Los que ordenaron la masacre y nos torturaron siguen gozando de impunidad, señala

La lucha seguirá para aclarar la matanza de El Charco: Zamora

Llama a esforzarse por llevar a generales Oropeza y Portillo Leal al banquillo de los acusados

BLANCHE PETRICH Y JESUS SAAVEDRA ENVIADA Y CORRESPONSAL

Chilpancingo, Gro., 31 de mayo. Ante una concentración que vivió la liberación de Ericka Zamora como una victoria propia, la recién excarcelada propuso al movimiento popular guerrerense que a partir de ahora se esfuerce por llevar a los generales Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto Portillo Leal al banquillo de los acusados.

"Los que ordenaron la masacre y nos torturaron siguen gozando de privilegios e impunidad", dijo Ericka Zamora en su primer discurso en libertad. "A esos militares, tarde o temprano y con la fuerza de todos ustedes, los llevaremos a juicio y a la prisión".

Estos dos oficiales, el primero comandante de la Zona Militar 27 con sede en Atoyac, y el segundo jefe de la novena Región Militar en Acapulco, fueron quienes encabezaron el operativo en la escuela rural de la comunidad de El Charco en la madrugada del 7 de junio de 1998, en el marco de la ofensiva contra los núcleos del EPR y el ERPI que en ese tiempo estaban activos en varias regiones de Guerrero. En el asalto murieron 11 personas: un estudiante universitario, Ricardo Zavala, y el resto mixtecos de la Costa Chica. Fueron detenidas 22 personas.

Los dos últimos presos de El Charco, Zamora y Efrén Cortés, fueron liberados el jueves, revocada su sentencia porque la Procuraduría General de la República (PGR), como parte acusadora, no logró acreditar los delitos imputados.

La marcha no fue multitudinaria. No pasaban del millar los manifestantes, pero desde hace muchos años las dos calles principales de esta contrahecha ciudad, por las que suben y bajan las frecuentes manifestaciones de las luchas populares del estado, no habían visto una concentración tan jubilosa. Después de tantas protestas, plantones y denuncias, por tantos atropellos y tantas arbitrariedades, hoy había un motivo para celebrar. Una de cal por las que van de arena.

El grito de "presos políticos, libertad", que lleva décadas retumbando en incontables manifestaciones, sonaba esta mañana, de la Alameda a la universidad y de regreso, como el de una utopía que, hoy sí, estaba al alcance de la mano, ahí mismo, frente al tropel que agitaba banderitas de papel de china.

Entre los manifestantes avanzaban viejos líderes que en su momento vivieron la cárcel y la tortura en las dosis que suele propinar la historia contemporánea de esta entidad, como Hilario Messino, Bertoldo Martínez o Virginia Montes, estos dos últimos compañeros de infortunio de Ericka y muchos más.

El primero en tomar la palabra es uno de los mixtecos que se encontraba en la escuela de El Charco hace cuatro años, Alonso Alba. Sobrevivió para contarlo. Y lo que cuenta no se refiere solamente a esos sucesos, sino a lo que ocurrió después.

En esa zona del municipio de Ayutla de los Libres, en las comunidades mixtecas, han ocurrido en los últimos años cerca de un centenar de ejecuciones extrajudiciales, y en ningún caso se ha hecho justicia; por el contrario, la militarización se ha reforzado. Se ha levantado una nueva base militar en Cruz Grande. La impunidad campea, como en el caso documentado de mujeres violadas en Barranca Bejuco y Barranca Tecuni. "Nosotros no queremos soldados, queremos proyectos", concluye.

Hablan estudiantes de las distintas organizaciones de la región, los de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los de la Federación de Estudiantes Socialistas, anarcopunks y cegehacheros llegados del Distrito Federal. Insisten en que la libertad de Zamora no es "graciosa concesión del Estado, sino un hecho justo arrancado por nuestras luchas". Y sin excepción, todos apuntan a las batallas por venir. Como dice la reiterada consigna: "La lucha sigue, sigue, sigue".

