martes 4 de junio de
2002 |
Maestros De interés para la sociedad n Gustavo Santin Nieto |
La tragedia acaecida en el
municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México,
provoca una condena social inmediata para el homicida
tras conocerse la agresión cometida en contra de
infantes que rendían honores a la bandera en la vía
pública. Pero pasada la primera impresión de ese acto
criminal se generan algunas preguntas de interés para la
sociedad producto de las escenas transmitidas por la
televisión y otras derivadas de la intervención, en los
mismos medios, de algunos funcionarios públicos, que
merecerían ser contestadas por las autoridades. ¿Producto de la reforma constitucional que hará en los próximos años obligatorio el curso de tres años de preescolar no sería conveniente el inicio de un programa que primero muestre el número de instituciones que existen en este nivel y que por circunstancias legales funcionan sin autorización de las secretarías de educación pública, luego se evalúen y por último se autorice que presten servicios sólo los que estén en condiciones de hacerlo?, ¿qué no las autoridades de salud deben intervenir para conocer las condiciones sanitarias en las que funciona cualquier establecimiento y autorizar su funcionamiento sólo si cumple con estándares en la materia?, ¿qué las licencias de factibilidad de uso de suelo y las de funcionamiento no se otorgan sólo hasta que el solicitante que fuere cumpliese con las normas establecidas por el cabildo municipal?, ¿por qué las autoridades educativas no habían verificado la calidad de los estudios que se otorga en las escuelas públicas de la localidad dado que los padres argumentaron que enviaban a sus hijos a la escuela Gabriela Mistral por que en esa escuela sus niños aprendían más que en los establecimientos públicos? ¿Por qué los padres no verificaron las condiciones en las que se ofrecía el servicio y si lo hicieron por qué lo admitieron así? Algunas de las respuestas a las interrogantes planteadas tienen seguramente respuestas positivas que muestran por un lado y tomando como ejemplo a la escuela particular Gabriela Mistral, negligencia por parte de las autoridades y, por otro, complacencia de los padres de familia como sería el de este caso. Si bien es cierto que la ley no obliga a contar con autorización oficial a quienes ofrecen de manera particular servicios de educación preescolar, también lo es que cualquier establecimiento mercantil se encuentra obligado a cumplir con obligaciones y normas, en ocasiones excesivas, derivadas de otras instancias como las emanadas de los ayuntamientos -pago del predial y las licencias de funcionamiento, verificación de la estructura del inmueble-, y de los gobiernos estatales -relativas a las finanzas locales como el pago sobre nómina, las de higiene y seguridad y las sanitarias. El funcionamiento de las escuelas de todo nivel, incluidas las de preescolar, y de todo tipo de financiamiento incluido el privado, como sucedía también en el caso de las escuelas por cooperación, actualmente en extinción, adquiere en la actualidad un gran interés para la sociedad; su funcionamiento correcto depende del compromiso de los particulares, del apoyo y de los controles que establezcan las autoridades. |