Campaña foxista y Pemexgate, los casos al tribunal

Interpone IFE recursos por desacato de Jonathan Davis

El instituto también defiende su facultad fiscalizadora

MIREYA CUELLAR

Veinte minutos antes de la medianoche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió tres documentos del IFE, dos de ellos recursos por "incumplimiento de sentencia" (desacato) contra el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis Arzac, y el restante es un alegato jurídico en torno al "incidente" promovido por la comisión bancaria, en el que el instituto argumenta en favor de sus facultades fiscalizadoras.

Los recursos del Instituto Federal Electoral (IFE) por desacato se refieren a la negativa de Davis a entregar la información sobre las investigaciones del presunto financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Vicente Fox, y las supuestas transferencias de Petróleos Mexicanos (Pemex) al PRI.

Según el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Davis Arzac podría hacerse acreedor a un apercibimiento, una amonestación, una multa hasta por 100 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal o un arresto hasta por 36 horas. Para hacer cumplir las sentencias que dicta, el tribunal puede incluso pedir el auxilio de la fuerza pública.

El TEPJF ya vivió un caso de desacato el año pasado, cuando el Congreso de Yucatán se negó a reponer el procedimiento para nombrar a los miembros del Consejo Estatal Electoral. El tribunal terminó desconociendo al grupo designado por la Legislatura de la entidad e imponiendo uno nuevo.

El IFE presentó dos recursos por desacato contra Davis porque le hizo dos requerimientos distintos de información y en ambos la respuesta fue negativa. La situación "más grave" para el instituto está en la respuesta de la CNBV para el caso de las cuentas bancarias del sindicato petrolero y las posibles transferencias al PRI, porque la comisión bancaria responde que la sentencia del tribunal no tiene efectos generales.

"La sentencia de mérito no puede aplicarse a todos los asuntos que se tramiten ante ese instituto; resulta, en nuestra opinión, indebidamente fundada dicha solicitud de información y documentación", argumentó.

En su negativa a entregar un informe en el que corrobore la existencia "de la cuenta bancaria 559020699 o 559-02069-9, presumiblemente a nombre del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, abierta supuestamente en el Banco Mercantil del Norte", la CNBV aduce que "la información se encuentra protegida por el secreto bancario a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito".

Si el IFE aceptara esa respuesta de la CNBV estaría asumiendo que cada vez que haga una investigación y requiera información de tipo hacendaria, tendría que obtener una resolución del tribunal ordenando a la autoridad en cuestión que le facilitara la documentación, ya que su petición se fundamentó en la sentencia que el TEPJF emitió a raíz de la queja contra el PAN y los Amigos del Fox.

En el caso de esta última asociación y las presuntas cuentas bancarias y transferencias a Carlota Robinson y a Valeria Korrodi Ordaz, entre otras personas físicas y morales, el IFE también considera que el presidente de la CNBV está en desacato, es decir, no le entregó la información, independientemente de que la comisión haya promovido un "incidente" por considerar que existe "exceso en el cumplimiento de la sentencia emitida" por el tribunal. "Por el momento no es posible atender su requerimiento, toda vez que la materia de su petición se encuentra subjudice", argumentó.

El IFE envió al TEPJE un tercer documento con sus alegatos jurídicos en torno al "incidente" promovido por la CNBV ante el propio tribunal, mediante el cual la comisión acusa al instituto de excederse en sus peticiones de información y de paso retrasa la investigación sobre el financiamiento a la campaña de Fox.

Pero además, el IFE seguirá una ruta legal paralela para buscar una sanción contra Davis; la del artículo 131 del Cofipe, que establece que las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a dar a los órganos del instituto informes, certificaciones y auxilio de la fuerza pública necesarios para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.

Por ello integrará un expediente contra el presidente de la comisión bancaria que será remitido hoy a la Secretaría de Hacienda, en el que le informará del desacato, para que "proceda en los términos de ley".