Nombran nuevo ministro de Seguridad en Buenos Aires

Se comprueba que hubo tortura contra piqueteros detenidos el pasado miércoles

STELLA CALLONI/I CORRESPONSAL

Buenos Aires, 30 de junio. En el contexto de una severa crisis política derivada de la brutal represión policial del pasado 26 de junio, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, nombró como nuevo ministro de Seguridad y Justicia de ese estado al actual vicejefe del gabinete nacional, Juan Pablo Cafiero, en remplazo del renunciante Luis Genoud.

Esto indica que el gobierno decidió, al menos en estos momentos, buscar una personalidad negociadora, ya que Cafiero enfrentó a sus propios compañeros de gabiente durante el renunciado gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), cuando era secretario de Desarrollo Social, para ir a dialogar con los piqueteros (desocupados) de Salta en los dramáticos momentos que se vivieron en esa provincia ante una brutal represión de Gendarmería y policía local. Esta noche Cafiero dijo que no se debe criminalizar la protesta social.

En estas horas las investigaciones y testimonios llevan los pasos de la justicia hasta la Prefectura Marítima, que junto a la Policía Bonaerense, la Federal y la Gendarmería participaron en la brutal acción contra los piqueteros en el llamado miércoles negro, que culminó con el asesinato de dos jóvenes: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

La represión dejó además unos 90 heridos -algunos graves- y más de 170 detenidos, que como ahora se conoce, fueron maltratados durante su detención. Las denuncias periodísticas primeras (como las de Página 12), las fotografías tomadas por reporteros gráficos y los videos de varios infomativos, así como los testimonios directos, terminaron mostrando la responsabilidad de la policía bonaerense en los asesinatos y en la represión armada como un escenario con finalidades que deberán aclararse aún, como también se reclama conocer de quiénes recibieron la orden. Las secuencias fotográficas muestran también a algunos hombres de Prefectura disparando contra los manifestantes y dan cuenta de su presencia en la estación de Trenes de Avellaneda, donde sucedieron los hechos más graves.

La cúpula de la policía bonaerense renunció después de conocerse la verdad, y ahora se verá qué sucede con las otras fuerzas que intervinieron. En todo caso, ya se ha comprobado que mintieron al informar a las autoridades sobre los hechos. Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se decidió la unificación de la Prefectura y la Gendarmería a la seguridad interior, sacando ambas instituciones de sus tareas primarias, la defensa de las aguas territoriales y fronteras.

El secretario de Seguridad Nacional, Juan José Alvarez, quien en las primeras horas repitió la versión de los jefes policiales luego responsables de las muertes, confirmó hoy que se investiga a la prefectura, cuyo jefe José Beltritti sostuvo que sus hombres no hicieron nada. Sin embargo, Leonardo Escobar, uno de los jóvenes heridos en una pierna, también militante del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de la Coordinadora Aníbal Verón, confirmó que los hombres de la Prefectura dispararon conjuntamente con la policía.

Antes de estos hechos se desarrolló una acción sicológica armada por servicios de inteligencia y periodistas, surgidos en escena en tiempos de Menem, tratando de equiparar los cortes de ruta o calles con posibles desbordes incontrolables o de lucha armada. Varios funcionarios gubernamentales contribuyeron a crear el clima, que precedió a la operación de muerte desarrollada en Avellaneda. Además, se revela ahora que muchos de los detenidos fueron torturados y que las comisarías se convirtieron en un "campo de concentración nazi", como lo relata el diputado Alfredo Villalba, del Frente para el Cambio, al que pertenece la diputada Alicia Castro.

Villalba dijo que cuando llegó el miércoles a la comisaría de Avellaneda en las primeras horas de la tarde, la policía había hacinado a 160 piqueteros, de los cuales 52 eran mujeres, siete de ellas embarazadas y 43 menores de edad, muchos de ellos heridos, que denunciaron torturas y malos tratos. Ya hay cuatro policías detenidos, entre ellos el comisario Alfredo Franchiotti, y otros despedidos. Una línea de investigación también se dirige a los grupos civiles que se hicieron pasar por piqueteros y encapuchados, que no sólo armaron la provocación, sino que serían responsables de muchos de los daños contra locales y vehículos particulares para endilgárselo a los manifestantes, como por otra parte, ya se ha hecho en otros actos.

Varios de estos supuestos desocupados fueron fotografiados en momentos en que ayudaban en las detenciones, disparando o participando en las golpizas. Pero, ¿quiénes dieron las órdenes por parte del gobierno? Es la pregunta y la sospecha de que más allá de una conspiración de la feroz interna peronista también se juegan diseños de política de seguridad, dentro del esquema armado en estos tiempos por Washington y que para ello necesitaban un escenario como el que se dio en Avellaneda.

No pudo concretarse, tanto por la denuncia de algunos medios, y de los reporteros gráficos, entre ellos Pepe Mateos, Mariano Espinosa y Sergio Kowalewsky, quien dio uno de los testimonios más fuertes sobre el involucramiento policial en los crímenes. El presidente Eduardo Duhalde aparecía así entre dos fuegos: los que proponían y proponen la mano dura para terminar la protesta pública y otros funacionarios que se inclinan por el diálogo o un tipo de disuación más "civilizada".

Los partidarios de la mano dura cuentan en sus filas al propio canciller Carlos Ruckauf, quien no vaciló en reivindicar ante militares ser el firmante del decreto que en 1975 autorizó a las fuerzas armadas a involucrarse en la represión interna, para "aniquilar a la subversión", que se usó a pie juntilla durante la pasada dictadura militar. Y añadió que no vacilaría en hacerlo de nuevo.