Cuando a finales del
año pasado se reabrió la investigación del asesinato
del luchador universitario Joel Arriaga Navarro, la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) determinó que no
era procedente llamar a declarar al ex gobernador de
Puebla, Gonzalo Bautista OÕfarril, y al alcalde de la
Angelópolis, Luis Paredes Moctezuma, como probables
responsables del homicidio o para que aportaran información
que pudiera ayudar a esclarecer este caso. Meses después
hubo un cambio súbito en esa determinación.
En los primeros meses de este año, sin explicación
alguna, de una manera que no trascendiera ante la opinión
pública, Gonzalo Bautista y Luis Paredes comparecieron
ante el Ministerio Público (MP); pero no aportaron nada
y se puede incluso intuir que no fueron objeto de un
exhaustivo interrogatorio que pudiera aportar datos para
determinar quiénes fueron los probables responsables del
homicidio de Arriaga y del clima de violencia que en 1972
había contra miembros de la Universidad Autónoma de
Puebla. Contradicciones en la
PGJ
El año pasado, cuando se reabrió el
caso de Joel Arriaga, se consideró fundamental, por su
viuda, Judith García Barrera, y un grupo de militantes
de izquierda que la apoyaban en su lucha por esclarecer
la muerte de su cónyuge, que se llamara a Gonzalo
Bautista y otros funcionarios públicos que en 1972
fueron señalados como los responsables intelectuales del
asesinato del luchador universitario y miembro del
Partido Comunista Mexicano (PMC).
Entre ellos se llegó a incluir a Luis Paredes, quien fue
destacado miembro del Frente Universitario Anticomunista
(FUA). Cuando se hizo la solicitud de que compareciera,
él era candidato del PAN a la alcaldía de Puebla.
El 18 de octubre de 2001, Judith García recibió de la
agente del MP, María Gema del Rocío Montero Valencia,
la notificación de que no procedía llamar a Bautista y
Paredes. El argumento era que: "Esta representación
social considera por el momento improcedentes dichas
citaciones, ya que no existen indicios suficientes sobre
lo que versa su declaración. No omitiendo señalar que
posteriormente de considerar procedente la comparecencia
de estas personas serán citadas en términos de ley".
El viernes de la semana pasada, cuando Judith García, el
abogado Samuel Porras y otros acompañantes se
presentaron en la PGJ para anunciar al MP que presentarían
un recurso legal para evitar que se cierre el caso de
Arriaga, les entregaron por escrito las conclusiones de
la averiguación previa, encontrándose con la sorpresa
de que ahí están incluidas declaraciones ministeriales
de Gonzalo Bautista, realizada el 2 de enero de este año;
la de Luis Paredes Moctezuma, efectuada en febrero
pasado; así como de Raymundo Zamudio Muñoz, quien en
1972 era procurador de Justicia.
Nunca se especifica en el documento por qué el año
pasado hubo la negativa de que Bautista, Paredes y
Zamudio comparecieran y a principios de este año se les
citó. Ni mucho menos se da a conocer qué preguntas se
les hizo y si fueron llamados por ser presuntos
responsables del asesinato en cuestión o porque pueden
poseer información valiosa.
Luis Paredes compareció -según el documento- ya siendo
alcalde. El 27 de febrero y el 1 de marzo de este año
entregó al MP un documento y el 1 de marzo ratificó el
contenido del texto. En la averiguación no se da
detalles de lo el edil manifestó, únicamente se
menciona que expresó que no conoció a Joel Arriaga y se
enteró de su muerte por la prensa. Nada más.
El ex procurador Raymundo Zamudio compareció el 19 de
enero de este año. Sólo dijo que a él le encargaron el
caso de Joel Arriaga Navarro. No hay más.
Odio anticomunista
De las tres declaraciones la que más
destaca es la Gonzalo Bautista, la cual es inverosímil y
denota que cuando era gobernador tenía una visión
anticomunista exacerbada, extremista, misma en la que aún
sigue creyendo. En el expediente de la averiguación
previa referente al asesinato de Joel Arriaga -que tiene
la identificación 123/2130/72/DMSIIII- nunca se aclara
si el ex gobernador acudió a una agencia del MP o si un
agente investigador lo fue a interrogar.
Anterior y posteriormente al asesinato de Joel Arriaga -ocurrido
el 21 de julio de 1972-, había en la ciudad de Puebla un
ambiente de violencia y linchamiento contra miembros de
la UAP. Los testimonios de la época han mostrado
evidencia de que los ataques provenían de las
agrupaciones derechistas Náhuatl, Juventud Nueva y el
FUA. Después del crimen de Arriaga se sucedieron los
homicidios de otros siete universitarios y nunca hubo un
muerto del lado de las agrupaciones empresariales o que
eran dirigidas por el clero.
