Envía la SCJN documento al organismo para protestar por la falta de objetividad

Descalifica el Poder Judicial informe del relator de la ONU; otorgó "confianza ciega" a las ONG

Las conclusiones de Dato Param, imprecisas y carentes de una correcta metodología, dice

JESUS ARANDA

El Poder Judicial Federal cuestionó al relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, Dato Param Cumaraswamy, "la confianza a ciegas" que depositó en las ONG defensoras de derechos humanos, porque "rompió" con la objetividad que debía guardar su informe sobre la situación de la justicia en México, al no contrastar la información recibida ni determinar su credibilidad.

La afirmación: "ustedes se convierten en mis ojos y oídos. Ustedes se convierten en los ojos y oídos de los relatores de la ONU", durante el encuentro de Dato Param con 20 representantes de ONG en mayo de 2001, fue criticada por los ministros de la Suprema Corte, en un documento de más de 200 cuartillas. Este constituye su respuesta oficial al informe que rindió el relator ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 8 de abril pasado en Ginebra, Suiza.

El texto fue entregado por el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Genaro Góngora Pimentel, al presidente Vicente Fox el 31 de mayo pasado, para que éste lo enviara vía diplomática a Naciones Unidas y fuera tomado en cuenta el punto de vista del Poder Judicial de la Federación en la decisión final que adopte la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el estado que guarda la independencia de los juzgadores en el país.

Cuestiona las "imprecisiones, falta de congruencia, manejo de información cuestionable y carencia de una correcta metodología" en el análisis de Dato Param.

El relator de Naciones Unidas estableció en sus conclusiones sobre la visita a nuestro país en mayo que la impunidad y la corrupción son "un tremendo problema social", además de que más de 70 por ciento de los jueces mexicanos son corruptos.

En su escrito, los juzgadores precisan su postura sobre las quejas que expusieron las ONG al funcionario: "No podemos aceptar que exista una confianza a ciegas en lo que se diga al relator especial, sobre todo que lo motive a declarar que las preocupaciones de las ONG" se verían reflejadas en su informe final. Esto, subrayaron los ministros, "rompe con la objetividad que debe guardar el informe".

El documento denominado Respuesta al informe del relator de la ONU para la independencia de jueces y magistrados (mayo 2002), del cual La Jornada tiene un ejemplar, enfatiza que "preocupa igualmente que aun con base en esas expresiones carentes de toda metodología y de sustento probatorio, el relator aceptara informaciones que están muy lejos de la realidad y que no resisten ningún juicio serio o razonable".

Tras enfatizar que la misión de Dato Param resultó "nociva", porque en lugar de hacer una investigación para ver en qué forma se apoyaba la independencia de los jueces -que era su mandato-, "lo que hizo fue denostarla".

Extraña sobremanera que en todo el documento no se ofrezca siquiera una noción de lo que el relator considera corrupción, para efectos de su informe, añade la carta. Y esto, "como se podrá comprender", deja en completa libertad al relator especial para calificar la existencia de corrupción en el momento en el que lo considere más oportuno.

Respecto al valor que dio a las expresiones de la opinión pública en el informe, los ministros establecen: "estamos de acuerdo con que es muy importante lo que la opinión pública manifieste..., sin embargo, no es aceptable que sea el único elemento que se tome en cuenta, porque entonces se pierde objetividad y lo que se informa carece de seriedad. La independencia existe al margen de que la población la perciba o no, la percepción es sólo un indicio, pero no es un elemento esencial de la existencia de la independencia", indica el texto.

Enfatiza que tampoco aporta nombres de los denunciantes para poder proceder a la investigación correspondiente. "Tampoco se dice que se realicen investigaciones más exhaustivas en los casos que se conocen. Es decir, no se tiene nada que recomendar, sólo una actividad de prevención que ya se ha venido aplicando de manera regular en el Poder Judicial Federal desde 1982".

No es admisible "que se cuestione todo un Poder Judicial con cifras que son simples valoraciones subjetivas y se haga una recomendación que poco tiene que ver con la magnitud de lo afirmado", señala el documento en relación con la conclusión del relator que dice: "Según las estimaciones que recibió el relator, la corrupción afecta entre 50 y 70 por ciento del total de los jueces federales..., el Consejo de la Judicatura Federal nunca ha sancionado a un juez federal por corrupción, algunos han sido destituidos por cometer un error inexplicable en sus fallos, porque según las autoridades, la corrupción es difícil de probar".

Para fundamentar sus críticas, el texto de los ministros destaca frases del informe como "por lo que ha podido saber el relator", "el relator pudo saber", "se tiene impresión que", por lo que señalan "el único valor que puede dársele a estas expresiones es el de constituir el inicio de lo que puede ser una investigación, pero en ningún momento debe ser el único fundamento ni tampoco la conclusión de una investigación".

También se afirma que el relator "excedió su mandato" y, por tanto, "su actuar no debe ser tomado en consideración".

Y para no dejar dudas sobre su opiniónacerca del informe, el documento del Poder Judicial indica que "diez días no es tiempo suficiente para conocer el sistema y la organización de justicia en un Estado federal". Tómese en cuenta que se visitaron dos tribunales colegiados de circuito cuando hay un total de 131 tribunales de circuito, 54 unitarios, así como 386 juzgados de distrito en todo el país.

Durante su visita a México, el relator sólo estuvo en Chihuahua, Nayarit y el Distrito Federal, lo cual representa 9.37 por ciento de los órganos jurisdiccionales, por lo que "es obvio que este porcentaje no puede considerarse como una muestra representativa", indica el documento.

Respecto a la gran mayoría de las recomendaciones que hace Dato Param, el documento del Poder Judicial de la Federación cuestiona su falta de conocimiento de la justicia en México, empezando porque confunde lo que es la justicia federal con la local; los defensores de oficio de uno y otro fuero, la capacitación de jueces y exámenes de selección de jueces y magistrados federales, así como el control patrimonial que hay sobre juzgadores. Es decir, para los ministros, la inmensa mayoría de sus propuestas "han sido superadas a nivel federal".