitió, junto con los relatores sobre violencia contra mujeres y de independencia de jueces y abogados, una declaración de condena. Desde entonces, agregó, el gobierno mexicano la tiene al corriente de las pesquisas judiciales, "comunicaciones que agradezco, pero ello no quiere decir que las explicaciones me sean satisfactorias o que las medidas para defender la integridad física y síquica de los defensores sean las adecuadas" añadió.
Respecto de la situación de los defensores de derechos humanos en México, a la cual Jilani había hecho referencia como "vulnerable" en sus comunicaciones al gobierno, indicó que "de acuerdo con el número de quejas" se ha notado una "reducción marginal", pero ahora los abusos son mucho más crudos.
Citó como ejemplo el hecho de victimizar a las mujeres defensoras, lo que se evidencia con el asesinato de la abogada Ochoa y Plácido, pero también a los defensores de migrantes, ecologistas, campesinos, indígenas, intelectuales, académicos y religiosos, a quienes se espera silenciar.
"México debe hacer mucho más en el reforzamiento de las instituciones y en la lucha contra la impunidad, para que pudiera decirse que la situación ha cambiado", concluyó la representante especial de Kofi Annan.
El informe
El capítulo sobre México en el informe de Jilani ocupa 53 gruesos párrafos para denunciar no menos de 25 casos múltiples de violaciones a los derechos de defensores, sobre todo militantes de organismos no gubernamentales, así como sobre las respuestas enviadas por el gobierno.
Un centenar de nombres cita el documento relacionado con activistas de las organizaciones Sin Fronteras, Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petetlán y Coyuca de Catalán, Centro Fray Bartolomé de las Casas, Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Red Nacional Mexicana de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, entre otros.
Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, acosos de todo tipo, amenazas de muerte, destrucción de propiedades, desapariciones forzadas y tortura contra mujeres, sindicalistas, ecologistas, maestros, indígenas, campesinos y periodistas, todos ellos relacionados con la causa de la protección de los derechos humanos.
México, que mantiene una invitación abierta para la visita de relatores especiales y presidentes de organismos internacionales de derechos humanos, invitó a Jilani el 31 de octubre del año pasado, pero la misión pudiera efectuarse en un futuro cercano, quizá antes de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, en 2003.