Por eso no resulta realista la versión de Bautista y,
por el contrario, su declaración ante el MP demuestra el
odio que sentía contra los promotores del movimiento de
reforma universitaria. En la foja 38 de la averiguación
previa se asienta que el ex mandatario creía que esto
ocurría en la UAP, en 1972:
"Los estudiantes en aquella época para poderse
inscribir en la escuela -es decir, en la UAP-, tenían
que presentar su credencial de miembros del Partido
Comunista, 200 pesos, 200 cartuchos y una pistola de
cualquier calibre".
Dicho de otra manera, el ex gobernador asegura que en la
UAP los alumnos de nuevo ingreso eran comunistas armados
y en la institución se estaba formando un gran arsenal.
Cabe recordar que Gonzalo Bautista fue un gobernador
sustituto, quien suplió en ese cargo a Rafael Moreno
Valle, que renunció a la gubernatura en 1972. En su
declaración ante el MP señala que intentó realizar en
el estado "una labor constitutiva y progresista",
pero: "Con todos sus esfuerzos se vieron
obstaculizados por el grupo que capitaneaba el rector
Sergio Flores -entonces rector de la UAP-, quien pertenecía
al Partido Comunista".
Bautista, en su entrevista con el MP, sin hacer una
acusación directa, sugiere que los asesinatos de Joel
Arriaga y Enrique Cabrera Barroso, quien también era
luchador universitario, fueron producto de la lucha que
había en la UAP por la sucesión rectoral, al haber
aseverado:
"En aquella época fueron asesinados dos eminentes
universitarios que pretendían llegar a la rectoría en
sustitución a Sergio Flores, el primero arquitecto Joel
Arriaga Navarro y el segundo ingeniero Enrique Cabrera
Barroso, quienes fueron asesinados por arma de fuego y el
grupo violento apoderado de la universidad no se detuvo
en inculpar inmediatamente al gobernador sin ninguna
justificación, el inspector de la policía y al director
de las fuerzas de seguridad Antonio Reguero" (sic).
Posteriormente, Bautista narró lo que ya se sabe, que días
después del homicidio intervino el entonces presidente
del país, Luis Echeverría çlvarez, quien ordenó que
la Procuraduría General de la República se encargara de
las investigaciones, y esta dependencia, llegó a la
conclusión de que:
"El gobierno no había tenido ninguna
responsabilidad por el contrario grupos aspirantes al
grupo del rector se les encontraba como sospechosos de
esos crímenes, pasando algunos meses en que continuó la
investigación orientada según las disposiciones se cerró
expedientes dándose por concluido" (sic).
Con estas explicaciones que dio Bautista al MP no se
aclaran dos importantes interrogantes que hay en torno al
caso de Joel Arriaga.
Primero, no aclara por qué se dio por terminado el caso
si no había el más mínimo avance en las indagatorias.
El ex gobernador reconoce que "pasados algunos meses"
se cerró el expediente, cuando se supone que un
homicidio, por oficio, debe ser investigado por la PGJ
hasta lograr su esclarecimiento o hasta que el delito
prescriba una vez que hayan pasado más de 30 años.
Además, destaca que el mismo Gonzalo Bautista asienta
ante el MP que la investigación de la PGR apenas duró
un mes.
Segundo, el ex mandatario no aclara qué pasó con el
expediente del caso de Arriaga. A finales del año
pasado, el entonces secretario de Gobernación de Puebla,
Héctor Jiménez y Meneses, reconoció que el archivo se
había extraviado y que una de las dificultades para
continuar con el caso era ubicar en dónde estaban los
papeles que contenían las indagatorias de dicho
homicidio.
El extravío, explicó Jiménez y Meneses en esa fecha,
se debía a que la PGR en 1972 se había hecho cargo del
caso del asesinato de Joel Arriaga.
Otra incongruencia que hubo en el caso Arriaga y que
Bautista comentó ante el MP es que después del
asesinato ofreció a la ciudadanía poblana una
investigación "imparcial", pese a que lo
acusaban a él de ser autor del crimen. Pero resulta que
las primeras diligencias se hicieron en el rancho de
Gonzalo Bautista, que está en la colonia La Calera, pese
a que él era señalado por amigos de Joel Arriaga como
responsable del homicidio. Después se hicieron en la
casa de Franco Rodríguez, quien era titular de la PGR.
La justificación que dio a esa anomalía es la siguiente:
"Fue porque no había Casa Puebla, ni estaba
construido el edificio de la PGJ, ya que la procuraduría
se encontraba en el centro de esta ciudad -de Puebla- en
la calle 12 Poniente y 7 Norte".
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