Francisco López Bárcenas
Violencia, conflictos agrarios y control político en Oaxaca
Como antes Acteal, en el estado de Chiapas, o Aguas Blancas, en Guerrero, ahora es Aguafría, en el municipio de Santiago Textitlán, distrito de Sola de Vega, en la sierra sur de Oaxaca. Veintiséis campesinos fueron acribillados a mansalva, asesinados, bajados del camión en que viajaban y tirados como basura. Como antes, también ahora se intenta explicar el etnocidio atribuyéndolo a venganzas comunitarias o a la presencia del narcotráfico. Como antes, todos se llaman a asombro, aunque todos sabían que eso podía suceder; pero como antes, tampoco hicieron nada por evitarlo. No obstante, una de las líneas de investigación abierta por las autoridades estatales es que la matanza se debe a conflictos agrarios por límites, línea corroborada de manera lapidaria por los deudos de los muertos: la resolución dictada por el tribunal agrario reconociendo el derecho a los agredidos fue su sentencia de muerte.
La revelación de esta situación es inquietante, pero no debe llamar a asombro, porque en Oaxaca es una situación cotidiana. Para empezar, de las 9 millones 536 mil 400 hectáreas que aproximadamente constituyen el estado, 5 millones 469 mil 719 -esto es 57.36 por ciento- están bajo el régimen de comunidad, y un millón 603 mil 459 -16.81 por ciento- son ejidales, lo que nos dice que 74.17 por ciento de la tierra es de propiedad social. Dentro de estas tierras oficialmente se registran 656 conflictos agrarios, de los cuales 53 son considerados "de atención especial" por ser altamente conflictivos, y si no se les atienden explotan, como puede ser el caso de los 26 campesinos muertos. De estos conflictos, 44 se localizan en la región de la Cañada, 61 en la región del Istmo, 102 en la región mixteca, 109 en el Papaloapan, 108 en los Valles, 50 en la sierra norte y 106 en la sierra sur, donde sucedió la masacre que ahora lamentamos. Si se le escarba más se podrá encontrar que la mayor parte del territorio oaxaqueño vive en constante tensión por los conflictos agrarios.
Las principales características de estos conflictos es que la mayoría de ellos son por límites de tierras, despojos o invasión, y la mayor parte de los casos se encuentra resuelta jurídicamente, aunque ni las resoluciones presidenciales ni los amparos ni las sentencias de los tribunales agrarios se han ejecutado, porque así conviene a los gobiernos federal y estatal, que ven la ley no como norma aplicable a todos los casos, sino como elemento de negociación de cada asunto en particular. Otras de las características de los conflictos es que son bastante añejos, algunos con siglos de existencia; derivan de causas sociales, como el aumento de la población y la demanda de espacios para asentamiento, pero también de causas culturales, ligadas a la relación simbiótica entre la tierra y los pueblos. Existen además causas políticas de diversa índole, entre ellas el interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno por manejar los problemas en lugar de solucionarlos; la estrategia de las organizaciones políticas -unas veces oficiales, pero también oficiosas y hasta "independientes"- de mantenerlos para asegurarse seguidores y también la perseverancia de las comunidades por preservar su autonomía. Todo lo anterior nos habla de que en Oaxaca las luchas por la tierra son también luchas por el poder.
El asunto no es para ignorarlo, sino para tomar medidas que lo solucionen. Pero dentro de las estrategias del gobierno lo que más se encuentra es que "se buscarán proyectos productivos a través del Programa de Empleo Temporal", lo que da la medida del desinterés hacia este tipo de problemas, que ante la falta de atención de las verdaderas causas que los generan terminan reventando y enlutando familias y pueblos enteros, como se vio con la matanza de Aguafría.
Como en la matanza de Acteal o Aguas Blancas, o todas las demás sucedidas en años pasados contra los pueblos, importa saber quiénes son los responsables directos y llevarlos a los tribunales para que paguen sus crímenes. Sin embargo, no por eso hay que olvidar que los diversos niveles de gobierno fueron omisos en aplicar la ley cuando se exigió por los afectados, y eso también crea responsabilidad, aunque sea por omisión. En un gobierno que se reclame de derecho no puede ignorarse eso. Asumir otra postura implicaría renunciar a un gobierno de leyes y dejar en libertad a todos los ciudadanos para que se hagan justicia por su propia mano. Por eso esta matanza no puede quedar impune.