Habla una maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero, que reconoce que el magisterio guerrerense demoró en reaccionar y se sumó tarde a la demanda de libertad de los detenidos de El Charco. Por ahí sale a relucir el tema del frívolo viaje del gobernador René Juárez Cisneros al Lejano Oriente, quien en busca de mercados para los cítricos de la costa goza en Japón y Corea alguno que otro partidito de la Copa Mundial de futbol.

Hace presencia el dirigente estatal del PRD, Martín Mora. Y acto seguido Bertoldo Martínez, del Frente de Organizaciones de Guerrero, toma el micrófono para reprocharle al partido del sol azteca su sordera. Recuerda las infructuosas peregrinaciones de los líderes populares al Congreso de la Unión, a las cámaras federales y estatales para promover la ley de amnistía. "Y esta es la hora en que el PRD no alza la voz".

Amador Cortez, del Comité 500 Años de Resistencia Indígena, señala que sobre muchas cabezas del movimiento popular en Guerrero hay órdenes de aprehensión recién reactivadas por las autoridades estatales. No sólo sobre 14 líderes, sino sobre muchos activistas comunitarios, como las 41 amenazas de arresto en Xochistlahuaca, otras 14 en Tlacotepec, otras tantas en Tecpan y varias localidades más.

Al fin llega Ericka al mítin. La flanquean sus padres y su hermana Evelyn. Justino Zamora, su padre, llevaba puesta la camiseta de su causa, literalmente. "Libertad para Ericka Zamora", letras rojas sobre fondo blanco. Silencioso, no se despegó en todo el día de la niña de sus ojos. Alfonsa Prado, también firme a su lado, tomó la palabra: "Estoy orgullosa de mƀija. De ella saqué fuerzas todo este tiempo para luchar. Y a todos ustedes, gracias, muchas gracias". No hacía falta decir más.

La voz de Ericka se quiebra. "šA ustedes les debo mi libertad!", grita.

En su discurso critica al presidente Vicente Fox y el "argumento falaz" del que se sirvió para sumar a México a la condena contra Cuba en Ginebra. "Pero una cosa son los discursos de Fox y Castañeda, dirigidos a convencer a grupos selectos poseedores de grandes capitales, y otra es la realidad mexicana".

Se dirigió al mandatario: "Si usted demandó al comandante Fidel Castro la liberación de algunos presos en Cuba, yo le recuerdo que el buen juez por su casa empieza. Demuestre un mínimo de congruencia y abra las puertas de las cárceles del país para que salgan todos los presos políticos y de conciencia. Libere a los zapatistas, a los prisioneros de Guerrero, Oaxaca, a los hermanos Cerezo, a Jacobo Silva Nogales y a Gloria Arenas, que llevan más de 30 días en huelga de hambre. A Felícitas Padilla y Fernando Gatica Chino".

ONG, estudiantes y profesores de la UNAM le dieron una calurosa recepción

Exigen castigar a los responsables de la reclusión injusta de Ericka Zamora y reparar el daño

CAROLINA GOMEZ MENA

Se cumplían casi 24 horas de que Ericka Zamora había dejado el penal de Chilpancingo, Guerrero, y todo estaba listo para recibirla en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, auditorio que estudiantes, representantes de organizaciones de derechos humanos y académicos abarrotaron. También se arremolinaron en pasillos y salones contiguos, en espera de que llegara Ericka, tras casi cuatro años de ausencia en la casa de estudios en la que tomó clases, de oyente, en la carrera de sociología.

En los accesos al aula, numerosos carteles, elaborados a mano, por lo precipitado de los hechos, anunciaban la conferencia de prensa, la cual comenzó minutos después de las 19 horas. Ericka se veía cansada pero "feliz". En el podium la acompañaban Enrique Dussel, profesor de la Facultad de Filosofía; Adolfo Gilly, académico de Ciencias Políticas y Sociales, y Ana Esther Ceceña, moderadora, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y directora de la revista Chiapas, que edita dicho instituto, así como sus padres. También estuvo el general Francisco Gallardo, quien se sumó a la demanda de que se castigue a los responsables de la matanza de El Charco.

