Sevilla, bajo sitio xenofóbico
Responde el gobierno de Aznar con persecución a
la protesta de migrantes
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 12 de junio. La protesta que protagonizan
los migrantes encerrados desde el pasado lunes en la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, la ciudad que acogerá en menos de dos semanas
la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE),
provocó una primera respuesta de las autoridades españolas:
la detención en distintos puntos citadinos de al menos 32 extranjeros,
cinco de ellos aprehendidos por la policía montada en el propio
campus universitario.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos,
partidos políticos de la oposición y el defensor del pueblo
andaluz, José Chamizo, alertaron sobre la "persecución en
toda regla" que están sufriendo los migrantes en la región,
que reclaman regularización de sus papeles por "razones humanitarias".
El fenómeno de la migración será
el principal tema de debate en la cumbre de los días 21 y 22 de
junio en Sevilla, en la que se pretende redefinir, a raíz del auge
de la extrema derecha en Europa, las políticas migratorias que adoptará
la UE ante la creciente llegada de personas procedentes de los países
más pobres del planeta.
Entre las medidas a adoptar destacan el fortalecimiento
del control y patrullaje fronterizo, condicionar los fondos de ayuda para
el desarrollo al control que hagan esos países de sus flujos migratorios,
agilizar los procesos de expulsión y endurecer la lucha contra las
mafias del tráfico de personas, planteamientos que coinciden con
el ideario de campaña de líderes radicales europeos como
Jean-Marie Le Pen en Francia o Jörg Haider en Austria.
Pero la situación extrema en la que viven miles
de agricultores extranjeros en los campos de cultivo españoles,
la mayoría de ellos explotados y hacinados en auténticos
guetos ?definidos por Juan Goytisolo y Sami Nair como "ciudades apartheid"?,
se ha hecho patente con la reciente protesta de cerca de 550 agricultores
magrebíes y africanos, que ante las reiteradas "promesas incumplidas"
del gobierno decidieron encerrarse pacífica e indefinidamente en
la universidad sevillana.
Voceros de organizaciones de apoyo a los migrantes confirmaron
a La Jornada que en los últimos dos días, pese al
férreo control que mantienen los 200 policías desplegados
en las inmediaciones, 150 personas se han sumado al encierro iniciado el
pasado lunes por 350 agricultores. Pero la situación es "muy tensa",
sobre todo después de que hoy en la mañana dos agentes de
la policía a caballo irrumpieron en el campus para detener a dos
manifestantes y empezar los trámites para su expulsión, lo
que provocó la indignación de las propias autoridades universitarias
y de diversas organizaciones.
El propio delegado del Ministerio del Interior en Andalucía,
José Torres Hurtado, confirmó la detención de cuatro
migrantes en las "inmediaciones" de la universidad y alertó que
la policía tiene la "consigna" de que "de allí ni entran
ni salen", para lo que han puesto en marcha un hermético dispositivo
policiaco en el que revisan los vehículos que ingresan en el recinto
universitario, incluso los autobuses de estudiantes o las ambulancias de
la Cruz Roja.
Concha Caballero, diputada de Izquierda Unida (IU) que
ha seguido de cerca los prolegómenos del encierro, confirmó
la "incursión" de la Policía Nacional en la universidad,
grabada por una televisora local, Localia Tv, actuación que supone
para esta parlamentaria "un hecho impresentable que demuestra el talante
represivo y franquista del gobierno del Partido Popular (PP, derecha, en
el gobierno)". No obstante, la delegación de las autoridades en
Andalucía negó cualquier intrusión en el recinto universitario
y explicó que la detención de estos dos inmigrantes "se produjo
en las inmediaciones, cuando intentaban entrar en la universidad por un
terreno aledaño".
Pero además de las detenciones en el campus universitario,
distintas asociaciones denunciaron las razzias llevadas a cabo en
distintos puntos de la ciudad. Decio Machado, vocero de la Organización
Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros, definió
las actuaciones policiales como "indiscriminadas", que ponen en evidencia
una "persecución en toda regla". Explicó que las aprehensiones
se realizan sobre todo en paradas de autobuses, trenes y el centro de la
ciudad, "donde se están pidiendo los papeles a todos los que parecen
inmigrantes".
El propio ministro del Interior español, Mariano
Rajoy, confirmó la postura del gobierno manifestada ayer por el
delegado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda,
quien dijo a los migrantes que si no tienen trabajo que se "vuelvan a su
casa"; al tiempo que sugirió que el encierro en la universidad sevillana
es parte de una "campaña" contra el gobierno de cara a la cumbre
de Sevilla, la última que presidirá el Ejecutivo español,
el conservador José María Aznar, como presidente de turno
de la UE.
Aznar, quien en su última etapa de europresidente
decidió centrar sus actuaciones en buscar el consenso para endurecer
la política migratoria, fue duramente criticado por diversas organizaciones
de defensa de los derechos humanos que manifiestan su preocupación
ante el súbito viraje en este rubro por parte de la UE.
Amnistía Internacional (AI) hizo desde su delegación
en Bruselas una "apelación urgente" a todos los líderes europeos
para que "den un paso atrás desde el borde del abismo que supone
la denominada guerra contra la inmigración ilegal, que los populistas
de toda Europa están fomentando sobre los solicitantes de asilo
y los llamados inmigrantes ilegales". La organización advirtió
que la política en esta materia en la región está
"siendo secuestrada por una mentalidad que refuerza cada vez más
en la idea de Europa como fortaleza, una retórica desmesurada que
en las calles de Europa pone de manifiesto el aumento de la hostilidad
y de las agresiones contra determinados grupos de inmigrantes".
AI reclamó a los líderes europeos que "reafirmen
el respeto de las normas internacionales de derechos humanos y de protección
de refugiados; se comprometan a evaluar la incidencia en materia de derechos
humanos de todas las decisiones encaminadas a combatir la inmigración
ilegal; se comprometan a emprender una estrategia europea y nacional para
combatir todas las formas de racismo y discriminación". A esta petición
se sumaron las organizaciones Ecologistas en Acción y la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Responsables de estos grupos emitieron un comunicado en
que consideraron que las actuaciones previstas para la cumbre ponen de
manifiesto la "respuesta degradante, racista y xenófoba que está
dando a la inmigración" el gobierno de Aznar, para el que "la inmigración
se ha convertido, a imitación de los métodos utilizados por
la extrema derecha en Europa, en el chivo expiatorio del vacío de
contenidos y de respuestas a los problemas", por eso esta "política
de mamporrero de la megalomanía y autoritarismo de Aznar".