El magistrado requiere más información sobre la operación de Probursa
Piden al juez Garzón solicitar al gobierno mexicano investigar la venta de Bancomer
Vinculan al secretario de Hacienda español con las negociaciones efectuadas en México
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 26 de abril. La Fiscalía Anticorrupción (FA) española, que investiga el presunto fraude financiero perpetrado durante 13 años por la ex cúpula del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que envíe lo antes posible una "comisión rogatoria" a las autoridades mexicanas para abrir una investigación a fondo sobre la compra de Probursa, en 1992, y de la supuesta participación de Estanislao Rodríguez Ponga, actual secretario de Hacienda español, entonces asesor fiscal de la entidad.
Garzón decidió imputar en su auto ayer a 24 ex directivos del BBVA, entre ellos a su ex presidente Emilio Ybarra, quienes podrían haber incurrido en los delitos de blanqueo de capitales, evasión fiscal, cohecho y falsedad documental.
El caso BBVA tiene abiertos varios frentes en los tribunales, ya que hasta ahora la investigación es estrictamente judicial debido a la negativa rotunda del gobierno español, del conservador José María Aznar, a poner en marcha una comisión parlamentaria que disipe las responsabilidades políticas.
Sin embargo, las indagaciones de la FA sobre las operaciones realizadas en las cuentas secretas multimillonarias que mantenía la entidad en paraísos fiscales (Jersey, Puerto Rico, Lechstenstein y Gran Caimán) arrojan varias hipótesis, entre ellas el pago de comisiones a partidos políticos -españoles y latinoamericanos-, el blanqueo de dinero procedente de las mafias del narcotráfico mexicanas y colombianas y la creación de un complejo sistema de ingeniería fiscal y financiero para la evasión de capitales.
Garzón decidió ayer imputar a 24 ex directivos del banco, al tiempo que rechazó la petición del fiscal de hacer lo mismo con Rodríguez Ponga y José Ignacio Gorigolzarri, actual número dos del banco.
Ante esta situación, la fiscalía, que preside Carlos Jiménez Villarejo, presentó un recurso de apelación ante el juez, que deberá ser resuelto por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en la que solicita la imputación del funcionario español y que se traslade cuanto antes la investigación al resto de los países implicados.
El texto del auto de la fiscalía sostiene que "la declaración de un testigo resulta adecuada para decidir el libramiento impostergable de comisiones rogatorias a las autoridades judiciales gubernamentales de la República del Perú, México, Gran Caimán, Suiza, Venezuela, y para ampliar la comisión rogatoria en su día cursada a Puerto Rico".
El fiscal explica además que Rodríguez Ponga participó de forma directa en la operación de adquisición de la mexicana Probursa, época en la que fungía como asesor fiscal, al tiempo que lo señala como el autor de un "manual de productos fiduciarios", diseñado para captar clientes con abundante capital, que fomentaba la evasión fiscal.
Mientras tanto, los opositores Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU) exigieron de nuevo la dimisión de Rodríguez Ponga.
El portavoz de la coalición IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, exigió a Rodríguez Ponga que comparezca ante la Cámara para explicar su labor como asesor fiscal del BBV e insistió en que, independientemente de que sea imputado o no por la justicia, "se ha dado una incompatibilidad muy seria entre sus trabajos anteriores y su responsabilidad actual".
Alcaraz ha añadido que, después de que la mayoría del Congreso rechazara ayer la creación de una comisión investigadora sobre este caso, será necesario fiscalizar parlamentariamente las posibles responsabilidades políticas de este asunto pidiendo "una gran batería de comparecencias".
Desde el Partido Popular, su secretario de Política Económica, Vicente Martínez-Pujalte, expresó el respeto de su partido por la decisión adoptada por el juez Garzón en el auto dictado sobre el caso BBV, y añadió que su partido no comenta "en absoluto" lo que decide el juez y que respeta las actuaciones judiciales "para ayudar a que actúen con la mayor transparencia y con la mayor independencia".
La sospecha de uso de dinero lavado obliga a la intervención del gobierno, aseveran
Legisladores del PRD exigieron la comparecencia de Gil Díaz y Ortiz para explicar la transacción del banco
ANDREA BECERRIL
Los grupos del PRD en el Congreso de la Unión exigieron la comparecencia del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y demás autoridades financieras involucradas en la venta de Bancomer al grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), dadas las irregularidades que han salido a la luz.
El coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, y el diputado José Antonio Magallanes advirtieron que las revelaciones hechas en España por el ex directivo de BBVA, Emilio Ybarra, sobre el empleo de dinero proveniente de paraísos fiscales y la violación a las leyes mexicanas en la compra de Bancomer, en la que se acudió al empleo de prestanombres o "manos amigas", obliga al gobierno federal a intervenir de inmediato.
Ortega advirtió que de comprobarse los ilícitos, la operación puede cancelarse, además de que Bancomer debe salir de inmediato del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), toda vez que tan sólo en el primer trimestre de 2001 obtuvo mil 380 millones de pesos, que representan 160 por ciento de sus utilidades.
"Ello significa que de no ser por los recursos que obtiene del IPAB por el rescate bancario, BBV-Bancomer operaría con pérdidas", agregó Ortega. Dijo también que no se justifica en forma alguna que con recursos fiscales se esté apoyando a un banco vendido a un grupo español, que lo adquirió con recursos "de discutible transparencia".
En la conferencia de prensa, en la que participó también el asesor financiero de las fracciones del PRD, Mario Di Costanzo, los legisladores dieron a conocer parte de la carta enviada por Emilio Ybarra -ex director de BBVA- al gobernador del Banco de España, en que da cuenta de haber utilizado prestanombres -o manos amigas, como él las llama- a fin de burlar la legislación mexicana para adquirir más de 30 por ciento de las acciones y lograr así el control de la institución bancaria.
Ortega resaltó que en la misiva del directivo español hay otras revelaciones importantes, entre ellas que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, se oponía a la operación de compra-venta, así como Banamex, lo que estuvo a punto de impedir la adquisición del Banco Mexicano.
Tanto el senador Ortega como el diputado Magallanes consideraron que las revelaciones de Ybarra "rayan en el cinismo", ya que confiesa que "manos amigas" los ayudaron a eludir la legislación mexicana, en especial la Ley de Instituciones de Crédito, la cual precisa que para que cualquier grupo de personas pretenda adquirir el control de un banco deberá acompañar su solicitud de compra con documentos que certifiquen el origen de los recursos con los que se hará el pago.
Es fundamental, por ello, insistió Ortega, que se esclarezca quiénes son esas múltiples "manos amigas" que compraron acciones y otorgaron las autorizaciones para que la fusión de BBVA y Bancomer fuera posible. "Cabe preguntarse si la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México tuvieron conocimiento del origen de los recursos con los que se alcanzó el control accionario del banco".
Ortega y Magallanes se preguntaron también por qué si estaba en desacuerdo con la operación, Guillermo Ortiz la permitió finalmente.
Dijeron asimismo que ello obliga al Congreso a llevar a cabo las acciones necesarias, incluyendo el intercambio de información con las autoridades españolas, para esclarecer totalmente la operación de venta de Bancomer, el origen de los recursos con los que se financió la operación y los nombres de las "manos amigas mexicanas" que participaron.
Precisaron que ya están en contacto con el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Española, a fin de seguir el curso de las investigaciones y además presentarán en las cámaras de Senadores y Diputados una solicitud formal para el esclarecimiento del asunto y, entre otras cosas, solicitarán la comparecencia de las autoridades financieras involucradas en la operación.
Madariaga podría ser el de las manos amigas que trianguló recursos, declaró testigo protegido
Guillermo Ortiz quiso impedir la compra de Bancomer por BBVA
Para el banco español era estratégica la negociación con la institución mexicana: Ybarra
Admitió ejecución de intrincada operación financiera para hacer frente a la oferta de Banamex
ISRAEL RODRIGUEZ J.
Emilio Ybarra, uno de los 24 imputados del BBVA por el juez Baltasar Garzón como presuntos culpables de blanqueo de dinero y soborno, entre otros cargos, reconoció en una misiva dirigida al gobernador del Banco de España, Jaime Caurana, que para la adquisición de Bancomer contó con la colaboración de "manos amigas".
En la carta, fechada el 14 de noviembre de 2001, de la cual La Jornada dispone de copia, el ex copresidente del BBVA manifestó su preocupación por la oposición del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, que estaba a punto de impedir la consumación del contrato que permitiría al BBVA adquirir Bancomer.
En el texto, Ybarra Churruca afirma: "tales convicciones se confirmaron cuando Banamex procede a formular una 'Opa' (oferta hostil) no solicitada sobre Bancomer, a pesar de que el 31 de marzo ya se había firmado el correspondiente contrato con BBVA, y por parte de Bancomer no se responde con firmeza a dicha actuación no solicitada".
El 3 de mayo de 2000, el grupo financiero Banamex-Accival (Banacci) anunció la propuesta que realizó al consejo de administración de Grupo Financiero Bancomer invitándolo a fusionar ambas instituciones para convertirse en el grupo financiero más grande de América Latina
La oferta de Banamex incluía un programa de capitalización por 2 mil 400 millones de dólares para fortalecer el capital de Banamex y de Bancomer. Esta operación estaba respaldada por Chase, J.P. Morgan y Aegon N.V.
El ex copresidente de BBVA, quien renunció el 18 de diciembre de 2001, precisa en su misiva que "para BBVA, además de por razones de imagen y prestigio, era de la máxima importancia estratégica la operación Bancomer, como así se ha demostrado después".
Emilio Ybarra admite que para asegurar que BBVA se quedara con Bancomer ordenó una intrincada operación financiera junto a la ayuda de otras "manos amigas, que permitiría, además, de una mejor defensa frente a una Opa hostil o frente a votaciones en junta general".
En el documento no se menciona directamente el nombre de José Madariaga Lomelín, pero de acuerdo con las investigaciones y con las declaraciones del testigo protegido, Nelson Rodríguez López, ex vicepresidente ejecutivo y encargado de asuntos jurídicos del BBVA en Puerto Rico entre 1992 y 1998, Madariaga Lomelín podría ser el de "las manos amigas" que ayudaron a triangular los recursos para la adquisición de Multibanco Mercantil Probursa.
Según una investigación de la oficina federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI), que data desde 1997, Eduardo Pérez Montoya, hombre de confianza de Madariaga, ha realizado operaciones de narcotráfico y es la persona que permitió consumar el control del Probursa por parte del BBVA.
Madariaga, en la mira de la fiscalía española
Fuentes del propio Bancomer, quienes prefirieron permanecer en el anonimato, indicaron que hasta el momento José Madariaga Lomelín, quien tiene un lugar en el consejo de administración de BBVA Bancomer, aún no ha sido requerido formalmente por las autoridades españolas, pero en caso de que existiera el pedimento judicial, lo tomaría con reserva porque podría ser incluso detenido en España.
Por su parte, el titular de Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, viajará este lunes a Washington para profundizar en la investigación sobre el BBVA en América Latina. Para ello se entrevistará con Michael Chertoff, a cargo de la división criminal de Estados Unidos.
Mario di Costanzo, consultor privado, comentó sobre el contenido de la carta: "convendría preguntarnos por qué el gobernador del Banco de México (Guillermo Ortiz) quería deshacer la operación del BBVA, y el gobierno mexicano, por su parte, estaba a favor". Asimismo, debe ser explicado por las autoridades mexicanas, puesto que la misma carta las involucra, más aun cuando el gobierno es todavía dueño de 12 por ciento de las acciones de BBVA Bancomer.
El crédito de la banca no se frenará por el escándalo: Bursamétrica
El escándalo en torno la compra de Bancomer por parte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) no detendrá la reapertura del crédito ni provocará crisis en el sistema bancario. El financiamiento lo abrirá la banca de manera importante a partir del segundo semestre, de acuerdo con las proyecciones de la consultora Bursamétrica.
Los problemas que enfrenta la intermediaria con las investigaciones de los ex consejeros, y que ahora incluyen también a José Madariaga, que tuvo nexos con BBVA desde que tenía su casa de bolsa para comprar el Banco Mercantil Probursa, que al final lo controlaron los inversionistas españoles, quedarán aislados.
No hay ningún indicador que apunte hacia una crisis del sistema, aunque desde luego habrá desprestigio a escala nacional e internacional, precisó Alejandro González, experto en el sistema bancario de la consultora. No hay elementos para pensar que el crédito será detenido más tiempo, añadió.
Además consideró que las tasas de interés se mantendrán a la baja. Incluso podrían bajar para ciertos créditos, como el comercial, donde se podrían ver financiamientos con tasas de 12 por ciento, y definitivamente contribuirán a impulsar el desarrollo económico con el apoyo a programas productivos y viables.
Un ejemplo de lo anterior, precisó González, es el hecho de que el mercado de valores no ha registrado el escándalo en BBVA por presunto lavado de dinero. Las investigaciones apenas empiezan y se dirigirán hacia las personas que han sido señaladas, porque la institución en México es de las más fuertes, concluyó.
ANTONIO CASTELLANOS