Advierte la opositora Elisa Carrió riesgos de represión ante una explosión social
Debacle en partidos mayoritarios argentinos por la derogación de la ley de subversión económica
Pronostican centrales obreras que habrá 500 mil despidos más; 30 por ciento, el desempleo
STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 31 de mayo. La derogación de la ley de subversión económica por imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI), y por la cual estaban procesados varios banqueros responsables de vaciamiento, lavado de dinero y otros graves delitos económicos, está produciendo una verdadera de-bacle en los partidos políticos mayoritarios: Justicialista y Unión Cívica Radical (UCR).
Así, la diputada Elisa Carrió, lideresa de Alternativa para una República de Iguales, reprobó la derogación y advirtió del riesgo democrático por los grados de intervención autoritaria sobre la base de una situación social explosiva y la falta de autoridad.
La legisladora aclaró que "esto no significa un presidente militar al estilo de los años 70, pero supone que podamos estar (...) con una apariencia de legalidad (representada) en un presidente, con represión a la población frente a un estallido social y un grado de intervención de sectores militares para asegurar la paz social".
Carrió describió la derogación de la ley, el jueves por el Congreso, como una "autoamnistía de quienes saquearon al país", y afirmó que con esta decisión "se suicida toda la clase dirigente argentina".
"Esta ley estaba en la agenda del FMI, a petición de los banqueros que podrían ser procesados, y su derogación significa la im-punidad final para la fuga de dinero del país y para el lavado de dinero", sostuvo. "Traidores a la patria", se leía esta tarde en distintos carteles en referencia a los senadores justicialistas que permitieron un "vergonzoso triunfo" con la derogación de la ley.
Hasta el último momento el gobierno de Eduardo Duhalde decidido a obedecer sin cortapisas al FMI, estuvo pendiendo de un hilo ya que no lograba los votos necesarios en el Senado, por la abierta rebeldía de un sector de legisladores del justicialismo y por la oposición de sus aliados de la UCR.
El debate tuvo una fuerza inusitada y en todos los casos los opositores a la derogación de la ley demostraron los peligros para el futuro del país que significa la impunidad impuesta a rajatabla por decisión del FMI.
El justicialismo nunca pudo controlar a los rebeldes, y la "salvación" para un oficialismo cada vez más débil vino de la mano de la senadora Amanda Isidori, de la UCR, representante de Río Negro, quien obedeció las órdenes del gobernador de su provincia, Pablo Verani, y se retiró del recinto.
Festejos y vergüenza
Fue un ajustado cálculo para que se lograra un vergonzoso empate a 34, y dejar en la presidencia del Senado la decisión, que por supuesto era cantada: obedecer al FMI.
"ƑQué festejan?", se preguntaba la gente en las calles, en referencia a las sonrisas y abrazos de los justicialistas Eduardo Me-nem o José Luis Gioja, mientras la protesta era contenida por vallas policiales.
La indignación se potencia con el rechazo a la salida programada para el llamado co-rralito bancario. Esta noche Duhalde firmó el decreto para establecer un cronograma de salida del corralito, a fin de devolver a los ahorristas los depósitos confiscados desde diciembre pasado, mediante bonos con una serie de prerrogativas.
Es un plan rechazado mayoritariamente por los ahorristas, a los cuales los bancos extranjeros no dieron respuesta alguna ante
el literal robo de sus ahorros de años.
Pero lo cierto es que durante todos estos años el FMI nunca había considerado que la ley de subversión económica significara inseguridad jurídica, hasta que banqueros con severos cargos fueron procesados por la justicia argentina.
El caso más evidente es el de Carlos Rohm, gerente del Banco General de Negocios, detenido por la jueza María Servini de Cubría desde enero pasado. A partir de ahora son excarcelables los acusados de delitos como malversación de fondos, de-fraudación y otros.
Aunque Rohm también es juzgado por asociación ilícita, esto es más difícil de probar: está vinculado además a otros graves hechos como el caso de la llamada "mafia del oro" o el lavado de dinero, pero con po-derosos amigos como la familia del presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
Detrás del caso de éste y otros banqueros están también los de funcionarios como el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, o el banquero estadunidense David Mulford, o una serie de ex funcionarios del go-bierno de Carlos Menem (1989-1999), en cuyo periodo se produjo la mayor corrupción en la historia del país.
Si ahora siguen los ajustes, los sindicalistas pronostican más de 500 mil despidos cuando ya el desempleo ronda el 30 por ciento y la pobreza se extiende sobre unos 20 millones de argentinos, en una población de poco más de 36 millones.
Este día los analistas citaron al premio Nobel de Economía 2001, el estadunidense Joseph Stiglitz, quien opinó que la crisis argentina empeorará si se siguen las recetas del FMI, y criticó que éste demande precisamente "más reducción del gasto público. Lo que pide, a esta altura, es que Argentina haga de su recesión una depresión".
En medio de estas críticas, Duhalde aceleró el paso para firmar pactos de austeridad fiscal con las provincias y normalizar el sistema financiero, tonificado por la derogación de la ley de subversión económica.
El ministro del Interior, Jorge Matzkin, afirmó que el gobierno confía en completar la próxima semana los acuerdos con cada distrito para reducir los déficit en 60 por ciento, en línea con las exigencias del FMI.
De otro lado, el gobernador peronista de Córdoba, José de la Sota, reiteró su deseo de que se convoque a elecciones generales en el país si se logra un acuerdo con el FMI.
En Alemania, un funcionario del Partido Justicialista, que pidió el anonimato, informó que el gobierno de su país decidió adelantar las elecciones presidenciales para marzo del 2003, previstas inicialmente para septiembre u octubre de ese año, ante la di-fícil situación con las provincias.
