Elaboran un tipo penal generalizado para el país

Cárcel a quien no denuncie un secuestro, acuerdan procuradores

Las penas podrían ir de tres a diez años de prisión, advierten

GUSTAVO CASTILLO Y JORGE A. CORNEJO ENVIADO Y CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 12 de junio. Procuradores de todo el país acordaron promover que se sancione con penas de tres a diez años de cárcel a quienes no denuncien un secuestro, reveló el procurador de Justicia de Tlaxcala, Eduardo Medel Quiroz, presidente de la Comisión de Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En tanto, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, dio a conocer que ''ciudadanos, consejos ciudadanos'' y ''organizaciones representativas'' han propuesto que se sancione con la pena de muerte a plagiarios.

Medel Quiroz indicó que los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia analizaron la ''propuesta del tipo penal definitivo'' en cuanto a secuestro, para que ''cada entidad de acuerdo con su propia realidad y circunstancia lo incorpore a su código penal''.

Dijo que a partir de las deficiencias que se han observado en la aplicación de penas en cada estado se elaboró un tipo penal ''generalizado, homogeneizado'', donde se prevé que las penas impuestas a un secuestrador puedan ser agravadas o atenuadas, según el caso.

Esto es, señaló, puede ser agravado cuando se asesine a la víctima. En este caso se está proponiendo que al plagiario que ejecute a su víctima se le imponga una pena total de 70 años de cárcel, 20 más de la establecida como máximo.

Mientras que ''cuando la víctima solamente fuera privada de su libertad con el propósito de tener un lucro, y ésta sea liberada de manera espontánea en un lapso de entre 24 y 72 horas posteriores a la comisión del delito, se atenúe la sanción''.

-ƑCuáles son las penas más altas que se están previendo y cuáles las más bajas?

-Hasta 50 años.

-ƑY las mínimas?

-A quienes no denuncien, por ejemplo, un secuestro, van de tres a diez años.

-ƑEntonces sí se está pensando penalizar a los familiares?

-Esa posibilidad sí se da, sobre todo para el caso de que no sean los familiares o aun siendo y haya renuencia a denunciar un secuestro.

-Por ejemplo, si a alguien lo secuestran y lo devuelven, pero no quieren denunciar Ƒpodrían ser castigados?

-Está esa posibilidad.

-ƑYa viene dentro de esta propuesta por escrito?

-Sí.

-ƑSe está hablando de la figura de hacer copartícipes a los familiares?

-No, no, no. Nosotros estamos partiendo de que para poder combatir el delito de secuestro es necesario que la autoridad conozca la realización del mismo. Si no conocemos esto, seguramente, y eso es algo que nos preocupa, la delincuencia, al sentirlo rentable, al sentirlo productivo, al sentir exitosa su conducta delincuencial, seguramente la va a reiterar.

Medel Quiroz puntualizó que este proyecto ''podrá ser o no adoptado por cada una de las entidades'', pero aclaró que ''es un proyecto tipo que ha agotado una serie de estudios técnico-jurídicos a efecto de que se pueda observar ya en cada uno de los estados''.

-ƑCómo se llegó a este proyecto?

-En primer lugar, se partió de un estudio comparativo hacia el interior de nuestro país para saber cuál era nuestra realidad, y posteriormente se elaboró otro estudio comparativo con legislaciones de otros países.

-ƑCómo cuáles?

-Como Colombia, Italia, España, Estados Unidos, incluso, Argentina.

Por otra parte, entrevistado en el marco de la duodécima Conferencia de Procuración de Justicia que se realiza en esta ciudad, el procurador Macedo de la Concha reconoció que durante el encuentro hubo ''algunas diferencias'' para aceptar la propuesta de un tipo penal único en cuanto a secuestro, pero al final, dijo, ''se integró el esfuerzo de todos y vamos a poner a disposición del Ejecutivo un tipo penal para que lo proponga al Congreso de la Unión y obviamente a los congresos de los estados''.

Puntualizó que ''lo fundamental, en lo que todos estamos de acuerdo, es en que debe haber unidad en el tipo penal para evitar que en algunos estados haya vertientes que permitan espacios para la impunidad''.

Reconoció que ''la homologación de penas en materia de secuestro es un asunto complicado, porque algunos estados han modificados las penalidades, las han agravado a últimas fechas y ahorita sería un poco complejo unificar el criterio; sin embargo, vamos a pugnar por ello, respetando a cada una de las entidades''.

Mencionó que los procuradores de Justicia llegaron a establecer como promedio de pena carcelaria para un secuestrador 70 años de cárcel y que no existan penas mínimas, sino ''sanciones que sean verdaderamente ejemplares''.

Al ser interrogado en cuanto a la aplicación de la pena de muerte a secuestradores dijo: ''De ello no hemos hablado, porque nuestra tradición jurídica en este momento no establece la pena de muerte como tal; sin embargo, también hemos recibido propuestas de ciudadanos que la exigen''.

Indicó: ''Hay consejos ciudadanos y organizaciones representativas que proponen se castigue con la pena de muerte un delito como éste. Sin embargo, hay que analizarlo con mucho cuidado, porque hemos visto que en otros países donde esta vigente no necesariamente está comprobado que disminuyen los delitos. Al contrario, hemos visto que en algunos estados donde se aplica la pena de muerte la delincuencia es todavía superior que en otros donde no la hay. Aquí hay que aplicar la ley, que evitemos la impunidad, porque yo les quiero decir que penas de 50 o 70 años difícilmente alguien las cumple''.

-ƑEntonces qué caso tiene para el Estado mantener 70 años a un delincuente que no va a ser readaptado o que ya no va a salir?

-Bueno, son de los cuestionamientos que nos hacemos todos, pero también es una pena que irracionalmente utilizada no puede establecerse como la parte que va a permitirnos evitar la delincuencia; no, yo creo que aquí, más que eso, debemos aplicar la ley, establecer mecanismos para evitar la impunidad y trabajar intensamente para fortalecer el trabajo de las instituciones.

Macedo agregó, por otra parte, que también se pugna por la atención a víctimas mediante la creación de un centro de atención nacional, donde se sirva no sólo a las personas directamente afectadas, sino también a la familia, y que mediante un trabajo multidisciplinario se pueda restaurar el daño que se les causa por este tipo de delitos.