A su entrada, en diversas ocasiones durante el acto, que tuvo una duración de poco menos de una hora, los aplausos, gritos de apoyo, goyas y demandas de libertad de los presos conmovieron a Zamora, quien señaló a este diario que su bienvenida a la máxima casa de estudios fue "emotiva, calurosa y, sobre todo, un acto de solidaridad". Además manifestó su deseo de visitar la La Jornada, probablemente hoy, para agradecer la difusión que esta casa editorial dio a su caso.

Dejó entrever que no esperaba tanto apoyo de la comunidad universitaria, mismos que horas antes, en conferencia de prensa, le externaron diversas organizaciones de derechos humanos, las que además de congratularse por la excarcelación de Zamora consideraron que ésta es sólo la primera parte de una acción de justicia.

Sobre ello, Silvia Aguilera García, directora general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, coincidieron en señalar que falta que "haya un reconocimiento amplio de que hubo violación a las garantías, se castigue a los responsables y se repare el daño".

Habrá denuncias contra generales

En ese sentido, Ericka refrendó que dentro de algunos días su abogada, Bárbara Zamora, presentará una denuncia penal contra Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto Portillo Leal, generales que estaban al frente del operativo que dejó como saldo 11 muertos en El Charco, porque ahora "se inicia la segunda parte de la lucha: el proceso de los responsables y la exigencia del pago de los daños, así como que se den indemnizaciones a los familiares de los asesinados".

Al asegurar que "no tengo rencor, miedo ni deseo de venganza", pero sí de que se haga justicia, Ericka Zamora comentó que continuará con sus labores de alfabetización en zonas indígenas, labor que desempeñaba en El Charco cuando se dieron los hechos que la llevaron a la cárcel, tras ser acusada de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Asimismo, tras comentar que su recibimiento le "caló muy hondo", confirmó que acudirá el próximo 7 de junio, cuando se cumplirán cuatro años de la matanza, a la ceremonia conmemorativa que se llevará a cabo en las instalaciones de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, agrupación a la que pertenecían los indígenas asesinados.

Ericka insistió en que el gobierno federal debe "ser congruente con lo que dice en sus discursos", respecto a que defenderá y garantizará la defensa de los derechos humanos. Consideró que la mejor forma es dejar libres a todos los presos políticos, que "hay muchos en las cárceles". Exigió que se promulgue la "ley federal de amnistía".

Segregación, amenazas y toques eléctricos

Relató que durante su estancia en tres penales (Acapulco, Puente Grande y Chilpancingo) vivió momentos críticos, en los que el abuso de autoridad era la norma, más aún en su condición de mujer. Sin duda los instantes más dolorosos fueron los de "tortura, cuando me amenazaban con desaparecer a mi familia, con matarlos, pero lo peor fueron los toques eléctricos".

Fue crítica, por ser mujer, su estancia en Puente Grande, penal varonil. "Allí, de hecho, las seis mujeres que nos encontrábamos vivíamos en segregación (...). Vivimos muchas injusticias, sobre todo porque a nosotras, como mujeres, se nos trataba de manera diferente. Teníamos que caminar con la cabeza agachada y las manos hacia atrás (...). El asunto de las toallas sanitarias era denigrante."

Consideró que su liberación, así como la de otros presos políticos, más que "a un cambio prometido" se debe a la "presión social". Y es que, a su juicio, el actual gobierno (en esta materia) "no nos ha dado nada gratis. Todo esto nos lo hemos ganado en una lucha constante".

Durante la ceremonia, Ericka dio lectura a dos documentos que horas antes presentó en Chilpancingo, Guerrero. El primero, un relato de cómo sucedieron los hechos aquel 7 de junio de 1998. El segundo, una petición al gobierno federal respecto a la necesidad de que sean liberados todos los presos políticos.

La recepción en Ciudad Universitaria me "dio más ánimos para seguir adelante", aseguró Ericka tras subrayar que "las rejas ni la tortura deben ser elementos que nos hagan olvidar los principios y convicciones".

