Rubén Montedónico

Naufragan la ONU y Annan en el Sahara

El Comité Especial de Descolonización fue creado por la Asamblea General de la ONU como consecuencia de la adopción en 1960 de la Resolución 1514 (XV), llamada "Carta magna de la descolonización". Es conocido también como el comité de los 24, por el número de países que lo integran, entre ellos aquellos que tienen territorios o colonias bajo su administración (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda) y que aceptan -aunque más no sea en el discurso- los principios de la descolonización.

Los casos del Sahara Occidental, Malvinas o Gibraltar están en su agenda, aunque cada uno recibe tratamiento diferente. En Malvinas y Gibraltar se pone énfasis en la negociación bilateral, mientras que en el Sahara Occidental el eje pasa por el principio de autodeterminación.

El tema del Sahara integra, además, la agenda de la IV Comisión de la Asamblea General, encargada de los temas políticos y especiales, como Palestina. De su parte, el Consejo de Seguridad aprobó en 1990, para el caso del Sahara, un plan de arreglo y nombró a James Baker III encargado de la negociación y mediación entre las partes en conflicto, Marruecos y la República Saharaui, representada por el Frente Polisario.
La cuestión del Sahara Occidental se debate en la Asamblea General desde mediados de los años 60 como un problema de descolonización que debe ser resuelto mediante la aplicación del principio de autodeterminación, para que el pueblo saharaui pue-da decidir libremente su destino.

En 1975 Marruecos -violando resoluciones de la ONU- invadió y ocupó militarmente la ex colonia española del Sahara con fines de anexión, acción que fue rechazada por la población del territorio y la mayoría de la comunidad internacional. Tras un conflicto armado que se prolongó 16 años, el Frente Polisario y el reino de Marruecos aceptaron el plan de arreglo aprobado en 1990 por la ONU y la Organización de la Unidad Africana para resolver el conflicto mediante un referéndum.

Como parte esencial del plan, un alto del fuego entró en vigor el 6 de septiembre de 1991 para permitir que el referéndum se realizara en febrero de 1992. Sin embargo, en diciembre de 1991 Marruecos objetó la organización de la consulta, congelando el plan por años.

En 1998, después de seis años de esfuerzos y más de 600 millones de dólares de inversión, Baker presentó el padrón electoral para realizar el referéndum en febrero de 2000. De inmediato, Marruecos obstruyó su concreción al interponer 130 mil recursos de apelación para impugnar la lista de votantes.

El Frente Polisario sostiene que la percepción del régimen marroquí de que el referéndum confirmaría la independencia saharaui, llevó a Rabat a explorar otras vías y niveles de la ONU que le permitieran mantener su dominio y la explotación de los recursos naturales del territorio ocupado. En ese orden de ideas, se señala que desde febrero de 2000 llama la atención que los informes del secretario general, Kofi Annan, trasuntan el pesimismo precursor de un viraje gradual hacia un intento de abandono del plan de arreglo, lo que apunta a su sustitución por una alternativa que satisfaga las ambiciones territoriales marroquíes.

En un encuentro en Berlín, en septiembre de 2000, donde participaron Baker y las partes en conflicto, Marruecos afirmó que sólo aceptaría una "solución política" y propuso que después de un periodo de cinco años, en el cual la potencia ocupante tendría la soberanía sobre el territorio, se celebraría un referéndum sobre el estatuto final del mismo, en el que podría participar cualquier ciudadano marroquí que hubiese residido en el Sahara Occidental un año antes de la consulta.

El rechazo del Frente Polisario fue inmediato, considerando que la propuesta de Rabat "arrebata al pueblo saharaui el derecho a la autodeterminación para concedérselo a la población civil de la potencia ocupante del territorio".

En febrero pasado, Annan y Baker presentaron al Consejo de Seguridad cuatro opciones para intentar resolver el conflicto: el plan de arreglo, el proyecto marroquí, la partición del territorio y la retirada de la ONU. Las tres últimas significan el abandono del plan de arreglo. Esta presentación multiopcional es objetada porque ubica a la ONU asumiendo la obstrucción del proceso que aprobó en el plan de arreglo en lugar de neutralizarla.

Entre tanto, mientras Marruecos mantiene la ocupación del Sahara Occidental, la misión de Naciones Unidas en el territorio no ha podido cumplir con la encomienda de organizar el referéndum. En el caso de que la ONU, a la brevedad, no recupere su equilibrio en la negociación, su credibilidad se verá seriamente afectada y su presencia en ese territorio perdería todo sentido, arriesgando a quedar sólo como el instrumento de protección y convalidación de la presencia del ejército de ocupación. O aún peor: la imposibilidad por más de una década de arribar a una solución negociada puede dar paso al reinicio de la guerra y, en esa eventualidad, la misión de ONU se vería en la penosa situación de tener que huir del Sahara.