Philippe Faure
Paridad de género en política: el ejemplo francés
El debate relacionado con el acceso de las mujeres a la ciudadanía nunca había estado tan animado como durante las últimas décadas. Las mujeres obtuvieron como corolario un avance real de sus derechos en materia de representación en la vida política. En efecto, en numerosos países se han adoptado disposiciones que confirman este avance, como en México, donde se adoptó una reforma legal del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que desde mayo obliga a los partidos políticos a reservar, por lo menos, 30 por ciento de sus candidaturas en las elecciones legislativas a las mujeres. Francia, por su parte, ha optado por la vía constitucional y legislativa emprendiendo ambiciosas reformas que han permitido avances significativos.
El 21 de octubre de 1945 las estadísticas mostraban 5.6 por ciento de presencia femenina en la Asamblea Nacional Francesa, cifra que prácticamente no evolucionó hasta las elecciones legislativas de 1997, cuando los partidos políticos decidieron presentar más candidaturas femeninas. Fue así como hubo 10.9 por ciento de representantes electas al término de la segunda vuelta, porcentaje, sin embargo, todavía muy bajo. Luego de que se reconoció que la mitad de la humanidad no puede vivir privada de representación política, y siempre bajo el impulso de la sociedad civil el gobierno francés anunció el 19 de junio de 1997 una modificación a la Constitución: "Es preciso ante todo permitir a las francesas comprometerse sin obstáculos en la vida pública. Se propondrá una revisión de la Constitución, con el objeto de inscribir el objetivo de la paridad entre hombres y mujeres".
El 17 de junio de 1998 el presidente Jacques Chirac firma así un proyecto de ley constitucional "relativo a la igualdad entre hombres y mujeres", el cual será adoptado por el parlamento francés el 28 de junio de 1999. Desde entonces la Constitución francesa contiene el siguiente párrafo: "la ley favorece el acceso equitativo, tanto de las mujeres como de los hombres, a los mandatos electorales y las funciones". Para facilitar su puesta en marcha, los legisladores modificaron igualmente el artículo IV de la Constitución, imponiendo el respeto de este principio a los partidos políticos. Francia, dotada así de un fundamento constitucional ambicioso, pudo instaurar una verdadera legislación en favor de la entrada de las mujeres en la política.
El 6 de junio de 2000 los legisladores franceses adoptaron una ley fundamental, "relativa al acceso equitativo de las mujeres y de los hombres a los mandatos electorales y a las funciones legislativas". Francia se convirtió así en el primer país en el mundo en prever, para la mayoría de las elecciones, la obligación de presentar tantas mujeres como hombres; se trata de una obligación de medios y no de resultados, pues el objetivo consiste en dar el impulso que lanzará a las mujeres al escenario político. La ley concierne a las elecciones regionales, senatoriales, legislativas y europeas. Para todos estos escrutinios, la ley impone 50 por ciento de candidatos de cada uno de los dos sexos y las listas que no respeten la paridad no serán registradas. Para las elecciones legislativas la ley ha previsto castigar económicamente a los partidos o agrupaciones políticas que no hayan respetado estas cuotas de igualdad. La adopción de la ley del 5 de abril de 2000, que permite una limitación sustancial de mandatos políticos, debería favorecer una ampliación y una renovación de la clase política, permitiendo la emergencia de los talentos femeninos.
Las reformas constitucionales y legislativas ya han dado frutos. En efecto, en la democracia "local" los resultados han sido los más satisfactorios: en las comunas francesas de más de 3 mil 500 habitantes, la proporción de mujeres se duplicó en 2001, pasando de 25.7 a 47.8 por ciento. Y durante la última renovación senatorial, septiembre de 2001, el número de mujeres pasó de 19 a 34, porcentaje que debería aumentar aún más en los comicios de 2004. No obstante, los resultados son más lentos en materia de acceso de las mujeres a la Asamblea Nacional: durante las elecciones legislativas del 9 y el 16 de junio pasado, el número de representantes electas sólo aumentó ligeramente, llegando a 71, tomando en cuenta también que los partidos políticos no respetaron una paridad perfecta. Aunque las disposiciones legislativas no imponen ninguna cuota en cuanto a la disposición del gobierno, el primer ministro Jean-Pierre Raffarin decidió confiar algunos puestos claves a mujeres: Michèle Alliot-Marie es la primera mujer que ocupa el Ministerio de Defensa; Claudie Haigneré, primera astronauta francesa, se convirtió en ministra delegada para la Investigación; a Nicole Fontaine, ex presidenta del Parlamento Europeo, le fueron confiadas las llaves del Ministerio de Industria, mientras que Noëlle Lenoir, que fue juez constitucional, es la encargada de los Asuntos Europeos. Por otro lado, y esto es una señal tangible de la importancia otorgada por el nuevo gobierno a la promoción de las mujeres, se creó el Ministerio Delegado para la Paridad, dirigido por Nicole Ameline. De hecho, en el nuevo gobierno francés, más de una cuarta parte son mujeres.
Al preguntarse si es necesario legislar para favorecer la promoción de las mujeres en política, Francia ha respondido afirmativamente y sin ambages: la ley debe saber acompañar los progresos sociales. Si bien es cierto que las mentalidades políticas toman mucho tiempo en evolucionar, los resultados son estimulantes y constituyen una incitación para que las mujeres se impliquen más activamente en la vida pública. Más allá de la paridad política estas leyes podrían contribuir a difundir en el conjunto de la sociedad una paridad hombres/mujeres, que tanta falta nos hace.
Embajador de Francia