Por último, indicó que no pierde las esperanzas de que México sea pronto un país en el "siempre exista la justicia y la libertad", y no como ahora, que "se sigue reprimiendo a personas que piensan diferente, porque el cambio sólo está en las palabras".

Obligó a los jueces a dictar una sentencia en contra nuestra, asegura

El Ejército intentó acallarnos: Efrén Cortés

"Podemos dar el testimonio más fiel de lo que pasó en El Charco; fue una matanza"

BLANCHE PETRICH Y JESUS SAAVEDRA ENVIADA Y CORRESPONSAL

Chilpancingo, Gro., 31 de mayo. Hace tres meses el guerrerense Efrén Cortés pesaba 73 kilos. Fue ingresado a la enfermería del penal de máxima seguridad de Puente Grande con una crisis diarreica causada por una afección intestinal mal atendida. Ayer en la madrugada fue excarcelado, con un peso de 56 kilos, con la enfermedad muy avanzada después de 90 días de segregación total e hipotensión aguda. "Aislamiento y falta de medicinas, ese fue el tratamiento médico que me dieron en la cárcel", denuncia.

Entrevistado telefónicamente, Cortés deduce que los cuatro años que él y Ericka Zamora pasaron encerrados en tres cárceles distintas, sometidos a torturas y aislamiento en distintos momentos, se debieron a una decisión del Ejército mexicano de mantenerlos acallados, "porque nosotros somos los que podemos dar el testimonio más fiel y completo de lo que ocurrió el 7 de junio en El Charco y días antes en Ocote Amarillo", en la Costa Chica.

Asegura: "Analizando muy a detalle esta situación -y créame que he tenido tiempo de sobra para pensar las cosas con calma-, he llegado a la conclusión de que fue el Ejército el que obligó a los jueces a dictar una sentencia en contra nuestra; fueron presiones militares las que obligaron al tribunal unitario a ratificar la condena, y estuvieron también detrás de la decisión de trasladarnos al penal de Puente Grande. Esperaban que mientras tanto corriera en su favor un factor llamado tiempo, porque si al final iba a salir a relucir la verdad, nuestro caso se iba a resolver como concluyó, con la revocación de la sentencia por falta de pruebas".

Efrén Cortés, de 34 años, es hijo de un conocido agricultor de Cruz Grande. Después de estudiar la carrera de historia en la Universidad Autónoma de Guerrero se metió de promotor de movimientos indígenas. Fue presidente del comité municipal del PRD y delegado en un congreso nacional de su partido. Después de la época de fraudes electorales que vivieron varias regiones de su estado durante el salinismo, participó intensamente en los años 90 en la organización de los municipios autónomos de la zona mixteca, amuzga y tlapaneca. Y los comandantes militares de la región ya le habían puesto el ojo.

Era objeto de seguimiento y amenazas. A sus padres y familiares "les mandaron decir" del destacamento castrense de Cruz Grande que lo controlaran: "Ya tenemos problemas con un mestizometido de redentor de indios en Chiapas. No queremos tener otro por aquí", fueron las palabras de advertencia.

En su calidad de promotor fue invitado a la asamblea popular de El Charco, ese 7 de junio de 1998.

Deuda pendiente

Cuatro años de su vida tras las rejas, dos de ellos en segregación, por delitos que al final "no se acreditaron", le permiten a Efrén Cortés juzgar: "El actual gobierno tiene una deuda pendiente con el país: aclarar lo que pasó en El Charco. Eso fue una matanza, ahí se cometieron ejecuciones extrajudiciales y los responsables no han sido tocados ni investigados, ni siquiera cuestionados".

Recuerda que se acerca el cuarto aniversario de ese asalto militar a la escuelita rural de la comunidad mixteca de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres. "Lo que ahí debe exigirse es que se investigue y que se castigue a los autores de la matanza y de la represión sufrida antes y después. En la región muchos niños han quedado huérfanos. El Estado debe reparar ese daño y asegurarles un futuro a los hijos de los asesinados".

