Ana de Ita

Alianza para Monsanto

A pesar de la andanada de críticas del presidente Fox y el secretario de Agricultura a los subsidios agrícolas, el programa Alianza para el Campo 2002 mantiene el subsidio a las semillas transgénicas de algodón y al pago de la licencia para su uso. Este subsidio va directamente a la empresa Monsanto, uno de los gigantes de la industria biotecnológica, que concentra 86 por ciento de la comercialización de semillas transgénicas en el mundo, con ventas anuales netas por más de 5 mil millones de dólares.

Desde 1998 el programa algodonero de la Alianza para el Campo apoya explícitamente la compra de la semilla transgénica y el pago de regalías que exige Monsanto en nueve estados productores del norte del país. Sonora y Tamaulipas han sido los principales.

Entre 1998 y 2001 el gobierno apoyó directamente la siembra de alrededor de 42 mil hectáreas de algodón transgénico y pagó a Monsanto más de 14 millones de pesos. Gracias al empujón gubernamental después del primer año de la Alianza con Monsanto, aumentó 70 por ciento la superficie de algodón transgénico, y 10 por ciento de los productores adoptaron esta tecnología, cuando anteriormente sólo la utilizaba 3 por ciento de ellos.

Monsanto no es un beneficiario elegible del programa algodonero, pero en términos reales ha recibido alrededor de 15 por ciento de los recursos destinados a éste en los últimos cuatro años. En promedio 3.5 millones de pesos anuales, 10 veces el monto tope de 350 mil pesos por beneficiario individual definido por el programa. Es uno de los casos típicos de apoyo con recursos públicos a intereses privados.

El cultivo del algodón transgénico representa costos de producción más altos; la semilla es 25 por ciento más cara que la no transgénica y el pago de la licencia es de 80 dólares por hectárea. El gobierno mexicano subsidia a Monsanto con 45 por ciento del valor de estos insumos, en 40 por ciento de la superficie sembrada con algodón transgénico, y le permite obtener el resto del bolsillo de los productores. El subsidio permite que los costos de la semilla transgénica más la licencia se reduzcan, pero representan más del doble del costo de la semilla convencional, que no paga licencia ni tiene apoyos estatales.

El algodón es el principal cultivo transgénico de México. La primera solicitud para ensayo en campo se otorgó en 1995, y al año siguiente Monsanto había conseguido autorización para su programa piloto de algodón Bollgard, en 10 mil hectáreas en Tamaulipas, aunque sólo se realizó en 400 hectáreas. Entre 1996 y 1999 Sanidad Vegetal reporta un crecimiento exponencial de la superficie autorizada a la empresa Monsanto. Para 1999 tenía autorizadas 83 mil 799 hectáreas, aunque se realizaron únicamente 28 mil 651, pero para 2000 las solicitudes aprobadas se redujeron a 58 mil 560 hectáreas.

Las expectativas del gobierno y de la compañía se han quedado muy cortas contra la realidad: el cultivo del algodón en México no es rentable frente a la competencia del libre mercado. Mientras que la industria textil importa 63 por ciento del consumo nacional de algodón y la industria aceitera 40 por ciento de su consumo, la superficie total de algodón ha caído en 64 por ciento durante los años de operación del programa (1998-2001), presionada por la caída de los precios internacionales en 25 por ciento a partir de 1997. El mismo destino ha tenido la superficie subsidiada por Alianza para el Campo con algodón transgénico, que se redujo en 66 por ciento entre 1998 y 2000, al pasar de 21 mil 130 hectáreas a 7 mil 280. Para el año 2000 los productores en Tamaulipas decidieron privilegiar con subsidios las labores culturales, antes que el uso de semillas transgénicas, que no les reflejaron beneficios.

Durante este año el programa gubernamental de subsidio a la semilla y licencia transgénica, propiedad de Monsanto, otorgará 455 pesos por hectárea a los productores individuales y 650 pesos a las organizaciones de productores, a pesar de sus cuestionables beneficios. El programa algodonero apoya a productores de alto nivel económico en regiones determinadas del país, en su mayoría con superficies de riego mayores a 10 hectáreas; en algunos casos es un incentivo para la concentración y renta de la tierra. Para los productores la cuestión de la tecnología resulta menor frente a los problemas fundamentales de reducción de precios y dificultades de comercialización. En varios casos el beneficio a los productores se reduce a perder menos.

Al convertirse en el promotor de los intereses de Monsanto -que bien puede asumir el costo de la penetración de su tecnología-, el gobierno coloca los recursos públicos en su tan odiado "barril sin fondo"; la precisión del caso es que algunos de los que los reciben tienen marcas registradas.