Hay cuatro líneas de investigación relativas a militares, entorno social y suicidio
Cerca, el esclarecimiento del caso Digna: Bátiz
Encomia el procurador la atención que organismos internacionales prestan al tema
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal mantiene abiertas cuatro líneas de investigación en el caso Digna Ochoa; dos involucran a militares, otra al entorno familiar y social, y la cuarta es la del suicidio.
Bernardo Bátiz Vázquez, titular de la dependencia, aseguró: ''estamos ya muy cerca del final'', aunque aclaró que falta practicar algunas diligencias sugeridas por el consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Díaz Romero.
Acerca del rechazo que ha generado en la familia de la abogada y en organismos civiles la hipótesis del suicidio, el funcionario señaló que la dependencia no puede hacer a pedido ni someter a votación las líneas de investigación.
En un principio, dijo que la línea más consistente era la relativa a la participación de miembros del Ejército en Guerrero, pero la hipótesis del suicidio, que no estaba originalmente, surgió de la investigación y se incorporó; ''hubiese sido una irresponsabilidad no hacerlo''.
De las indagatorias iniciales, indicó, se mantiene la de los militares, por la actuación de la abogada en el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, pues ''en el proceso a estas personas se logró establecer mediante el interrogatorio de Ochoa que los militares retuvieron a los acusados en un lugar distinto al reclusorio y no los pusieron de inmediato a disposición de la autoridad judicial; lo anterior dio motivo a un proceso de los interrogados ante la justicia militar''.
La otra línea que apunta hacia el Ejército se debe al último viaje que la defensora hizo a Guerrero, luego de que regresó a México de Estados Unidos, unos 10 días antes de su muerte. Durante su estancia en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, donde acudió para defender a campesinos de la región, ''fue seguida por una partida militar; ella misma tomó a algunos de sus elementos con cámara de video''.
La otra línea de investigación es ''la que denominamos de entorno familiar y social, que tiene que ver con su testamento, sus relaciones laborales y su novio''.
Bátiz Vázquez aseguró que en las indagatorias ninguna de las cuatro líneas está por arriba de otra; ''ha sido exhaustiva y podemos estar ciertos de que no se ha dejado nada al azar ni se ha descuidado ninguna línea''.
''El ofrecimiento que hacemos a la sociedad y a los medios de comunic
ación es que continuaremos con nuestro trabajo hasta concluir. Buscaremos la verdad histórica como meta de la investigación; no fabricaremos de ninguna manera culpables o sospechosos sin fundamento en los hechos'', afirmó el procurador capitalino.
Por su parte, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia, quien está al frente de la investigación, informó que en respuesta a la sugerencia planteada por la misma dependencia en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de incorporar a uno o varios peritos en criminalística a la investigación, organizaciones civiles elaboraron ya una lista de seis candidatos.
El grupo de peritos se integraría con el consultor de la CIDH, Díaz Romero, quien es un especialista en investigaciones a violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y aun cuando ya dio un punto de vista sobre el trabajo de la dependencia en este caso, ésta pretende tener una opinión directa sobre los dictámenes periciales y criminalísticos del caso.
Bátiz destacó la coadyuvancia y la vigilancia que sobre la averiguación previa han tenido organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CIDH, defensores, legisladores y familiares de Digna.
Previamente, el procurador capitalino se reunió con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que preside la diputada Enoé Uranga.
Al salir de la oficina del procurador, la legisladora dijo que asistieron a una presentación muy completa de la visión de la PGJDF, pero señaló que prefiere tener el punto de vista del experto internacional que imparcialmente desahogue las dudas sobre la investigación.
''Una convicción con la que me voy es que es necesaria la intervención de este experto ajeno e imparcial. Hay avance en alguna de las líneas de investigación; lo que habrá que entender con la visita del experto internacional es si está el avance por el camino que tiene que estar''.
Sólo aceptarán resultados contundentes en la indagatoria por el asesinato de Ochoa
Preocupan a ONG recurrentes agresiones a defensores
ROBERTO GARDUÑO
Organizaciones de derechos humanos y familiares de Digna Ochoa no aceptarán la hipótesis del suicidio que incorporó la procuraduría capitalina al expediente sobre el homicidio de la defensora, y exigieron a las autoridades judiciales una investigación eficaz.
