COORDINACION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL

México, DF, a 14 de junio de 2002
 
 

SRA. CARMEN LIRA SAADE

DIRECTORA GENERAL

DE LA JORNADA

P r e s e n t e

En relación a las declaraciones de dos compañeros Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, los suscritos Consejeros Electorales y Consejero Presidente del Consejo General deseamos aclarar lo siguiente:

a) No hemos recibido ni admitiríamos ningún tipo de presión, interna o externa, que pretenda orientar nuestras decisiones o coartar nuestra libertad de expresión.

b) En el ejercicio de nuestras funciones como integrantes del Consejo General nos hemos reunido en múltiples ocasiones, a solicitud del Consejero Presidente o de cualquiera de los miembros del Consejo con derecho a voto, a deliberar sobre los asuntos que requieran nuestra atención o que nos preocupan y siempre hemos respetado -y nos han respetado plenamente- las posiciones y opiniones vertidas en las mismas.

c) Ninguna de nuestras reuniones informales ha sido secreta ni los consensos -o disensos- que en ellas se presentan son vinculatorios para ninguno de los participantes hasta que éstos se transformen en acuerdos después de su discusión y aprobación en sesión pública del Consejo General.

d) Una constante de nuestra actuación como integrantes del órgano máximo de dirección del Instituto Federal Electoral ha sido buscar la mayor transparencia en nuestra actuación, ampliar el acceso a la información institucional y consolidar los principios rectores señalados en la Constitución.
 

ATENTAMENTE:

Lic. Jesús Cantú

Mtro. Alonso Lujambio

Lic. Gastón Luken

Dr. Mauricio Merino

Dra. Jacqueline Peschard

Mtro. Virgilio Rivera

Mtro. José Woldenberg
 

LIC. CARMEN LIRA SAADE
DIRECTORA GENERAL DE
LA JORNADA

P r e s e n t e

El día de ayer se divulgaron en diversos medios de comunicación declaraciones de los consejeros electorales Jaime Cárdenas y José Barragán que exigen las siguientes aclaraciones.

El Instituto Federal Electoral es una institución que ha operado y seguirá funcionando con absoluta transparencia. Todos sus actos están regulados por la ley y todas sus decisiones se toman a la luz pública. No existe posibilidad alguna de que cualquier miembro del Consejo General vea coartado su derecho a la libertad de expresión. La idea de que alguien pretenda implantar una "ley mordaza" en el Instituto resulta simplemente absurda.

Las sesiones y los debates del Consejo General están abiertos al público, y los representantes de los partidos políticos participan permanentemente en las comisiones del Consejo General que dan seguimiento a todas las actividades del Instituto y en la vigilancia del Registro Federal de Electores. Las resoluciones de los diversos órganos del Instituto y todos los documentos que les dan sustento están siempre a disposición de los medios de comunicación, de los partidos, de los analistas políticos y del público. Toda la información relevante se difunde a través de medios electrónicos.

Debiera resultar evidente para todos que el ejercicio de las funciones de todo miembro del Instituto conlleva también responsabilidades. Y esto no es una apreciación subjetiva; es, de nueva cuenta, una obligación legal. El artículo 8, fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos a la letra obliga a "custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos".

Cabe señalar que con relación a la divulgación de la información sobre las finanzas de los partidos el Consejo General aprobó en su sesión del 17 de abril y con el solo voto en contra del consejero Jaime Cárdenas, un conjunto de lineamientos por los que el IFE establece categóricamente que el origen y destino de los recursos económicos de los partidos es un asunto de interés público. En ellos queda claro que toda información en poder del IFE relacionada con los ingresos y gastos de los partidos y agrupaciones políticas se encuentra a disposición de cualquier persona interesada. Pero para asegurar la profundidad y la eficacia en los casos en que se requiere investigar posibles irregularidades, los lineamientos del IFE prohibieron la difusión de información preliminar o incompleta en torno a las indagatorias que se llevan a cabo. Esto no es una novedad. Esa ha sido siempre la práctica en todas las quejas, tanto las que atiende la Comisión de Fiscalización como las que corresponde desahogar a la Junta General Ejecutiva. El acuerdo del Consejo General simplemente formalizó lo que es el procedimiento acostumbrado.

Se trata, para todos estos casos, de ofrecer garantías de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad a quien denuncia y a los denunciados. Es la única forma civilizada de impartir justicia, sin desatar campañas de desprestigio antes de que se conozcan los resultados, sin alterar la buena marcha de las indagaciones y sin convertir al juzgador en parte del litigio. Ese es el sentido de esas normas, no el de coartar la libertad de expresión, que como he dicho en el IFE nadie puede siquiera pretender.

Las previsiones de los lineamientos del IFE coinciden con los criterios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información promulgada el 11 de junio pasado.

El artículo 11 de la citada ley dice textualmente: "Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto Federal Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el proceso de fiscalización respectivo".

Con respecto a la información que se genera en el curso de las investigaciones de una autoridad el artículo 13 de la misma ley determina como reservada y confidencial la información cuya difusión pueda "causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia...(y) las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado".

Preocupado por las filtraciones que se han registrado en el IFE es que en dos ocasiones me he reunido con el Consejero Electoral Jaime Cárdenas, una vez en su oficina y otra en la mía. En ellas le expliqué, como él mismo ha revelado, lo mismo que he declarado públicamente: que la revelación a los medios de información parcial e incompleta en torno a las investigaciones tiene derivaciones legales, políticas y éticas. De ninguna manera acepto que ese intercambio de opiniones pueda considerarse una forma de presión y mucho menos una amenaza.

En días recientes me reuní con los restantes consejeros electorales. Desde que este Consejo General entró en funciones ha sido una práctica habitual llevar a cabo sesiones de trabajo a las que asistimos los consejeros electorales, el Secretario Ejecutivo y el Presidente. En ellas se desahogan con plena libertad y sin que la deliberación comprometa la conducta de nadie, diversos puntos de importancia para el buen desempeño del Instituto. Hace alrededor de un año el consejero Cárdenas dejó de asistir a esas reuniones.

En la sesión reciente, como uno de varios puntos a tratar, propuse el tema de las filtraciones de información. Sugerí remitir al consejero Cárdenas una carta privada en la que se sintetizaran los motivos legales y los de responsabilidad política y ética que justifican evitar la divulgación de datos antes de que se presenten los dictámenes al Consejo General. Propuse también invitarlo a reintegrarse a estas reuniones. Debo aclarar que cuando plantee el envío de esta comunicación privada el consejero José Barragán ya se había retirado por otros motivos.

Hice mi propuesta de carta privada porque velar por la unidad y cohesión de los órganos del Instituto es la primera de las responsabilidades que el código electoral le asigna al Consejero Presidente. No hay en ella, por lo tanto, ningún intento de coartar la libertad de alguien. Por el contrario, quiero dejar claro que cuantas veces sea necesario continuaré convocando a todos los consejeros a desahogar junto con ellos la agenda del IFE.
 
 

ATENTAMENTE

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

MTRO. JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY