Obligó a los jueces a dictar una sentencia en contra nuestra, asegura

El Ejército intentó acallarnos: Efrén Cortés

"Podemos dar el testimonio más fiel de lo que pasó en El Charco; fue una matanza"

BLANCHE PETRICH Y JESUS SAAVEDRA ENVIADA Y CORRESPONSAL

Chilpancingo, Gro., 31 de mayo. Hace tres meses el guerrerense Efrén Cortés pesaba 73 kilos. Fue ingresado a la enfermería del penal de máxima seguridad de Puente Grande con una crisis diarreica causada por una afección intestinal mal atendida. Ayer en la madrugada fue excarcelado, con un peso de 56 kilos, con la enfermedad muy avanzada después de 90 días de segregación total e hipotensión aguda. "Aislamiento y falta de medicinas, ese fue el tratamiento médico que me dieron en la cárcel", denuncia.

Entrevistado telefónicamente, Cortés deduce que los cuatro años que él y Ericka Zamora pasaron encerrados en tres cárceles distintas, sometidos a torturas y aislamiento en distintos momentos, se debieron a una decisión del Ejército mexicano de mantenerlos acallados, "porque nosotros somos los que podemos dar el testimonio más fiel y completo de lo que ocurrió el 7 de junio en El Charco y días antes en Ocote Amarillo", en la Costa Chica.

Asegura: "Analizando muy a detalle esta situación -y créame que he tenido tiempo de sobra para pensar las cosas con calma-, he llegado a la conclusión de que fue el Ejército el que obligó a los jueces a dictar una sentencia en contra nuestra; fueron presiones militares las que obligaron al tribunal unitario a ratificar la condena, y estuvieron también detrás de la decisión de trasladarnos al penal de Puente Grande. Esperaban que mientras tanto corriera en su favor un factor llamado tiempo, porque si al final iba a salir a relucir la verdad, nuestro caso se iba a resolver como concluyó, con la revocación de la sentencia por falta de pruebas".

Efrén Cortés, de 34 años, es hijo de un conocido agricultor de Cruz Grande. Después de estudiar la carrera de historia en la Universidad Autónoma de Guerrero se metió de promotor de movimientos indígenas. Fue presidente del comité municipal del PRD y delegado en un congreso nacional de su partido. Después de la época de fraudes electorales que vivieron varias regiones de su estado durante el salinismo, participó intensamente en los años 90 en la organización de los municipios autónomos de la zona mixteca, amuzga y tlapaneca. Y los comandantes militares de la región ya le habían puesto el ojo.

Era objeto de seguimiento y amenazas. A sus padres y familiares "les mandaron decir" del destacamento castrense de Cruz Grande que lo controlaran: "Ya tenemos problemas con un mestizometido de redentor de indios en Chiapas. No queremos tener otro por aquí", fueron las palabras de advertencia.

En su calidad de promotor fue invitado a la asamblea popular de El Charco, ese 7 de junio de 1998.

Deuda pendiente

Cuatro años de su vida tras las rejas, dos de ellos en segregación, por delitos que al final "no se acreditaron", le permiten a Efrén Cortés juzgar: "El actual gobierno tiene una deuda pendiente con el país: aclarar lo que pasó en El Charco. Eso fue una matanza, ahí se cometieron ejecuciones extrajudiciales y los responsables no han sido tocados ni investigados, ni siquiera cuestionados".

Recuerda que se acerca el cuarto aniversario de ese asalto militar a la escuelita rural de la comunidad mixteca de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres. "Lo que ahí debe exigirse es que se investigue y que se castigue a los autores de la matanza y de la represión sufrida antes y después. En la región muchos niños han quedado huérfanos. El Estado debe reparar ese daño y asegurarles un futuro a los hijos de los asesinados".

El no podrá estar personalmente en el acto conmemorativo que se prepara para esa fecha en Guerrero, "por seguridad, porque yo no confío en Vicente Fox y temo por mi integridad. Pero tampoco puedo moverme por motivos de salud", dice.