Al cumplirse seis meses de la muerte de Digna Ochoa, integrantes de las organizaciones que conforman el Espacio Amplio de Derechos Humanos manifestaron preocupación ''por el actual clima de hostigamiento a los defensores y las defensoras de derechos humanos".
En las oficinas del Centro Pro de Derechos Humanos, Miguel Concha Malo, Edgar Cortez, Fernando Valadés y Miguel Alvarez denunciaron el clima de hostigamiento a defensores de derechos humanos en distintas partes del país:
"Repudiamos los hechos que atentan contra la seguridad e integridad física y mental de Bárbara Zamora y Leonel Rivero, así como de los líderes campesinos de los Loxichas; de las defensoras y los defensores que calladamente, desde sus colonias, barrios y comunidades, trabajan por un país con justicia y dignidad, y de quienes sufren todo tipo de acoso y amenazas".
El sacerdote dominico Miguel Concha difundió la reciente agresión contra una defensora: ''El 11 de abril María Guadalupe Morfín Otero, ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), recibió una amenaza de muerte por vía telefónica en su domicilio, de una voz femenina que se hizo pasar por la licenciada Lima, y cuando ella tomó la llamada dijo: 'si sigue promoviendo su amparo, la vamos a matar'''.
La preocupación por aquella llamada tiene que ver con el apellido Lima, pues la única persona con ese apelativo relacionada con el caso es la subprocuradora de Averiguaciones Previas de la PGR, María de la Luz Lima Malvido, quien "se ha mostrado sensible y preocupada por todas las personas dedicadas a la defensoría de las garantías individuales".
Sólo resultados creíbles y verificables
En rueda de prensa, representantes de los organismos pro derechos humanos hicieron un exhorto a las autoridades del Distrito Federal para que renueven sus esfuerzos en la investigación del homicidio de Digna Ochoa, de modo que se agoten todas las líneas abiertas para que se llegue a la verdad.
Reiteraron que, como sociedad civil, "sólo aceptaremos un resultado" que se ajuste rigurosamente a los siguientes criterios: que esté basado en la existencia de pruebas sólidas y contundentes; que la prueba técnica sea verificada por expertos independientes, y que la conclusión sea explicable en el contexto en el cual sucedieron los hechos, con un largo antecedente de amenazas nunca esclarecidas. Sólo en la medida en que se cumplan de manera precisa estos criterios, sólo así estaremos en condiciones de aceptar cualquier resultado que ponga fin a la investigación".
Para cumplir esas demandas se debe agotar las investigaciones hasta llegar al esclarecimiento de los hechos, y en su oportunidad, determinar la averiguación como corresponda de acuerdo con la ley procesal penal, incluyendo, desde luego, la implementación de las recomendaciones formuladas por el doctor Díaz; mantener la continuidad del actual equipo de investigación bajo la responsabilidad del subprocurador Sales Heredia; asegurar el estricto resguardo de la evidencia y las actuaciones que integran el expediente para evitar nuevas filtraciones de la información que ahí se contenga, y hacer efectiva la corresponsabilidad y cooperación del gobierno federal para con la tarea de la procuraduría capitalina.
La conclusión de los representantes de las organizaciones civiles fue que ''la situación que viven los defensores y las defensoras de derechos humanos exige de una investigación eficaz de cada uno de los hechos denunciados y protección efectiva para ellos, construidos a partir de la interlocución ágil entre el gobierno federal y las organizaciones civiles, así como de la construcción de la agenda nacional de derechos humanos, en la cual se debe asegurar, entre otros temas, la reforma de los órganos de procuración y administración de justicia de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos".
Por otra parte Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la abogada Digna, demandó al Congreso federal una reforma urgente a la Ley de Defensa Nacional "para que el castigo a los militares que cometan delitos esté en manos de tribunales civiles. Hasta ahora no se quiere tocar al Ejército, porque no se quiere demostrar ante el mundo que en México existe la impunidad".
El familiar de la defensora de derechos humanos estuvo acompañado por Tom Hansen, expulsado del país en 1997 por el gobierno de Ernesto Zedillo, de la Red de Solidaridad Mexicana; Craig Adair, de Global Exchange; Antonio Medrano, de Amnistía Internacional, y Tom Griffin, de la Red de Abogados Internacionales.
