Emilio Pradilla Cobos
Bando dos y vivienda popular
El Gobierno del Distrito Federal hace un gran esfuerzo financiero y administrativo para ampliar su oferta de vivienda para los sectores populares, que hay que reconocer. Pero con la restricción de la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales en 12 de las 16 delegaciones, contenida en el Bando 2 y en la propuesta de Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), pone en riesgo la viabilidad de su propia política en el mediano plazo.
En 1998, las delegaciones "centrales" Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza tenían los más altos precios del suelo de la ciudad. Al crear con el Bando 2 una situación de monopolio en estas delegaciones para la construcción de unidades habitacionales y agudizar al mismo tiempo la competencia por el suelo escaso con los desarrollos comerciales, mucho más rentables, y con sus proyectos de corredores financieros y turísticos de Reforma-Centro y Basílica-Guadalupe y la recuperación empresarial del Centro Histórico, el GDF introdujo una mayor presión para la elevación del precio del suelo que, según diversos análisis, sería de 50 a 100 por ciento en 17 meses. Así, el GDF tendrá que construir vivienda popular en los terrenos más costosos y competidos de la ciudad, lo cual mermará el monto disponible para la construcción de la vivienda; o si asume este costo como subsidio reducirá el número de acciones posibles con el presupuesto disponible. En los próximos 25 años, si se duplica la densidad poblacional, se requerirán 16 mil hectáreas de suelo para atender las necesidades del crecimiento urbano, y en las delegaciones "centrales" sólo hay mil 600 hectáreas de suelo baldío o reciclable disponibles.
En el mismo periodo, anualmente habrá que construir entre 45 mil y 55 mil viviendas nuevas en el Distrito Federal, además de abatir una parte del déficit acumulado de 295 mil unidades. Descontando el aporte importante pero parcial del gobierno local, el resto de vivienda a construir quedará en manos del sector privado, pero el desproporcionado costo del suelo hará inalcanzables estas viviendas para los sectores populares. Además, la construcción en la mayor parte de las cuatro delegaciones se encarece por el sobre costo de las estructuras antisísmicas, ya que son muy vulnerables a terremotos y tienen reglamentación especial. Por ello, las inmobiliarias han acelerado su emigración hacia los municipios mexiquenses conurbados -iniciada en los años 50 del siglo XX con la expansión de la metrópoli-, donde no hay restricciones ya que la política del Bando 2 no fue concertada en el ámbito metropolitano como debió hacerse. El impacto del mayor costo del suelo y la construcción llevará al sector público y al privado a reducir el área habitable, de uso común, de servicios y libre de los conjuntos, en detrimento de la calidad de vida y la convivencia de sus habitantes. ƑNo sería más racional construir más y mejores viviendas populares en suelo menos caro, limitando la restricción a las zonas realmente inadecuadas de la periferia y el suelo de conservación?
Los proyectos de vivienda del movimiento urbano popular, que en los últimos años hizo un esfuerzo para obtener suelo legal en varias delegaciones, han sido golpeados rudamente por el Bando 2; eso explica su rechazo a esta política. Los sectores populares expulsados del centro han hecho su vida laboral y social en otras delegaciones, y regresar significa perder estas condiciones. Otra contradicción de clase del Bando 2 es que los sectores de altos ingresos, que no irán a vivir al centro por la inseguridad, contaminación, saturación vial y difícil acceso a los servicios de lujo que usan, son los que tienen más capacidad económica para construir vivienda unifamiliar, que exige mayor área de suelo, en las zonas residenciales de las delegaciones "periféricas". La política del Bando 2 y su expresión en el PGDU se vuelve así contra los sectores populares a los que dice beneficiar.
La insuficiente oferta pública o privada de vivienda financiada a largo plazo para la población de bajos ingresos la obliga a emigrar a los municipios conurbados donde sigue consumiendo parte del deficitario aforo de agua, destruyendo suelo de conservación metropolitano y emigrando diariamente al Distrito Federal para trabajar y consumir servicios; lo único que gana la capital es exportar parte de sus problemas hacia el patio del vecino. Otra opción popular es intensificar la ocupación hormiga del área rural defeña -lo que ya ocurre-, causando los impactos nocivos que el Bando 2 y el PGDU buscaban evitar, pero que su pragmatismo, falta de sustentación analítica y de discusión con la ciudadanía, y el juego de las fuerzas socioeconómicas, acentúa. La historia parece repetirse: los errores de la política urbana del regente Uruchurtu en los 50 empujaron a la metropolización; los del actual gobierno lo siguen haciendo y, además, aceleran la destrucción de la reserva ecológica del Distrito Federal y la metrópoli.