Ni siquiera puede viajar todavía a su pueblo, que es Cruz Grande. La madrugada que salió de prisión, se quedó en casa de unos parientes en Guadalajara. Sólo podrá trasladarse al Distrito Federal, una vez se hayan estabilizado los trastornos más graves.

El médico Cuauhtémoc Andrade, que lo revisó en la enfermería del penal, le advirtió que la infección bacterial que padece podría derivar en un cáncer intestinal, si no se atiende de inmediato. Y en la cárcel la atención médica le fue escatimada.

Acuerdo de consejo

Cuando llegó al área médica del penal le fue aplicado suero durante 20 días. Luego permaneció hospitalizado varias semanas más. Hace 15 días fue recluido en soledad total en esa misma área. "Ni comunicación humana ni un minuto de sol, ni un libro ni radio, menos televisión o periódicos. El sicópata que está a cargo del penal -dice- tiene prohibido todo esto".

Asegura que no había razón para el castigo. "Fue una revancha por haber luchado para que me atendieran, por haber logrado que la Cruz Roja Internacional se interesara en mi caso. Esta institución se dirigió al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y al presidente Fox. Fue cuando intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pero si por ellos hubiera sido, yo no estuviera hoy hablando con usted".

Cuando finalmente fue autorizada la revisión médica, Cortés le preguntó al doctor la razón por la cual en lugar de recibir el tratamiento indicado fue encerrado durante las tres últimas semanas en un pequeño cuarto, en total aislamiento, con la terminante prohibición de hablar, y con un custodio permanentemente situado a un metro de él. "Fue acuerdo del consejo técnico", respondió el galeno.

El 25 de abril una visitadora y un médico de la CNDH fueron a verlo después de varios exhortos de la Cruz Roja Internacional. Supieron de su denuncia de que no le estaban administrando los medicamentos ni los alimentos adecuados; que estaba en aislamiento total, sin acceso a ningún otro interno. Supieron que en los pasados tres meses sólo se le permitió la visita de sus familiares en dos ocasiones. Los representantes de la CNDH lo vieron, le dijeron que ese tratamiento era el indicado, y que "si los directivos del penal dicen que ahí tiene que estar, pues ahí tiene que estar". No hicieron nada en su favor. Fueron los mismos delegados de la comisión que hace cuatro años recibieron testimonio directo de Efrén Cortés y Ericka Zamora sobre las torturas recibidas en instalaciones militares para que firmaran declaraciones ministeriales autoinculpatorias y que se negaron a acreditar la práctica de tortura.

La enfermería de Puente Grande, relata, es el mejor reflejo del "terrorismo penitenciario" que practica el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Alfredo Lara Guerrero, nombrado después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.

"A varios de los que han caído ahí se les deja para que se vayan muriendo. Hay gente esposada, golpeada; hay reos que van perdiendo la razón y que gritan todo el tiempo, traumados. Hay que ser sicológicamente muy fuerte para resistir estar internado ahí".

Cita específicamente a dos jóvenes acusados se secuestrar niños en Colima. "Es cierto que ahí hay gente que ha cometido gravísimos daños a la sociedad, pero nada justifica un trato tan inhumano".

Le preocupa de manera especial el destino que pueda tener en Puente Grande Angel Guillermo Martínez, el último de los presos políticos. Martínez fue culpado del asesinato de un perredista en Acapulco.

"En los Ceferesos la saña con la que tratan a los presos políticos es especial. Se empeñan en acallarlos, en reducirlos. Ahí la palabra no vale nada. Sólo cuentan el control y la represión. Angel Guillermo fue castigado en repetidas ocasiones al protestar por el trato que me daban, debido a mi enfermedad. Sobre él hay mucha presión actualmente. Es muy importante que los organismos de derechos humanos estén muy pendientes", concluye.