El magistrado requiere más información sobre la operación de Probursa

Piden al juez Garzón solicitar al gobierno mexicano investigar la venta de Bancomer

Vinculan al secretario de Hacienda español con las negociaciones efectuadas en México

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 26 de abril. La Fiscalía Anticorrupción (FA) española, que investiga el presunto fraude financiero perpetrado durante 13 años por la ex cúpula del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que envíe lo antes posible una "comisión rogatoria" a las autoridades mexicanas para abrir una investigación a fondo sobre la compra de Probursa, en 1992, y de la supuesta participación de Estanislao Rodríguez Ponga, actual secretario de Hacienda español, entonces asesor fiscal de la entidad.

Garzón decidió imputar en su auto ayer a 24 ex directivos del BBVA, entre ellos a su ex presidente Emilio Ybarra, quienes podrían haber incurrido en los delitos de blanqueo de capitales, evasión fiscal, cohecho y falsedad documental.

El caso BBVA tiene abiertos varios frentes en los tribunales, ya que hasta ahora la investigación es estrictamente judicial debido a la negativa rotunda del gobierno español, del conservador José María Aznar, a poner en marcha una comisión parlamentaria que disipe las responsabilidades políticas.

Sin embargo, las indagaciones de la FA sobre las operaciones realizadas en las cuentas secretas multimillonarias que mantenía la entidad en paraísos fiscales (Jersey, Puerto Rico, Lechstenstein y Gran Caimán) arrojan varias hipótesis, entre ellas el pago de comisiones a partidos políticos -españoles y latinoamericanos-, el blanqueo de dinero procedente de las mafias del narcotráfico mexicanas y colombianas y la creación de un complejo sistema de ingeniería fiscal y financiero para la evasión de capitales.

Garzón decidió ayer imputar a 24 ex directivos del banco, al tiempo que rechazó la petición del fiscal de hacer lo mismo con Rodríguez Ponga y José Ignacio Gorigolzarri, actual número dos del banco.

Ante esta situación, la fiscalía, que preside Carlos Jiménez Villarejo, presentó un recurso de apelación ante el juez, que deberá ser resuelto por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en la que solicita la imputación del funcionario español y que se traslade cuanto antes la investigación al resto de los países implicados.

El texto del auto de la fiscalía sostiene que "la declaración de un testigo resulta adecuada para decidir el libramiento impostergable de comisiones rogatorias a las autoridades judiciales gubernamentales de la República del Perú, México, Gran Caimán, Suiza, Venezuela, y para ampliar la comisión rogatoria en su día cursada a Puerto Rico".

El fiscal explica además que Rodríguez Ponga participó de forma directa en la operación de adquisición de la mexicana Probursa, época en la que fungía como asesor fiscal, al tiempo que lo señala como el autor de un "manual de productos fiduciarios", diseñado para captar clientes con abundante capital, que fomentaba la evasión fiscal.

Mientras tanto, los opositores Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU) exigieron de nuevo la dimisión de Rodríguez Ponga.

El portavoz de la coalición IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, exigió a Rodríguez Ponga que comparezca ante la Cámara para explicar su labor como asesor fiscal del BBV e insistió en que, independientemente de que sea imputado o no por la justicia, "se ha dado una incompatibilidad muy seria entre sus trabajos anteriores y su responsabilidad actual".

Alcaraz ha añadido que, después de que la mayoría del Congreso rechazara ayer la creación de una comisión investigadora sobre este caso, será necesario fiscalizar parlamentariamente las posibles responsabilidades políticas de este asunto pidiendo "una gran batería de comparecencias".

Desde el Partido Popular, su secretario de Política Económica, Vicente Martínez-Pujalte, expresó el respeto de su partido por la decisión adoptada por el juez Garzón en el auto dictado sobre el caso BBV, y añadió que su partido no comenta "en absoluto" lo que decide el juez y que respeta las actuaciones judiciales "para ayudar a que actúen con la mayor transparencia y con la mayor independencia".