Consternadas, ONG denuncian que Washington presionó a la cancillería

México retira proyecto de resolución para proteger los derechos humanos en la lucha antiterrorista

La delegación nacional argumentó en Ginebra que faltan mayores consultas respecto del texto

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 26 de abril. México retiró su proyecto de resolución sobre la protección de los derechos humanos en el combate al terrorismo, que esta tarde iba a ser votada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, antes del cierre de su 58 sesión anual.

En el anuncio de retiro de la proyectada resolución la delegación de México argumentó la necesidad de mayores consultas respecto del texto.

Sin embargo, ONG presumieron que detrás de la decisión de México de retirar el texto hubo fuertes presiones, sobre todo de Estados Unidos y países como Argelia. Según Amnistía Internacional (AI), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch, la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales y la Comisión Internacional de Juristas, además de las presiones estadunidenses México hubo de padecer la ruptura del apoyo europeo cuando España, Francia y Reino Unido se mostraron débiles para seguir sosteniendo una posición abiertamente criticada por Washington y, finalmente, el rechazo abierto de un reducido grupo de países islámicos lidereados por Argelia y Arabia Saudita.

Técnicamente, el origen del retiro de la propuesta mexicana, apoyada primero por 20 países y luego por dos más (Nueva Zelanda y Nigeria) fue la pérdida del consenso, política que se ha puesto de moda en la comisión para proceder a votaciones de temas difíciles y que ha estado siendo criticada abiertamente por ONG y por la alta comisionada Mary Robinson, según sus declaraciones al cierre de los trabajos de la comisión.

La iniciativa, por la que la delegación mexicana cabildeó duramente al menos cuatro semanas y para la cual había obtenido antes registro formal como propuesta y presentación (autoría) del país -único en asumir este liderazgo en el momento político actual, según reconocimiento de organizaciones no gubernamentales (ONG)-, hubiese sido el mejor instrumento para velar por la protección de un número creciente de grupos sociales desprotegidos desde los atentados en Estados Unidos en septiembre pasado.

La desilusión de organismos internacionales de los derechos humanos fue grande, pero reconocieron la "valiente posición de México" hasta el último momento.

Según el proyecto L.110, "Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo", las medidas tomadas por los estados y la comunidad internacional para combatir el terrorismo hubiesen estado sujetas a un mecanismo de inspección que vigilaría el respeto a los derechos humanos y garantías fundamentales, y a las legislaciones humanitarias, incluyendo las de refugio y asilo; hubiese permitido la elaboración, por parte de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, de recomendaciones específicas a los estados para que en la lucha antiterrorista los derechos fueran permanentemente protegidos; hubiese examinado el impacto del combate al terror en la promoción y defensa de los derechos humanos.

La decisión mexicana representó que "la comisión cerró seis semanas de muy difíciles trabajos con una enorme brecha en la tarea de proteger los derechos humanos en el combate al terrorismo", denunciaron ONG. No haberlo hecho pone en entredicho la posición del órgano de la ONU, puesto que el lunes 22 aprobó una resolución en la que, de hecho, legitima el poder de los estados para combatir el terror y el financiamiento de redes terroristas.

Robinson consideró -en declaraciones a la prensa- que independientemente de resoluciones, su mandato es velar permanentemente por la protección y promoción de los derechos humanos.

El argumento de la falta de consenso para el retiro de la propuesta fue criticado por la FIDH: "El consenso no debe ser argumento para evitar someter a votación un tema de enorme importancia y en el que el debate, tanto como la acción, se hace necesario".

Las ONG expresaron su "absoluta consternación" porque con el retiro de la resolución "la comisión fracasó en su mandato de imponer el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terror", según declaraciones de AI y Human Rights Watch. El que se hubiese evitado que la protección de los derechos humanos fuera permanente y válida incluso en la lucha antiterrorista silenció a la comisión, lo que resulta, según las ONG citadas, como "señal alarmante de lo que puede pasar, pues todo estará permitido e incluye el uso de leyes antiterroristas para justificar represión de activistas y opositores, de defensores de derechos humanos, de religiosos, de minorías indígenas y de migrantes".

La resolución mexicana "pudo haber sido una excelente excepción al resultado ineficiente, parcializado, politizado y cuestionado de la 58 comisión", adujeron.

La FIDH consideró la acción comprensible dadas las presiones, y lamentó que no se hubiese procedido a someterla a votación dado que, según sus cuentas propias, tenía asegurada la mayoría de votos.

Las negociaciones antes de someter el texto a votación fracasaron cuando España, presidente de la Unión Europea y coordinador del cabildeo con los países de la Organización de la Conferencia Islámica, no pudo impedir una enmienda de Argelia.

La opinión argelina consideraba que el texto previamente consensuado por México era "legalmente improcedente", porque cuando los terroristas matan a civiles, no pueden ser protegidos en aras del respeto a los derechos humanos; "la defensa de los derechos humanos es una tarea exclusiva de los estados" afirmó.

Según delegados consultados entre los 53 miembros, México tenía un amplio margen de apoyo para que la resolución fuera adoptada, inclusive mediante la derrota previa de la moción argelina, contando con los votos de América Latina y el Caribe, de la mayoría de miembros de Africa y Asia y de entrada, puesto que patrocinaron el proyecto mexicano, nada menos que de 17 países europeos.

"México tuvo la oportunidad y la dejó pasar, porque fue puesto en una situación donde inevitablemente tuvo que sucumbir a las presiones de Estados Unidos", dijeron a La Jornada representantes de estas organizaciones internacionales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron que las presiones a México se hicieron desde la embajada estadunidense hacia la cancillería "porque es la práctica normal".

Las ONG internacionales señalaron a Argelia, Egipto, India, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita, porque les ataría las manos en su política de represión de disidentes; Estados Unidos, en su cabildeo para el retiro del proyecto mexicano argumentó que limitaría la acción del Consejo de Seguridad y daría espacio a la crítica de la manera en que conduce la lucha antiterrorista, y la Unión Europea, particularmente España, Francia y Reino Unido, que fracasaron en mantenerse unidos en el criterio de evitar, mediante un mecanismo, que el combate al terrorismo sirva de justificación para violaciones de los estados a los derechos humanos.

"Lo menos que quieren estos países es un mecanismo que les controle la lucha antiterrorismo o los obligue a rendir cuentas", agregaron.

México presentó el 22 de abril el proyecto de resolución L.110 con el patrocinio de 20 países, la mayoría occidentales, e incluyendo dos miembros del Consejo de Seguridad: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Croacia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, República Checa, Reino Unido, Suecia y Suiza. Y junto con México, Brasil, Chile y Ecuador. Posteriormente logró el copatrocinio de Nueva Zelanda y Nigeria.