AGENDA
PERIODISTA GANA A GOBIERNO DE BC
TIJUANA, BC., 30 DE JUNIO. Un juez federal consideró que funcionarios del gobierno de Baja California violaron el derecho a la información y ordenó a las autoridades locales proporcionar informes a un periodista sobre indemnizaciones recibidas por funcionarios de la pasada administración estatal panista. En la sentencia del juicio del amparo concedido al periodista de Televisión Azteca Mexicali, Antonio Magaña González, el juez duodécimo de distrito, Rigoberto Baca López, señala que ''le asiste la razón al comunicador al solicitar la información negada por las autoridades''. De momento, el gobierno estatal no ha dado a conocer su postura sobre la decisión del juez o si recurrirá a la revisión de la sentencia ante un tribunal colegiado de circuito. Desde el 26 de noviembre del año pasado, Magaña González pidió a la actual administración estatal información sobre las indemnizaciones de los ex funcionarios estatales, pero nunca le dieron contestación, por lo cual recurrió al amparo de la justicia federal.
JORGE A. CORNEJO, CORRESPONSAL
CRITICA CENECISTA A FOX
La Confederación Nacional Campesina (CNC) sostuvo que en materia de desarrollo agropecuario el gobierno foxista está en ''números rojos'', porque no hay una política que responda a los requerimientos de competitividad con los socios comerciales. Destacó que a 19 meses de asumir la Presidencia de la República y a dos años de su elección, el titular del Ejecutivo federal no ha cumplido. La pobreza y la migración crecen en el agro de manera constante, señaló. En un comunicado, la CNC indicó que los índices de producción y productividad del sector son negativos, las importaciones de alimentos son crecientes -este año se prevé que sean de 19 millones de toneladas-, el sistema financiero está estancado y existe inquietud en el sector campesino por lo que ocurrirá el año próximo, cuando se liberen los aranceles de entrada y salida de productos agrícolas y de origen animal. Finalmente sostuvo que la apertura total de las fronteras a la importación de alimentos prevista para 2003 constituye una amenaza cuya dimensión profundizará la pobreza en el campo.