No atiende Laguna Verde ni derrames de petróleo

A 10 años de creada, la Profepa "tiene poco rango de acción", dice su titular

CAROLINA GOMEZ MENA

Al admitir que "el burócrata no puede hacer más que lo que la ley le permite" y que la justicia, incluso la ambiental es "lenta pero justa", José Campillo García, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señaló que sería "deseable" que este órgano descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) contara con "mayor autonomía", ya que así sus decisiones tendrían "mayor credibilidad" y de paso se podría tener mayor presupuesto.

Entrevistado en el contexto del ciclo de conferencias "Hacia una nueva procuración de justicia ambiental", el funcionario agregó que contar con "una figura de autonomía" posicionaría a la Profepa de mejor manera ante la población, pues mejoraría "la percepción social" de sus intervenciones y es "probable" que se trabaje mejor.

Campillo García también comentó que a 10 años de creado este organismo algunas de las necesidades para darle peso a la Profepa son "fortalecerla, realizar algunas modificaciones legales y orientaciones de políticas", pues "a veces sufrimos de la incomprensión, se nos pide demasiado, y no en todo somos competentes", se justificó ante los reclamos de Raúl Benet, director ejecutivo de Greenpeace México, quien durante el foro fustigó el hecho de que la Profepa "no haga nada" en temas como "la contaminación emitida por la planta nu-cleoeléctrica de Laguna Verde, el ingreso de maíz transgénico al país y los problemas generados por el complejo Pajaritos".

Campillo celebró la crítica que se le hizo a la Profepa, por la "frescura" de ésta; sin embargo, admitió que el organismo que dirige tiene poco rango de acción, pues "no podemos atender los derrames (de petróleo), porque no estamos facultados para ver descargas de agua; en Laguna Verde no tenemos facultades en materia de energía nuclear, y en transgénicos la encargada de la importación de maíz es la Sagarpa".

Según el procurador ambiental ayudaría a la Profepa en su actuación tener más recursos, "porque estamos viviendo problemas presupuestales severos". Su propuesta es que para el próximo año, "por lo menos se triplique", puesto que actualmente sólo cuenta con "600 millones de pesos para atender a 32 delegaciones en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados".

Ante la sugerencia de Greenpeace de que la Profepa sea remplazada, o bien apoyada por una comisión nacional de derecho ambiental, que "esté más cerca del Legislativo que del Ejecutivo", Campillo sugirió que crear otro aparato burocrático no sería la solución para hacer más ágil y eficiente la procuración de justicia ambiental.

Por su parte, Rubén Olvera y Aguilar, fiscal especial para la atención de delitos ambientales de la Procuraduría General de la República, coincidió con esa postura pues dijo que establecer la figura de un ombudsman sería una "exageración", ya que en lugar de acelerar el ritmo de las denuncias y del ejercicio de la acción penal, lo complicaría.