León Bendesky
Argentina, lo peor
Poco a poco lo inevitable se está reconociendo en Argentina, pero ello no significa que se aproxime un saldo de cuentas que pueda evitar lo peor. Lo inevitable en términos materiales es que mucha gente perdió su dinero, y no porque lo haya expuesto imprudentemente en negocios dudosos o ilícitos, sino por haberlo puesto en los bancos, que han tendido a convertirse en opciones de alto riesgo. Lo peor es que no van a recuperar pronto sus ahorros, y de recuperarlos será a un valor muy inferior al original. Lo inevitable en términos políticos es la descomposición del orden institucional que tiene materialmente paralizado al gobierno con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de la población. Lo peor es que aun es posible advertir mayor desgaste, que puede terminar en abierto conflicto social.
Es tiempo de contabilizar las pérdidas, pero no en cuentas contingentes, como suelen hacer muchas empresas, según se vio en el caso reciente de Enron, y gobiernos, como ocurre todavía con la contabilidad fiscal en México, sino en un sentido real. El problema mayúsculo en Argentina es que no tienen a la mano ni siquiera una opción técnica para hacer frente a la crisis, lo que exacerba el dilema político que se enfrenta. El dinero ha desaparecido: en términos físicos por la salida de los capitales y en términos contables por la severa depreciación de la moneda que hace imposible la restitución de los depósitos dolarizados por el extinto sistema de la convertibilidad.
El gobierno impuso, primero, el ya famoso corralito, que limitó inicialmente y hoy casi impide el retiro de los depósitos bancarios. Ahora propone canjear esos depósitos por bonos con vencimientos de largo plazo para reducir las presiones sobre el sistema financiero. Todos saben que si los depositantes fueran a demandar su dinero se provocaría la quiebra total de los bancos apenas abiertas las puertas. El Congreso ha actuado al respecto con poca imaginación y poca responsabilidad; también los jueces, que han dictado sentencias favorables a los cuentahabientes para obligar a los bancos a pagarles. Eso es una muestra más de la crisis política en la que el presidente interino Duhalde actúa como una marioneta jalada por todos, incluyendo a los fuertes gobernadores provinciales, que cada vez más imponen sus propias condiciones. El corralito provocó la caída de los gobiernos de De la Rúa y Rodríguez Saa, y no hay muchas opciones de arreglo que prevengan la caída del gobierno actual, que ya sólo se propone llegar, aunque sea exhausto, a septiembre de 2003, cuando debe haber elecciones. Este es el propósito expreso del nuevo ministro de Economía, Lavagna, quien heroicamente ha aceptado comprar tiempo, aunque no se sabe bien para qué. Como oferta política es más bien pobre.
Nadie puede orientar esa economía que lleva cuatro años en recesión, que tiene una tasa de desempleo abierto de casi 20 por ciento, una deuda pública que equivale a casi dos terceras partes del producto y que registra una devaluación que ha llevado al peso de uno a uno con el dólar hasta 3.50 y en la que, otra vez, se puede precipitar la hiperinflación. Si internamente no hay recursos para moverse, la posición del FMI no sólo es pasiva, sino francamente perjudicial, pues está llevando a una mayor confrontación interna y, con ello, a un grado más elevado de conflicto social.
La situación está en el límite que significa replantear prácticamente todo. Y ante eso, las reiteraciones del presidente de que "Argentina es un país condenado al éxito" no sólo son incomprensibles, sino que difícilmente pueden aglutinar a nadie en torno a proyecto alguno, que, por otra parte, no existe. Como se sabe cada vez mejor, no es lo mismo llegar al poder con posturas populistas que gobernar con ellas. Cualquier opción técnica que pueda aplicarse tiene costos sociales y políticos sumamente elevados. Entre tanto, los costos de la crisis, como siempre ocurre, tienden a distribuirse de manera muy desigual. No nada más se benefician quienes pudieron disponer de su dinero y sacarlo a tiempo porque tuvieron información privilegiada, ni aquellos que se aprovecharon para quedarse con los recursos en el marco de la gran corrupción que existió largos años. Hay noticias de que entre aquellos que han tenido acceso a sus depósitos en los bancos, sólo 500 ahorradores se han quedado con 40 por ciento de los recursos que se han liberado mediante órdenes judiciales, lo que apunta, de nuevo, a la posible discrecionalidad de los dictámenes de los jueces. Todo va en contra de la credibilidad y del restablecimiento del mínimo acuerdo político en ese país, lo que se pone en claro con una de las demandas populares que dice: "que se vayan todos".
Pero mientras se van, si es que lo hacen, el problema principal de Duhalde y de su renovado equipo de gobierno es cómo asignar los costos de las medidas que tienen que imponer para garantizar aunque sea el precario funcionamiento de la economía y evitar elecciones anticipadas. Es poco probable que los costos sean aceptados por una población cada vez más golpeada y sin opción alguna; es igualmente improbable que se mantenga el gobierno. Antes de encontrar una salida parece que el conflicto se va agravar. Aquí, en México, más vale poner un freno a tiempo a quienes desde el gobierno y fuera de él amenazan con la posibilidad de llegar al caos argentino, esa es una gran irresponsabilidad política.
