No se apegan a los acuerdos de San Andrés, dice

Los cambios constitucionales son insuficientes, afirma la FIDH

ALMA MUÑOZ

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) consideró insuficientes las reformas constituciones en materia de derechos y cultura indígenas aprobadas por el Congreso de la Unión el año pasado, "en relación con el contenido y el espíritu de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Además, lamentó que las modificaciones "no contribuyan al objetivo de pacificación y rencuentro" que requieren las etnias del país.

En el informe sobre la visita que observadores del organismo realizaron el año pasado a comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas y las huastecas de Veracruz e Hidalgo, se patentiza la preocupación porque, frente a la carencia de un marco jurídico apropiado, esté en juego la "supervivencia" de aquellos pueblos.

"Nos preocupa la insatisfacción generalizada que existe respecto de la reforma. Parece haber dejado insatisfechos a los pueblos indígenas mexicanos y también a partidos políticos (como el PRI), a las autoridades del propio gobierno, entre ellas a Xóchitl Gálvez (encargada de la oficina de representación de los pueblos indios) y a la sociedad mexicana en general."

En el documento, la FIDH detalla que Ricardo Sepúlveda, jefe de la Unidad de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación, les constató durante una conversación, de manera clara y contundente, la negativa gubernamental a introducir reformas profundas a nivel federal, y cómo se inclinaron a "dejar el desarrollo legislativo a los estados", provocando que la aplicación de la norma sea incierta.

Por lo anterior, Paulina Palacios, miembro de la misión del organismo consultivo de la ONU, informó que este viernes sostendrá un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, para informarle de los resultados de la visita de la FIDH y de la urgencia de que tome en cuenta que la ley aprobada no responde a las necesidades de los pueblos indígenas, "porque continúan produciéndose serias violaciones a sus derechos humanos y en lo que se refiere a la administración de justicia en general".

La misión acoge con suma preocupación la existencia de numerosos conflictos por tierras que producen una gran cantidad de muertes, de los que el Estado sería responsable, ya que todavía no ha otorgado todos los títulos de propiedad correspondientes y existen problemas técnicos en las resoluciones para dotar la tierra.

Además critica que megaproyectos del Estado como el Plan Puebla-Panamá se desarrollen en perjuicio de las etnias. "Las autoridades públicas no sólo no consultan e implican a los pueblos indígenas en los procesos, sino que a menudo ni siquiera les informan de los proyectos, pero más preocupante es que se hayan recogido testimonios de intimidaciones y acoso hacia aquellos que los rechazan".

Para la FIDH, las mujeres indígenas requieren de atención especial debido a que "sufren particularmente de las desastrosas consecuencias de la falta de garantías y respeto a sus derechos fundamentales". Por estos motivos, responsabiliza a las autoridades de aquellas acciones que violenten la salud y la integridad de quienes "se encuentran sometidas a contracepciones cuando acuden a los servicios de salud y a través de la condicionalidad de programas como el Progresa (ahora Oportunidades)".

Frente a este panorama, el organismo recomienda al gobierno mexicano revisar la reforma constitucional para hacer efectivos los derechos de los indígenas a una verdadera impartición de justicia.

Asimismo, solicita una garantía efectiva del derecho a la tierra y los recursos naturales de esas comunidades; la creación de espacios y mecanismos de consulta y consenso sobre la ejecución de megaproyectos, y la generación de prioridades y objetivos para la equidad integral de esos mexicanos, en donde se verifique la calidad y suficiencia de los servicios de salud, así como los programas sociales, como Oportunidades y Procampo, para que no se condicione a los indígenas el acceso a los apoyos.

Además, exige a los organismos de defensa de los derechos humanos, a la Cámara de Senadores y a los responsables de la administración de justicia verificar la instrumentación de mecanismos de defensa, capacitación y efectividad de los derechos de los pueblos indios, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, solicita a los responsables de los mecanismos de desarrollo social que "generen campos de participación ciudadana y contraloría sociales para que acompañen el diseño, ejecución y evaluación de sus programas con el objeto de efectivizar su lucha contra la pobreza".

El informe se entregó ayer al coordinador nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Rogelio Gómez Hermosillo.