León Bendesky
Cuentas públicas
Durante 20 años, desde la crisis de 1982, el objetivo central de la política económica ha sido reducir el déficit fiscal. Para ello se aplicaron los recurrentes procesos de ajuste a la economía. Estos se hicieron en buena medida a costa del crecimiento de la economía, como ocurrió durante el sexenio de 1982 a 1988, cuando la tasa de crecimiento del producto fue en promedio 0.2 por ciento. Luego, con mayor expansión productiva, se alcanzaron a costa de ocasionar una gran fragilidad que se expresó en la crisis financiera de 1995. Hoy todavía las finanzas públicas constituyen un factor de peso en la debilidad estructural para el funcionamiento de la economía.
La crisis de 1995 volvió a poner de manifiesto el aprieto fiscal que padece el Estado. La gestión de dicha crisis por el gobierno anterior usó una práctica que equivale a la de una doble contabilidad. Con ella, las necesidades de fondos para financiar parte de lo que en verdad siempre fue equivalente a una deuda pública se consideraban como de carácter contingente, a pesar de que era evidente que la contingencia se había materializado desde un principio. El entonces secretario Gurría insistió hasta el último minuto en que ocupó la oficina de Hacienda en que las finanzas públicas eran sanas.
La quiebra de los bancos y la intervención que se hizo mediante el Fobaproa, así como los programas de apoyo a deudores de la banca y el rescate carretero, volvieron a exigir el uso de los recursos públicos ampliando la brecha entre los ingresos y los gastos, que es precisamente lo que mide el déficit fiscal. El gobierno actual tuvo que reconocer desde su inicio que las cuentas públicas no eran transparentes y que el déficit es mucho mayor al que se reconoce, pero sólo lo ha hecho a medias, con lo cual sigue en efecto la práctica de la doble contabilidad. Ahora se tienen tres rubros en el balance, el primero es el que se denomina déficit público tradicional y equivale según el presupuesto federal vigente a sólo 0.65 por ciento del producto. Al segundo rubro se le conoce como "ajustes", ciertamente un término poco comprometedor en un sentido político y que representa nada menos que 2.5 por ciento del PIB y en el que se contabilizan esencialmente los recursos que exigen los proyectos privados con los que se hace la inversión pública (Pidiregas) y el IPAB, más otras cuentas menores. El tercer rubro suma los dos anteriores y se llama "requerimientos financieros del sector público" y representa hasta 3.9 por ciento del producto.
Esta es una clara ficción fiscal. La doble contabilidad oficial, que seguramente no sería tolerada en ninguna empresa privada, se parece a las prácticas que siguieron Enron o Worldcom. En el déficit público tradicional, base de la postura fiscal del gobierno, se contabilizan como activos lo que en realidad son deudas. Y hay un problema adicional y es que aun en los requerimientos financieros del sector público no están contadas todas las exigencias que enfrenta el presupuesto, como son las referidas a las pensiones. Sobre esto ya se empieza a destapar la crisis de la seguridad social en cuanto a la estimación del déficit que acarrea. El director del IMSS ya presentó una primera versión del agujero fiscal que representa su propio déficit y pronto habrá que sumar la versión del ISSSTE y en varios casos las de los fondos estatales de pensiones.
En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, que apenas presentó el gobierno hace un par de semanas, se incluye además de la doble contabilidad, que es aún parcial, un doble escenario. Uno es el llamado inercial y el otro el que considera las reformas estructurales propuestas por el gobierno. Esto complica aún más las cosas. Este año ya no hay salida posible y la carga del déficit puede ser aun mayor por el lento crecimiento de la producción. El año entrante no mostrará las mejoras supuestas por el escenario de reformas, puesto que éstas todavía ni se discuten y mucho menos se van a aprobar, así que no habrá ningún efecto apreciable en 2003.
La ficción fiscal va a seguir, y con ello una práctica de gobierno muy perniciosa. Los ingresos públicos no van a aumentar de modo significativo, especialmente los derivados de la tributación, y el gasto seguirá contrayéndose en las áreas más necesarias para crear las condiciones del crecimiento sostenido, o sea, en la inversión. La estabilidad duradera de la economía sobre la que tanto insiste el gobierno dentro y, principalmente, fuera del país, está en riesgo y lo está aun en el escenario de las reformas que se proponen. La presentación al Congreso del Presupuesto Federal para 2003 debería ser una oportunidad para acabar con las ficciones fiscales y mostrar la responsabilidad del gobierno para modificar las prácticas de la gestión pública de modo radical con respecto a sus antecesores. Este sería un acto político de gran trascendencia, cuyos beneficios podrían ser más grandes en el mediano plazo que sus altos costos inmediatos.
