Caso del militar fallecido al ser trasladado al MP
Los policías arraigados, en calidad de testigos, dice el procurador Bátiz
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, informó que el arraigo que concedió la autoridad jurisdiccional en contra de 20 policías involucrados en la detención del militar José Gabriel Martínez Romero, quien falleció al ser trasladado a la agencia del Ministerio Público, es en calidad de testigos y no como probables responsables de la muerte.
Se trata de que estén localizables para cuando el MP los requiera, explicó el funcionario, pero reconoció que dos de ellos, quienes debieron participar en una actuación ministerial de reconstrucción de hechos el jueves y viernes, faltaron a la diligencia.
La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que solamente 18 policías se encuentran arraigados en las instalaciones del sector Asturias de la policía preventiva, como pidió la PGJDF al juez en su solicitud de arraigo.
"Si alguno de ellos se evadiera, sería un reconocimiento de que tiene alguna responsabilidad y tendríamos que buscarlo", señaló. Al continuar ayer la reconstrucción de hechos, del momento en que el mayor intendente del Ejército mexicano es sacado del hotel, subido a la patrulla y posteriormente a una camioneta pánel para trasladarlo a la agencia 4 del Ministerio Público, la SSP dispuso un fuerte dispositivo de seguridad que resguardó el traslado al hotel de los uniformados arraigados.
Bátiz Vázquez explicó que las investigaciones del caso se retrasaron debido a que el Servicio Médico Forense hizo una ampliación que cambió sustancialmente el sentido de la investigación.
Al respecto el director del Semefo, José Ramón Fernández Cáceres, dijo que no ha recibido petición por parte de la PGJDF para hacer alguna aclaración sobre los protocolos de necropsia que elaboró en el caso de Martínez Romero. "Ignoro a qué se refiere el señor procurador y no voy a polemizar; lo que les puedo decir es que hasta el momento no hemos recibido ninguna observación de duda por alguna intervención", aclaró.
Por otra parte, Fernández Cáceres informó que debido a la sustracción de todos los órganos del cuerpo del presunto secuestrador Guillermo Vélez Mendoza, quien murió a manos de efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, presuntamente al ser sometido a torturas, fue "imposible determinar las causas de la muerte".
No obstante, refirió que se ratificó el informe de lesiones detectadas en el cuerpo de la víctima y "a priori se desecharon algunas situaciones de tortura que se habían manejado, como las lesiones en el pene", aunque aclaró que él no es la autoridad que debe opinar al respecto.
Deslindó al Semefo de la sustracción de órganos del cuerpo; "tengo absoluta certeza; en éste, como en todos los casos, no nos quedamos con los órganos. Salvo cuando es necesario hacer estudios de laboratorio tomamos unas muestras, un fragmento muy pequeño de algún órgano, pero queda perfectamente asentado en el dictamen".
Refirió que en el caso de Vélez se tomaron fragmentos de encéfalo, riñones e hígado para hacer los estudios toxicológicos, así como de pulmón, corazón, páncreas , hígado, riñones , estómago y laringe para hacer los estudios histopatológicos. Recordó que cuando se hizo la exhumación del cuerpo de Vélez para la segunda necropsia, al quitar las costuras, en vez de los órganos había en las cavidades bolsas con papel periódico impregnado de formol.
