Prevén que Echeverría emplee una estrategia de alargamiento de trámites

El Comité 68 pide instalar varias mesas del MP

JESUS ARANDA Y BLANCHE PETRICH

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado podría instalar cuatro o cinco mesas simultáneas del Ministerio Público para desahogar las actuaciones de la denuncia penal contra dos ex presidentes y medio centenar de altos funcionarios y oficiales del Ejército por las matanzas de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

Si el fiscal Ignacio Carrillo Prieto accede así a una propuesta de la parte acusadora, agrupada en el Comité 68, la etapa de las primeras declaraciones ministeriales del proceso podrían concluir en un plazo máximo de un mes. Según este escenario óptimo, para septiembre este proceso ya podría entrar a una fase sustantiva.

Sin embargo, hay indicios de que el equipo de defensores del ex presidente Luis Echeverría Alvarez -la figura más relevante de la lista de acusados- le apuesta a una estrategia de alargamiento de trámites y demora de los procedimientos.

"Quieren ganar tiempo -comenta Raúl Alvarez Garín, director de Corre la Voz y uno de los firmantes de la denuncia penal-, por eso pidieron 30 días para estudiar el primer y segundo interrogatorios, por eso pretenden que sean llamados, uno por uno el resto de los coacusados. Y sobre todo por eso enviaron al abogado Antonio Cuéllar Sales a descalificar a la parte acusadora y a afirmar que 'la verdad legal ya ha sido escrita' y que los hoy demandantes 'fueron sentenciados por el Poder Judicial Federal' en su momento. Ese alegato tiene un fondo tramposo. Quieren conducir este caso a la conclusión de que los hechos del 2 de octubre en Tlatelolco ya son cosa juzgada. Pretenden impedir la realización del proceso."

En 1968, de unos 3 mil detenidos la noche de la matanza, 86 de ellos -líderes estudiantiles en su mayoría- fueron consignados y sentenciados por diez delitos cada uno, incluyendo el de homicidio por la muerte de dos soldados en la Plaza de las Tres Culturas. El caso está consignado en el expediente 272/68. "Pero ese proceso -expresa el ex líder politécnico- no fue sobre todos los hechos ocurridos en la complejidad del movimiento de 1968 y su trágica culminación. Hay muchos otros aspectos que aún requieren esclarecimiento e investigación penal, juicio y castigo".

Alvarez Garín rebate el argumento de Cuéllar Sales: "nuestros procesos penales del 68 estuvieron basados en confesiones arrancadas bajo tortura y en evidencias apócrifas y fraudulentas. Según el Código Penal, nosotros, como víctimas de ese proceso, podríamos recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita una declaración de inocencia. Podríamos hacerlo, si fuera necesario". Pero, bromea, "ojo, de inocencia, no de ingenuidad".

De acuerdo con la segunda ampliación de la acusación, el Comité 68 demanda a las autoridades sustentar en la averiguación previa todos los elementos que permitan concluir que la operación en Tlatelolco "fue un verdadero crimen de Estado en el que estuvieron presentes la planeación, preparación, alevosía, sorpresa, engaño, uso abusivo de fuerzas y tergiversación completa de las funciones propias del gobierno".

Conforme a la metodología propuesta para el proceso, que debería investigar a todos los involucrados, empezando por los de más alta jerarquía y mayor responsabilidad en los hechos denunciados, los acusadores solicitan la comparecencia inmediata de una veintena de ex funcionarios, entre ellos y en primer término el ex regente y ex gobernador de Nuevo León Alfonso Martínez Domínguez -quien ya está citado para el 17 de junio- y el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial bajo las órdenes inmediatas del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Martínez Domínguez ha emplazado incluso a Luis Echeverría a un careo. Gutiérrez Oropeza, por su parte, es uno de los siete generales acusados por los hechos del 68. Oficiales del Estado Mayor Presidencial bajo sus órdenes actuaron como francotiradores contra la concentración estudiantil. A él se le señala como responsable por la participación de un regimiento de blindados bajo su mando en el cerco de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Se le señala como promotor directo de oficiales encubiertos que asaltaban las escuelas que participaban en el movimiento estudiantil. Pero sobre todo se le vincula con las principales acciones encubiertas del Batallón Olimpia, que operó bajo el mando del general Ernesto Gómez Tagle.

Además, se pide la comparecencia de seis generales más: Enrique Cervantes Aguirre, para que declare sobre su participación en el cuerpo de oficiales del Estado Mayor de Defensa y sus funciones como enlace entre las unidades operativas; general Alfonso Aguirre Ramos, jefe de la sección segunda de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa y autor de los informes relacionados con la Operación Galeana; general Gonzalo Castillo Ferrera, jefe de la sección tercera del Estado Mayor de la Defensa (Operaciones) y responsable de los planes de la Operación Galeana; general Ernesto Gómez Tagle, jefe del Batallón Olimpia.

También se requiere la presentación, para que aporten todos los elementos relacionados con los hechos del 68 que obren en su poder, a familiares de los siguientes involucrados ya fallecidos: familiares del ex presidente Díaz Ordaz; del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa; del capitán Fernando Gutiérrez Barrios; de los generales Crisóforo Mazón, Mario Ballesteros y José Hernández Toledo.

Requerimientos a la Sedena

Además, la fiscalía debe presentar un "requerimiento inmediato" a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que aporte toda la documentación relacionada con la Operación Galeana, incluyendo documentos y minutas de reuniones de análisis previos a los hechos, los partes informativos y de novedades de todas y cada una de las unidades respecto a la ejecución de sus tareas.

Los denunciantes piden que se confirme ministerialmente lo informado por la prensa de aquella época, del 3 al 7 de octubre. Mientras la prensa nacional informaba sobre 37 muertos, la embajada estadunidense reportaba de 150 a 200 muertos y el diario inglés The Guardian daba cuenta de 300.

Para investigar sobre posible ocultamiento de información, los acusadores demandan llamar a declarar al general Javier Vásquez Félix, responsable de levantar los cuerpos de las víctimas de Tlatelolco, así como acciones indagatorias sobre posibles acciones del Ejército y utilización de sus medios e instalaciones para desaparecer los cuerpos de las víctimas incinerándolos o arrojándolos al mar.

También piden la declaración de Cuauhtémoc García Pineda, El Matador, quien según La Jornada habría filmado la matanza en la Plaza de Tlatelolco desde el piso 19 del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores; de José Ramón Fernández y Gilberto Ibarra, directivos del Servicio Médico Forense, quienes en declaraciones a la prensa dijeron reconocer a personas fallecidas el 2 de octubre de 1968; de Daniel Soto, Bernardo Arredondo, Federico Tenorio, Mario Juárez y otros fotógrafos del diario El Universal, para que ratifiquen información publicada en ese diario sobre el ocultamiento y desaparición de cadáveres y la confiscación de rollos y negativos, e intimidación por parte de agentes de la Dirección Federal de Seguridad.