Entrega respuesta a demanda de inconstitucionalidad

La Policía Federal Preventiva podría vigilar en bancos, considera Ebrard

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

En representación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard Casaubón, acudió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar la respuesta al recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Procuraduría General de la República contra las reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles que aprobó la Asamblea Legislativa para normar las medidas de seguridad en las sucursales bancarias.

La respuesta, explicó Ebrard, se fundamenta en el artículo 122 constitucional, que confiere a la ALDF facultades para regular el servicio que prestan las empresas que requieren de seguridad privada. Dijo estar confiado en el criterio de los magistrados en favor del interés público, ante la necesidad de que los bancos apliquen las medidas señaladas en dicha ley, para garantizar la seguridad de alrededor de 12 millones de personas que utilizan esos servicios.

No obstante, dijo, en caso de que la Corte ratifique la facultad del gobierno federal para normar el funcionamiento de las sucursales bancarias, "que ellos, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se hagan cargo de la vigilancia en los bancos".La policía preventiva del DF es una autoridad local, acotó, por lo que tendría que ser la Policía Federal Preventiva la que realizara esa función.

Agregó que en el documento se señala también que las autoridades federales responsables de vigilar que las instituciones crediticias cumplan con las normas de seguridad prácticamente renunciaron a dicha facultad, pues desde hace 20 años no realizan inspecciones para tal fin.

Ebrard explicó que a la fecha alrededor de 15 bancos han sido multados por el incumplimiento de las normas vigentes, y en caso de que la SCJN no haya resuelto la controversia en la fecha señalada para que las reformas entren en vigor: el primero de agosto próximo, las delegaciones políticas estarán en posibilidad de aplicar multas e incluso clausurar sucursales bancarias.

Alrededor de las 14:15 horas de ayer, el secretario acudió al edificio de la SCJN, ubicado en la esquina de avenida Pino Suárez y la calle Corregidora, donde entregó el documento, de 24 fojas, en la oficialía de partes, dirigido al ministro Mariano Azuela Güitrón. Al salir, expresó que con dicho acto el gobierno de la ciudad defiende una ley aprobada por unanimidad en la ALDF.

Advirtió que prácticamente ningún banco cumple con las disposiciones señaladas en la nueva ley, por lo que "todos pueden ser objeto de multas a partir de agosto, porque la ley dice que tienen que contar con un seguro para los usuarios, tiene que haber cámaras adentro y en el exterior, y deben tener personal de vigilancia".

Lo que el gobierno capitalino quiere, puntualizó Ebrard, es que los bancos cumplan con las normas; "no queremos afectar a los usuarios, por lo que tampoco se podrían cerrar demasiadas sucursales, pero sí que les cueste a los señores de los bancos el incumplimiento de la norma".