La comunidad internacional, pendiente del caso, asegura representante de la ONU
No será fácil encubrir el asesinato de Digna: Jilani
Los ataques contra defensores de derechos humanos en México ahora son más crudos, dice
KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL
Ginebra, 19 de abril. "Cualquier intento por ocultar o encubrir la fuente actual del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido no será fácil. Las investigaciones, aunque gubernamentalmente se califiquen de transparentes, serán vistas con determinada atención no solamente por los defensores de las garantás individuales en México, sino de la comunidad internacional", aseguró Hina Jilani, representante especial del secretario general de la ONU para la protección de los defensores de derechos humanos.
"No soy la única que permanece atenta a la investigación" -dijo en entrevista con La Jornada-, están también los relatores especiales sobre violencia contra mujeres (Radhika Coomaraswamy), independencia de jueces y abogados (Dato Param Cumaraswamy) y la de ejecuciones extrajudiciales (Asma Jahangir), además de la propia alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Mary Robinson.
Jilani no quiso comentar sobre "los rumores o las razones" de la muerte de la abogada Ochoa, incluyendo aquella de la tesis de suicidio. Importa por ahora, dijo, que la investigación se agilice y los responsables sean llevados ante la justicia, y apreció la intención del gobierno de Vicente Fox de invitar a investigadores independientes a participar en el esclarecimiento del caso.
A su juicio, "el gobierno tiene la seria necesidad de ofrecer una explicación válida sobre el asesinato de la defensora, porque tenía suficientes alertas de los riesgos por los que estaba atravesando y que su vida se encontraba en grave riesgo; sin embargo, no tomó las precauciones necesarias y adecuadas para protegerla".
Jilani, enterada del asesinato de Digna Ochoa el 19 de octubre de 2001 (mientras se encontraba en una misión en Colombia) emitió, junto con los relatores sobre violencia contra mujeres y de independencia de jueces y abogados, una declaración de condena. Desde entonces, agregó, el gobierno mexicano la tiene al corriente de las pesquisas judiciales, "comunicaciones que agradezco, pero ello no quiere decir que las explicaciones me sean satisfactorias o que las medidas para defender la integridad física y síquica de los defensores sean las adecuadas" añadió.
Respecto de la situación de los defensores de derechos humanos en México, a la cual Jilani había hecho referencia como "vulnerable" en sus comunicaciones al gobierno, indicó que "de acuerdo con el número de quejas" se ha notado una "reducción marginal", pero ahora los abusos son mucho más crudos.
Citó como ejemplo el hecho de victimizar a las mujeres defensoras, lo que se evidencia con el asesinato de la abogada Ochoa y Plácido, pero también a los defensores de migrantes, ecologistas, campesinos, indígenas, intelectuales, académicos y religiosos, a quienes se espera silenciar.
"México debe hacer mucho más en el reforzamiento de las instituciones y en la lucha contra la impunidad, para que pudiera decirse que la situación ha cambiado", concluyó la representante especial de Kofi Annan.
El informe
El capítulo sobre México en el informe de Jilani ocupa 53 gruesos párrafos para denunciar no menos de 25 casos múltiples de violaciones a los derechos de defensores, sobre todo militantes de organismos no gubernamentales, así como sobre las respuestas enviadas por el gobierno.
Un centenar de nombres cita el documento relacionado con activistas de las organizaciones Sin Fronteras, Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petetlán y Coyuca de Catalán, Centro Fray Bartolomé de las Casas, Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Red Nacional Mexicana de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, entre otros.
Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, acosos de todo tipo, amenazas de muerte, destrucción de propiedades, desapariciones forzadas y tortura contra mujeres, sindicalistas, ecologistas, maestros, indígenas, campesinos y periodistas, todos ellos relacionados con la causa de la protección de los derechos humanos.
México, que mantiene una invitación abierta para la visita de relatores especiales y presidentes de organismos internacionales de derechos humanos, invitó a Jilani el 31 de octubre del año pasado, pero la misión pudiera efectuarse en un futuro cercano, quizá antes de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, en 2003.
