La sospecha de uso de dinero lavado obliga a la intervención del gobierno, aseveran

Legisladores del PRD exigieron la comparecencia de Gil Díaz y Ortiz para explicar la transacción del banco

ANDREA BECERRIL

Los grupos del PRD en el Congreso de la Unión exigieron la comparecencia del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y demás autoridades financieras involucradas en la venta de Bancomer al grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), dadas las irregularidades que han salido a la luz.

El coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, y el diputado José Antonio Magallanes advirtieron que las revelaciones hechas en España por el ex directivo de BBVA, Emilio Ybarra, sobre el empleo de dinero proveniente de paraísos fiscales y la violación a las leyes mexicanas en la compra de Bancomer, en la que se acudió al empleo de prestanombres o "manos amigas", obliga al gobierno federal a intervenir de inmediato.

Ortega advirtió que de comprobarse los ilícitos, la operación puede cancelarse, además de que Bancomer debe salir de inmediato del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), toda vez que tan sólo en el primer trimestre de 2001 obtuvo mil 380 millones de pesos, que representan 160 por ciento de sus utilidades.

"Ello significa que de no ser por los recursos que obtiene del IPAB por el rescate bancario, BBV-Bancomer operaría con pérdidas", agregó Ortega. Dijo también que no se justifica en forma alguna que con recursos fiscales se esté apoyando a un banco vendido a un grupo español, que lo adquirió con recursos "de discutible transparencia".

En la conferencia de prensa, en la que participó también el asesor financiero de las fracciones del PRD, Mario Di Costanzo, los legisladores dieron a conocer parte de la carta enviada por Emilio Ybarra -ex director de BBVA- al gobernador del Banco de España, en que da cuenta de haber utilizado prestanombres -o manos amigas, como él las llama- a fin de burlar la legislación mexicana para adquirir más de 30 por ciento de las acciones y lograr así el control de la institución bancaria.

Ortega resaltó que en la misiva del directivo español hay otras revelaciones importantes, entre ellas que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, se oponía a la operación de compra-venta, así como Banamex, lo que estuvo a punto de impedir la adquisición del Banco Mexicano.

Tanto el senador Ortega como el diputado Magallanes consideraron que las revelaciones de Ybarra "rayan en el cinismo", ya que confiesa que "manos amigas" los ayudaron a eludir la legislación mexicana, en especial la Ley de Instituciones de Crédito, la cual precisa que para que cualquier grupo de personas pretenda adquirir el control de un banco deberá acompañar su solicitud de compra con documentos que certifiquen el origen de los recursos con los que se hará el pago.

Es fundamental, por ello, insistió Ortega, que se esclarezca quiénes son esas múltiples "manos amigas" que compraron acciones y otorgaron las autorizaciones para que la fusión de BBVA y Bancomer fuera posible. "Cabe preguntarse si la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México tuvieron conocimiento del origen de los recursos con los que se alcanzó el control accionario del banco".

Ortega y Magallanes se preguntaron también por qué si estaba en desacuerdo con la operación, Guillermo Ortiz la permitió finalmente.

Dijeron asimismo que ello obliga al Congreso a llevar a cabo las acciones necesarias, incluyendo el intercambio de información con las autoridades españolas, para esclarecer totalmente la operación de venta de Bancomer, el origen de los recursos con los que se financió la operación y los nombres de las "manos amigas mexicanas" que participaron.

Precisaron que ya están en contacto con el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Española, a fin de seguir el curso de las investigaciones y además presentarán en las cámaras de Senadores y Diputados una solicitud formal para el esclarecimiento del asunto y, entre otras cosas, solicitarán la comparecencia de las autoridades financieras involucradas en la operación.