Setravi nos responsabiliza de errores, afirman
Hay ley mordaza en el programa de remplacamiento: ex empleados
LAURA GOMEZ FLORES
El gobierno capitalino no sólo aplica la ley mordaza a los jóvenes que laboran en los módulos de remplacamiento, para evitar la divulgación de los problemas que registra el programa, sino los obliga, en caso de rescisión administrativa, a pagar daños y perjuicios, y los hace responsables de los casos de negligencia, impericia o dolo que se presenten.
Además, en los contratos de prestación de servicios profesionales establecidos entre las autoridades de Transporte y Vialidad y capturistas, microfilmadores y examinadores, se establece la posibilidad de suspender temporalmente los servicios y el pago consecuente en cualquier momento, por causas justificadas o por razones "de interés general".
El documento, del cual nunca han tenido copia los trabajadores de los módulos, prevé la obligación de que conozcan la Ley de Adquisiciones y el Código Civil del Distrito Federal, para no incurrir en anomalías; y la dependencia se compromete a pagar dentro de los cinco días hábiles posteriores al vencimiento de la parcialidad señalada, lo cual nunca ha sucedido, pese a contar con los recursos financieros.
En los oficios DPPSTV/195/01 y DPPSTV/216/01 de fecha 30 y 24 de abril del año pasado, emitidos por la subsecretaría de Egresos se observa que se contaba con suficiencia presupuestal en la partida 3301, "asesoría y apoyo", para cumplir con el pago de salarios del 16 de mayo al 31 de agosto, como se tenía establecido.
Los empleados recibirían en total por los servicios contratados 13 mil 333.32 pesos menos las retenciones de ley, más el impuesto al valor agregado, que sería cubierto en mensualidades por la Setravi, pero los atrasos en el arranque del programa, los problemas para capturar la información y microfilmarla y la imposibilidad de verificar los datos por carencia de material generaron que ese dinero lo recibieran "a cuentagotas y con amenazas de mantenernos callados para no ser despedidos".
En todo momento, señalaron ex trabajadores, se hace alusión a la cláusula séptima del contrato, donde se establece que "no podrán divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los productos, datos y resultados obtenidos de los trabajos del programa sin la autorización expresa del DF, de quien son propiedad"; ni tampoco su situación laboral.
La ley, dijeron, "no puede protegernos porque no contamos con el contrato firmado al calce por la ex secretaria de Transporte, Jenny Saltiel, y el director de Regulación al Transporte, Alejandro Ordorica, lo cual es violatorio de la ley; se sigue suscribiendo este documento aun cuando hubo cambio de titular y continúan las dilaciones para no pagar a otros jóvenes despedidos".
A ello se suma "la responsabilidad que nos embolsamos en caso de que haya errores en el programa, cuando éstos fueron del conocimiento de nuestros jefes de manera inmediata y nunca actuaron, para dar la falsa imagen de que el programa es un éxito, cuando es un verdadero caos", señalaron.
