Rocha Díaz y González Parás presentaron proyecto para reformar el artículo 27

Se suman legisladores del PRI al plan panista de legalizar contratos de servicios en gas natural

Necesario, dar certidumbre a las inversiones en el sector energético, justificaron

ANDREA BECERRIL

A contracorriente de la postura del PRI y de sus fracciones legislativas de oponerse a la privatización de Pemex, dos legisladores del tricolor, el diputado Salvador Rocha Díaz y el senador Natividad González Parás presentaron un proyecto de decreto para reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, con miras a legalizar los contratos de servicios múltiples, por los que se permitiría a empresas nacionales y extranjeras participar en la explotación y desarrollo de yacimientos de gas natural.

El hecho provocó gran molestia entre los legisladores del PRI, a tal grado que, en el caso de los senadores, varios de ellos solicitaron al coordinador Enrique Jackson Ramírez una reunión urgente, que podría ser el próximo martes, para discutir el tema, toda vez que consideran grave el hecho de que miembros de su bancada presentaran una iniciativa que propone abrir la puerta a una privatización de Pemex sin tener que modificar la Constitución, intención que Fox ha mostrado desde el inicio de su gestión.

Preocupa a los senadores priístas que la iniciativa con proyecto de decreto se presentara en la Oficialía de Partes de la Comisión Permanente el pasado miércoles, un día antes de que Pemex diera a conocer públicamente su modelo de contrato de servicios múltiples y anunciara una nueva presentación de los mismos a las compañías petroleras trasnacionales, para los próximos días 20 y 21.

En entrevista, el senador González Parás se deslindó de la responsabilidad, y precisó que el autor de la iniciativa que legaliza los contratos de servicios múltiples fue el diputado Rocha Díaz y que él sólo suscribió el proyecto, "con un espíritu de buscar el interés de la nación".

-Otros senadores de su partido están en contra de esos contratos de servicios múltiples, porque consideran que es el inicio para entregar a Pemex a la privatización.

-Yo no quisiera hacer comentarios sobre esto hasta no entrar en detalles. Quien tiene más información es el diputado Rocha Díaz. Lo único que yo planteo es que para que haya certidumbre en las inversiones se requiere un marco legal, porque tal como está planteado el tema, pudiera ser cuestionado por anticonstitucional.

González Parás explicó asimismo que la iniciativa -que no se discutió el miércoles pasado, pese a que estaba ya en la agenda parlamentaria- está ahí y tendrá que ser analizada y enriquecida en su momento, "para que contribuya a evitar esa incertidumbre en la realización de inversiones que requiere el sector".

Al final de la entrevista, el senador priísta sostuvo que el proyecto de Rocha Díaz no habla de privatización, "sino de contratos que ya se vienen realizando y que requieren su base legal".

Al diputado Rocha Díaz, a quien desde su época de senador en la pasada legislatura se le ha cuestionado por el conflicto de intereses en que incurre al mezclar su actividad legislativa con la de litigante al frente de un poderoso bufete jurídico, no se le pudo localizar ayer.

Pero en el proyecto de decreto para reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, el legislador argumenta su propuesta, con razonamientos que pasan por encima de lo acordado en el pasado Consejo Político Nacional del PRI, que se llevó a cabo a finales de mayo, acto en el que los priístas expresaron oposición total a cualquier intento de pasar por encima de la Constitución y de privatizar los energéticos de manera directa o por la vía de la simulación.

En la iniciativa, Rocha Díaz reivindica "la soberanía energética" del país, la exclusividad que la Constitución otorga al Estado mexicano en áreas estratégicas como el petróleo, el gas natural , así como de cualquier otro hidrocarburo propiedad de la nación, en cuya explotación no pueden participar particulares, ya sea vía concesión o contrato.

El diputado priísta agrega, sin embargo, que es necesario el capital privado en Pemex, puesto que "las restricciones presupuestarias y el exceso de régimen fiscal han venido afectando los programas de modernización y expansión del organismo, principalmente en los renglones de exploración, producción, refinación y petroquímica, merced a los cuales se han venido incrementando las importaciones de gas natural, derivados del petróleo y productos petroquímicos".

Repite luego los argumentos que Pemex ha venido manejando y reivindica el planteamiento de Pemex para celebrar contratos de servicios múltiples "con empresas extranjeras especializadas, que son las que, hoy por hoy, tienen la capacidad técnica y financiera para llevar adelante un programa que aceleraría el descubrimiento, la rehabilitación y la explotación de los depósitos de gas natural existentes dentro de territorio nacional".

Luego, por medio de las modificaciones propuestas a los artículo cuarto y sexto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, Rocha Díaz plantea "regularizar los contratos de servicios múltiples que Pemex tiene la intención de utilizar, ya que la figura de los mismos, su objeto preciso y el establecimiento de los derechos y obligaciones acordadas, aparecen tanto en la última comparecencia en el Senado del director de Pemex, como en los documentos entregados por la paraestatal, sumamente confusos, frecuentemente contradictorios y preocupantemente desfavorables en lo financiero a Petróleos Mexicanos".

Límites constitucionales

Rocha Díaz, en su doble papel de legislador y abogado, advierte que es responsabilidad del Congreso establecer las bases sobre las cuales habrán de celebrarse tales contratos y establecer los límites que la Constitución señala. Define luego las características de los mismos:

En principio, que "los contratos estarán limitados a los servicios del subsuelo que se inserten entre las actividades medulares que le son propias a Pemex: la planeación de la exploración, la explotación de yacimientos y la operación de la producción", en segundo término, que se habrán de realizar en "el lapso de tiempo indispensable".

Asimismo, que el financiamiento correría por cuenta de la empresa contratista, así como el riesgo geológico y financiero.

Rocha Díaz propone un agregado al artículo cuarto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, por el que se establece que "la exploración y el desarrollo de los yacimientos podrán ser contratados con particulares, aplicándose a los contratos respectivos lo dispuesto por el artículo sexto de esta ley".

El artículo sexto de esa ley reglamentaria tendría otro agregado: "Pemex y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales, los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiera".

Por estos planteamientos, contrarios a la postura del PRI, partido que impulsó la controversia constitucional contra Fox, por pretender abrir la industria eléctrica al capital privado a través de modificaciones a leyes secundarias, los senadores del PRI pedirán en los próximos días una explicación a González Parás y Rocha Díaz.