Vuelta a la página

El asunto de las relaciones entre México y Cuba ha tenido un vuelco inesperado tras la embestida de Fidel Castro. Lo anterior nos ha obligado a reflexionar, analizar y debatir lo relativo a la política seguida por la presente administración en materia de relaciones exteriores y, particularmente de manera especial, con las autoridades de la isla caribeña.

Existen cuestiones que no pueden ocultarse ni evadirse: el asunto de Cuba dividió opiniones. No creo que solamente se trate de una cuestión de política exterior. También existen lazos históricos y de simpatía con el pueblo cubano y, desde luego, hay quienes se jactan de llevar amistad con Fidel Castro, e inclusive coincidencias ideológicas. Bajo esa perspectiva, algunos líderes políticos ubicaron el debate en una cuestión de relación amistosa con un jefe de Gobierno y no precisamente con una nación o un pueblo.

El debate no debe contemplarse desde la parte superficial de la simple descalificación por simpatía personal o compromisos ideológicos particulares, sino que es menester adentrarnos en los principios y esencia misma de aquello que realmente nos une, nos motiva, que estamos obligados a impulsar.

Participamos en el concierto de las naciones por una obligada necesidad de convivencia entre países, de respeto, de intercambios, de acuerdos, de preservación de la paz y de búsqueda de desarrollo y conservación del medio ambiente, entre otras cuestiones. Nos rige la denominada doctrina Estrada, que impone el principio de no intervención, últimamente utilizado en múltiples argumentaciones y, por supuesto, cada quien le otorga, conforme a sus aspiraciones, diversas interpretaciones y alcances, de tal manera que es tan elástico o restringido como el sentido de aquello que se pretende imponer.

En el fondo todo se reduce a la promoción, preservación y observancia de los derechos humanos, como una política de Estado que se pueda impulsar tanto en el interior como en el exterior de México. No se trata, en consecuencia, de ser selectivo; es un principio básico general, cuya observancia no debe ni puede estar supeditada a filias o fobias. Tampoco puede calificarse de innovadora, pues existen múltiples antecedentes de esa postura por parte de nuestro país, aunque se reconoce (y esta parte constituye necesariamente el cambio) que no se aplicaba en términos permanentes ni como un principio adoptado en términos genéricos, sino, más bien, como modalidades sexenales o bajo circunstancias coyunturales.

Mientras por una parte se cuestiona el voto de México a favor de que la alta comisionada de la ONU en materia de derechos humanos se traslade a Cuba para realizar trabajos de observancia, postura calificada por algunos como una posición intervensionista y contraria a la doctrina Estrada, por otra se condena mediante la aprobación de un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, suscrito por todas las fuerzas políticas representadas en ese órgano colegiado, la violación de los derechos humanos en el conflicto entre Palestina e Israel, solicitando la intervención de Naciones Unidas. Así pues, se habla de lo mismo, coincidimos en el fondo, pero existen diferencias estructurales, al negar la generalidad y medir con diferente vara, según se trate si es amigo o no.

Entendemos el principio de la no intervención como un derecho de los pueblos a la libre autodeterminación y a la solución de sus conflictos, como desde luego existen en contrapartida injerencias asistencialistas, de participación constructiva, aceptadas y reconocidas por los propios gobiernos, inclusive hasta podríamos dar como ejemplos la loable labor de la Cruz Roja. Se trata de cuestiones de carácter humanitario, y precisamente en esa materia es donde México se ha propuesto ser un proactivo de los derechos humanos, como postura ética y moral, dejando de ser silencioso cómplice.

El diferendo con Cuba es ahora cosa del pasado, entendemos que se ha perdido la confianza con su gobierno; a ese episodio se le debe dar la vuelta a la página y continuar con mayor ahínco la promoción, defensa, observancia e impulso por los derechos humanos. A nadie engaña el presidente Castro, todo mundo sabe que no hay libertad ni derechos humanos en la isla y no nos sorprende su actitud de ofendido; nos apena y avergüenza que utilice esas argucias para evitar que la ONU investigue o verifique la carencia de esos derechos e impida avances sustantivos en labores humanitarias.