Falso, que la CFE no podrá abastecer el mercado mexicano, asegura Bartlett

Propone el PRD someter a juicio político a Ernesto Martens por firmar decreto de apertura eléctrica

Pese a críticas, perredistas y priístas seguirán afinando iniciativas para restructurar el sector

Legisladores del tricolor y del sol azteca aplauden la resolución de la Suprema Corte

RENATO DAVALOS, ANDREA BECERRIL Y JUAN MANUEL VENEGAS

La directiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que encabeza Rosario Robles, planteó someter a juicio político al secretario de Energía, Ernesto Martens, por haber firmado el decreto que pretendía abrir la puerta a la privatización del sector eléctrico, el cual, según el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es inconstitucional.

En tanto, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PRD intensificarán los trabajos para restructurar el sistema eléctrico mexicano, con miras a mejorar su funcionamiento para que pueda prestar un mejor servicio público, sin necesidad de reformar la Constitución.

Los senadores priístas Manuel Bartlett y Genaro Borrego, además del perredista Jesús Ortega, advirtieron que, pese a las presiones de la cúpula empresarial, van a continuar con los trabajos en torno a las iniciativas presentadas por sus bancadas, las cuales están encaminadas a dar autonomía financiera y de gestión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Bartlett insistió en que a partir de la resolución de la SCJN los legisladores deberán hacer definiciones centrales para que no se continúe violando la Constitución. Y desechó las críticas que han formulado algunos dirigentes de la cúpula empresarial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el sentido de que la CFE no podrá abastecer el mercado mexicano.

"Eso no es cierto. La CFE es una empresa que va a vender este año más de 130 mil millones de pesos. Es totalmente autosuficiente", señaló.

Igualmente, Genaro Borrego, senador del PRI, expuso que la iniciativa presentada por su bancada busca mantener como estratégico el servicio público de electricidad.

A su vez, el perredista Jesús Ortega dijo que todos deben respetar el resolutivo de la Corte, sobre todo aquellos que siempre han exigido vivir en un estado de derecho "pero cuando se empieza a respetar la Constitución pegan el grito en el cielo".

Tal parece, dijo, que la legalidad a la que se refieren algunos es únicamente la que beneficia sus intereses económicos y políticos. "La resolución de la Suprema Corte, además de ser muy valiente, es de gran trascendencia histórica, porque impide que se viole la Constitución, así sea el Presidente quien lo haga."

En tanto, entrevistado durante la clausura de la segunda Cumbre de Organizaciones Empresariales de Europa y América Latina, el presidente del Senado de la República, Diego Fernández de Cevallos, advirtió que en el debate legislativo para la reforma eléctrica "habrá que tomar muy en cuenta" el fallo de la Corte. Cualquier decisión que venga, manifestó, tiene que pasar por lo dicho por el más alto tribunal del país, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de lo que se apruebe, máxime tratándose de una reforma contitucional, que es lo que se requiere en este caso.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes, festejó el fallo de la Corte, ya que "es fiel reflejo de la división de poderes". Eso es democracia, aseveró.

Al mismo tiempo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD estableció que el secretario de Energía, Ernesto Martens, es susceptible de ser sometido a juicio político, porque fue quien refrendó el decreto que dio vida al reglamento de la ley eléctrica que la Corte determinó es violatorio de tres preceptos constitucionales.

Simultáneamente, el Partido del Trabajo (PT) informó que el próximo lunes los legisladores petistas presentarán en San Lázaro la demanda de juicio político contra el canciller Jorge G. Castañeda.

El comité perredista planteó que el mismo texto constitucional define que al Presidente de la República no puede fincársele responsabilidad política, pero sí a sus secretarios del despacho. En el caso de Martens, precisó, hay una responsabilidad que se deriva de haber firmado el decreto respectivo a sabiendas de que era violatorio de varios artículos constitucionales.

Por la mañana, Rosario Robles, Raymundo Cárdenas, Martí Batres y Jesús Ortega, junto con un grupo de asesores, se reunieron para definir las propuestas legislativas que en el ámbito de la reforma del Estado habrán de presentar la próxima semana al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.