El no podrá estar personalmente en el acto conmemorativo que se prepara para esa fecha en Guerrero, "por seguridad, porque yo no confío en Vicente Fox y temo por mi integridad. Pero tampoco puedo moverme por motivos de salud", dice.

Ni siquiera puede viajar todavía a su pueblo, que es Cruz Grande. La madrugada que salió de prisión, se quedó en casa de unos parientes en Guadalajara. Sólo podrá trasladarse al Distrito Federal, una vez se hayan estabilizado los trastornos más graves.

El médico Cuauhtémoc Andrade, que lo revisó en la enfermería del penal, le advirtió que la infección bacterial que padece podría derivar en un cáncer intestinal, si no se atiende de inmediato. Y en la cárcel la atención médica le fue escatimada.

Acuerdo de consejo

Cuando llegó al área médica del penal le fue aplicado suero durante 20 días. Luego permaneció hospitalizado varias semanas más. Hace 15 días fue recluido en soledad total en esa misma área. "Ni comunicación humana ni un minuto de sol, ni un libro ni radio, menos televisión o periódicos. El sicópata que está a cargo del penal -dice- tiene prohibido todo esto".

Asegura que no había razón para el castigo. "Fue una revancha por haber luchado para que me atendieran, por haber logrado que la Cruz Roja Internacional se interesara en mi caso. Esta institución se dirigió al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y al presidente Fox. Fue cuando intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pero si por ellos hubiera sido, yo no estuviera hoy hablando con usted".

Cuando finalmente fue autorizada la revisión médica, Cortés le preguntó al doctor la razón por la cual en lugar de recibir el tratamiento indicado fue encerrado durante las tres últimas semanas en un pequeño cuarto, en total aislamiento, con la terminante prohibición de hablar, y con un custodio permanentemente situado a un metro de él. "Fue acuerdo del consejo técnico", respondió el galeno.

El 25 de abril una visitadora y un médico de la CNDH fueron a verlo después de varios exhortos de la Cruz Roja Internacional. Supieron de su denuncia de que no le estaban administrando los medicamentos ni los alimentos adecuados; que estaba en aislamiento total, sin acceso a ningún otro interno. Supieron que en los pasados tres meses sólo se le permitió la visita de sus familiares en dos ocasiones. Los representantes de la CNDH lo vieron, le dijeron que ese tratamiento era el indicado, y que "si los directivos del penal dicen que ahí tiene que estar, pues ahí tiene que estar". No hicieron nada en su favor. Fueron los mismos delegados de la comisión que hace cuatro años recibieron testimonio directo de Efrén Cortés y Ericka Zamora sobre las torturas recibidas en instalaciones militares para que firmaran declaraciones ministeriales autoinculpatorias y que se negaron a acreditar la práctica de tortura.

La enfermería de Puente Grande, relata, es el mejor reflejo del "terrorismo penitenciario" que practica el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Alfredo Lara Guerrero, nombrado después de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.

"A varios de los que han caído ahí se les deja para que se vayan muriendo. Hay gente esposada, golpeada; hay reos que van perdiendo la razón y que gritan todo el tiempo, traumados. Hay que ser sicológicamente muy fuerte para resistir estar internado ahí".

Cita específicamente a dos jóvenes acusados se secuestrar niños en Colima. "Es cierto que ahí hay gente que ha cometido gravísimos daños a la sociedad, pero nada justifica un trato tan inhumano".

Le preocupa de manera especial el destino que pueda tener en Puente Grande Angel Guillermo Martínez, el último de los presos políticos. Martínez fue culpado del asesinato de un perredista en Acapulco.

"En los Ceferesos la saña con la que tratan a los presos políticos es especial. Se empeñan en acallarlos, en reducirlos. Ahí la palabra no vale nada. Sólo cuentan el control y la represión. Angel Guillermo fue castigado en repetidas ocasiones al protestar por el trato que me daban, debido a mi enfermedad. Sobre él hay mucha presión actualmente. Es muy importante que los organismos de derechos humanos estén muy pendientes", concluye.