Jenaro Villamil
Hacia un país de tele-analfabetos
La miscelánea fiscal del 30 de mayo desapareció la regla 528 de la ley del impuesto al valor agregado (IVA), eliminando así el trato fiscal especial para la industria de libros, periódicos y revistas. El golpe es seco y brutal. Representará una pérdida de alrededor de 10 por ciento para una industria que tan sólo entre 1998 y 2000 tuvo una caída de más de 40 por ciento de su producción (de 46 millones de volúmenes con nuevos títulos, en 1998 descendió a 25 millones), según la propia Cámara Nacional de la Industria Editorial (Caniem) (La Jornada, 8 de junio de 2002, p. 13a).
Parece ser una broma macabra del gobierno, cuyo titular presumió alguna vez ante un grupo de escritores que "me formé leyendo las señales de las nubes", en su rancho de San Cristóbal o, peor aún, el resultado de una clase gobernante cuyo menosprecio a la creación y a la lectura se refleja en el ostentoso analfabetismo telegénico que domina prácticamente todos sus actos. Antes de este golpe fiscal, la miscelánea de este año aprobó eliminar la exención del impuesto sobre la renta en materia de derechos de autor, afectando a más de siete mil creadores registrados en la Sogem, de los cuales, una gran mayoría depende de la industria editorial.
La mala broma se agudizó por contraste. Apenas unos días antes, el 9 de abril, el mismo gobierno federal anunció con bombo y platillo un nuevo programa titulado "Hacia un país de lectores". Para darle realce y rating a este proyecto se invitó a lectores y creadores tan relevantes como el futbolista Jorge Campos, la actriz Salma Hayek y el cómico Adal Ramones. La Secretaría de Educación Pública también contrató spots tan animosos como el que dice: "Con el Programa Nacional de Lectura, leer para aprender, leer para seguir creciendo".
Poco después se presumió la generosa donación de 30 millones de dólares en software y nuevas tecnologías para mil 200 bibliotecas públicas del magnate estadunidense Bill Gates que, de esa forma, no promueve la lectura sino el uso y la dependencia hacia Microsoft, algo por lo cual ha recibido severas críticas y multas en Estados Unidos por haber caído en prácticas monopólicas. Treinta millones de dólares en especie no es mucho para alguien cuya fortuna personal en efectivo se valora en 32 mil millones de dólares, pero "coincide" con la cifra que la Secretaría de Hacienda piensa recaudar con la aplicación del IVA a toda la industria editorial.
La celeridad de las autoridades fiscales para gravar todo lo que tenga que ver con una alicaída industria editorial, lectora, creadora o cultural, contrasta con los favores y las prebendas que gozan las industrias televisiva y radiofónica concesionadas. El privilegio fiscal de 12.5 por ciento de "tiempo-aire" que tienen los medios electrónicos es único en el mundo. Los concesionarios quieren desaparecerlo, no para pagarlo a Hacienda sino para eliminar el "control" gubernamental. Otros sectores quieren que se pague en efectivo y se destine a la inversión de auténticos bienes culturales en los medios electrónicos. El gobierno federal ha optado por mantener la discrecionalidad de este régimen fiscal de pago en especie que le permite obtener todavía grandes favores políticos en la pantalla televisiva y en las estaciones radiofónicas.
El monto económico de este privilegio fiscal es mucho mayor que el IVA a la industria editorial. Un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Expermentación Radiofónica de la Universidad Autónoma Metropolitana calcula que tan sólo en 2000 representó una evasión de 30 mil millones de pesos, "exclusivamente en el caso de las 49 emisoras concesionarias del Valle de México, las que en su mayoría son propiedad de sólo cinco familias".
Esa industria privilegiada fiscalmente es la misma que concentra 80 por ciento de los recursos que destina el gobierno federal a publicitar sus obras para un país de homo-videns, de audiencias guiadas por el rating y no de ciudadanos lectores, como presume su reciente campaña. En contraste, el gobierno federal no destina ni 10 por ciento de sus recursos totales de publicidad a la industria editorial, incluyendo revistas y periódicos. Tan sólo en 2001, estos recursos para la publicidad gubernamental fueron de 3 mil 510 millones de pesos, mismos que se destinaron en una gran mayoría a la televisión privada.
Esta misma industria de la pantalla no ha invertido recientemente un solo peso en promoción o fomento de actividades culturales o creativas vinculadas a la lectura, a menos que consideremos que el Big Brother alienta que los jóvenes se encierren en una casa a leer y no a realizar payasadas para ganar 2 millones de pesos. Los nuevos productos en los que invertirá Televisa serán Pop Stars, un programa para seleccionar "cinco talentos para formar un grupo juvenil de música pop", y Operación Triunfo, otro reality show para que compitan los jóvenes aspirantes a demostrar su gracia telegénica y sus carencias lingüísticas.
Obviamente se trata de una concepción mercantilista. Para Hacienda ni el libro, ni las revistas, ni los periódicos y mucho menos la pantalla concesionada son bienes culturales. Se trata de mercancías. No existen lectores sino audiencias cautivas. No existen creadores sino "líderes de opinión".
Bajo estos parámetros, Alfonso Reyes será un autor de música electrónica new age, Octavio Paz pasará a la historia como un constructor de laberintos para la casa del Big Brother; Sor Juana Inés de la Cruz como el sobrenombre de una cantante de Pop Star; Carlos Fuentes como autor de textos satánicos como Aura y Juan Rulfo quizá siga cobrando regalías si la banda del Recodo canta sus canciones en 4Tv.
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