Ilegal, la asamblea respectiva, señala escrito de inconformidad presentado a la JAP

Piden anular reformas a estatutos de la Cruz Roja

Realizó modificaciones a los estatutos de la institución que margina a ex funcionarios

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

La asamblea general de la Cruz Roja que realizó modificaciones a los estatutos debe ser declarada nula por su ilegal instalación y por la negativa a recibir a los asociados que tenían un punto de vista distinto, indica el escrito de queja presentado ante la Junta de Asistencia Privada (JAP) por la Cerillera Anáhuac, empresa del consorcio La Central, propiedad de José Barroso Chávez, ex presidente de la benemérita institución.

El abogado Jesús González Schmal fue encomendado por la empresa para presentar el escrito de inconformidad, luego que él mismo fue impedido de entrar a la sesión. En el escrito pide a la junta que vigile el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones, tal como lo marca la ley, y revise la actuación de Olegario Vázquez Raña en la citada asamblea general.

Precisamente, una de las reformas margina a Barroso Chávez y a otros ex presidentes de mantener su voto en las sesiones, lo que en los hechos significa la aplicación dirigida y retroactiva de la ley, subrayó el representante legal.

Los problemas ocurridos en la Cruz Roja y experiencias en otras instituciones de asistencia privada, son muestra de que el gobierno, por medio de la JAP, debe mantener su presencia en el consejo directivo para regular y vigilar esta actividad social, dijo González Schmal.

Lamentó la propuesta de un grupo de diputados locales de la Asamblea Legislativa (diferida hasta el próximo periodo), en especial de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, la priísta Irina del Castillo, quien tiene el objetivo de disminuir la presencia de representantes del gobierno local en la JAP y romper así la paridad con los representantes privados.

Curiosamente, dijo, una de las modificaciones plasmadas en los estatutos de la Cruz Roja permite el cambio de su domicilio oficial para trasladarse, por ejemplo, al estado de México, y de esta forma regirse por la ley de una entidad distinta, para que sea más favorable a los intereses de quienes encabezan la institución.

La presencia de la autoridad en la JAP en forma paritaria es relevante porque el gobierno "no sólo regula y supervisa esta actividad social, sino que es el primer aportador de recursos fiscales del pueblo para el propósito asistencial" con exenciones y estímulos.

Una reforma a la ley, como la planteaba la Comisión de Desarrollo Social de la ALDF, propiciará que grupos de poder económico incrementen su influencia política, como ocurría hasta que en 1998 salieron del órgano el ex titular de la JAP, Víctor García Lizama y su grupo de allegados.

En el caso de la asamblea general de la Cruz Roja, González Schmal apuntó que los asociados patrocinadores, que son quienes contribuyen anualmente con una cuota significativa, son privilegiados en su presencia en comparación a los asociados voluntarios, que prestan los servicios directamente al usuario.